El camino de la justicia por los crímenes de la última dictadura cívico-militar ha sido largo y ha tenido avances y retrocesos. Hoy se dio un paso atrás en el de la justicia para Victorio José Ramón Erbetta, secuestrado y desaparecido en 1976 en Paraná.

El juez federal Daniel Edgardo Alonso absolvió a Emilio Romero, el ex policía federal que estaba acusado como encubridor del homicidio agravado de Coco Erbetta, junto con otros ex integrantes de la fuerza, acaecido el 24 de octubre de 1976. Romero no estuvo presente en la audiencia pero recibió la noticia de su defensor, Humberto Franchi.

Erbetta fue secuestrado el 13 de agosto de 1976 de la Facultad de Ingeniería Electromecánica de la Universidad Católica Argentina de Paraná, donde actualmente funciona la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER.

Un testigo dijo que alrededor de las ocho de la noche se presentaron tres personas y reconoció al ex policía federal Cosme Ignacio Marino Demonte, que vestía saco azul y pantalón gris; otro era un hombre de unos 45 años, que llevaba un ambo de color beige; y el otro llevaba saco y corbata. Según dijo, los policías se entrevistaron con el ingeniero Carlos Demiryi, secretario académico de la facultad, y pidieron por Erbetta. La secretaria Marta Escalada salió a buscarlo y, tras preguntar a varios estudiantes, lo encontró en la cantina. Una vez en la oficina, lo pusieron contra la pared y palparon de armas. Luego lo sacaron por donde habían entrado, lo subieron a un patrullero y partieron por calle Gualeguay (actualmente Illia) hacia calle 25 de Mayo.

De acuerdo con la reconstrucción que se ha hecho en estos años, Erbetta pasó unas horas en la sede de la Policía Federal y al otro día fue trasladado al Escuadrón de Comunicaciones del Ejército.

Ex detenidos políticos aseguran que Erbetta fue torturado hasta la muerte en los calabozos del centro clandestino de detención. Algunos de ellos aseguran haber visto a través de los agujeros de las puertas de las celdas que durante la noche del 22 de agosto los carceleros sacaban un cuerpo sobre una camilla.

Erbetta permanece desaparecido desde el 24 de agosto de 1976. Demonte, ex policía federal, fue condenado a prisión perpetua por el secuestro; mientras que el ex militar Jorge Humberto Appiani, a quien las víctimas ubican durante los interrogatorios a los que eran sometidos en los centros clandestinos de detención y tortura y durante la organización de los consejos de guerra, recibió una pena de veinte años de prisión por la privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos de Erbetta.

 

El simulacro de fuga como método de desaparición

El juez Alonso dio por probado que integrantes de la Policía Federal encubrieron la muerte de Erbetta y que presentaron los hechos como si hubieran ocurrido en un intento de fuga, acaecido el 24 de agosto, “con el propósito de ocultar las verdaderas causas y circunstancias de su muerte”. Pero absolvió a Romero por el beneficio de la duda.

Antes se había decretado la extinción de la acción penal respecto de Jorge Vicente Strack y Oscar Luis Rivarola, otros dos policías federales que estaban sospechados de haber intervenido en el secuestro de Erbetta.

El entonces oficial inspector Emilio Romero nació en la capital entrerriana y prestó servicios en la Delegación Paraná de la Policía Federal entre 1971 y 1977. En su legajo policial consta un dato revelador: el 22 de septiembre de 1976 fue reconocido por “la eficiencia, entusiasmo y espíritu de sacrificio evidenciado por el causante y demás personal, especialmente en lo referente a la detección y desarticulación de las OPM”. Menos de un mes después del homicidio de Erbetta, militante de la Organización Montoneros, Romero recibió una felicitación por su tarea durante la represión ilegal. El premio le llegó el 31 de diciembre de 1976, cuando fue ascendido al cargo de principal, y unos días después fue trasladado a Capital Federal.

Un testigo había dicho en el año 2003 que Romero “prestaba servicios en la guardia, aunque también él fue el que supuestamente hizo el traslado de Erbetta de Comunicaciones a la Delegación”, junto con Strack y Rivarola. El dato también se había publicado en El Diario el 10 de septiembre de 1976. Se trata de José María Zaragoza, un ex policía federal cuyo testimonio había sido objetado por la defensa, que incluso llegó a pedir que se realice una pericia psicológica para determinar si estaba apto para declarar en el juicio. Sin embargo, en el debate Zaragoza desvinculó a Romero y sostuvo que en el simulacro de fuga “participaron los miembros del ‘batallón selecto’ o ‘grupo selecto’”, entre quienes mencionó a Osvaldo Luis Conde, Fermín Regner, Strack y Rivarola, que integraban el área de inteligencia de la fuerza; todos fallecidos.

El 24 de agosto de 1976, cerca de las nueve de la noche, tres detenidos dijeron haber sido sacados de los calabozos con los ojos vendados con cinta plástica y las manos atadas con alambres. Luis Alberto D’Elía e Hipólito Luis Muñoz fueron subidos en un furgón que conducía Romero, según él mismo lo reconoció ante la instrucción militar; mientras que Julia Raquel Leones fue cargada en un Ford Falcon con otra persona que le dijeron que era Erbetta y al mando del comisario Conde. Los habían recibido, según dijo Romero, “en la zona de cuarteles de autoridad militar” Los secuestrados refieren que dieron vueltas durante varios minutos y Julia cuenta que en un momento, la persona que iba a su lado cayó del vehículo.

Romero nunca declaró ante la justicia federal. Pero el 19 de febrero de 1986 lo hizo como “testigo” ante un juez de instrucción militar. En esa ocasión dijo que “en una oportunidad, en uno de los traslados se escapó un detenido de uno de los vehículos en que era conducido, lo cual motivó una persecución y se realizaron algunos disparos de armas de fuego”. También dijo que él iba en el otro vehículo y que permaneció dentro del automóvil “como medida de seguridad” para los otros secuestrados.

El policía dijo entonces no recordar los detalles ni los nombres de quienes participaron del operativo, y solo mencionó el nombre de Conde. Pero sí se acordaba de que en un momento “se detuvo la marcha de la comisión de traslado, circunstancia que fue aprovechada por el detenido para escapar” y creía que la “detención” del vehículo se produjo “por el cruce de un vehículo, que bien pudo ser intencional, circunstancia esta corroborada por el hecho de que el detenido se dio a la fuga y no pudo ser localizado en las inmediaciones del lugar, próximo al cruce de vías”. Erbetta está desaparecido, pero Romero sugirió en 1986 que alguien había facilitado su fuga.

La pregunta entonces del juez de instrucción militar fue cómo hizo para fugarse un prisionero estando esposado, y la respuesta, ensayada y calcada a la que dieron otros represores fue que “el hecho de hallarse esposado con las manos hacia adelante no impide a los detenidos correr o movilizarse”.

El juez Alonso le dio la razón al defensor en ese punto, al señalar que “el único elemento probatorio que sindica a Romero en el lugar del hecho y, por tanto, da cuenta de la intervención del nombrado en el suceso que se le atribuye se encuentra viciado por violar la garantía contra la autoincriminación”. Por eso, agregó, “corresponde absolver al nombrado”.

 

 

(Informe de Juan Cruz Varela, para Página Judicial)

Fuente: Página Política