La demanda por cuota alimentaria que lleva adelante una mujer y la supuesta autoasignación de viáticos fueron dos de las razones que los llevó a pedir el juicio político.
El miembro informante del FpV fue el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político, Diego Lara, que fundamentó que el artículo 140 de la Constitución provincial establece que la denuncia debe establecer los hechos con “precisión”, pero tal requisito no se cumple porque la denuncia es “confusa e imprecisa”. A su vez, sostuvo que los supuestos hechos pertenecen a “la esfera privada” y no afectan la función pública del denunciado Chiara Díaz porque “no tienen trascendencia social”. Y agregó que “ni siquiera hay sentencia firme” en la demanda por la cuota alimentaria.
Luego hizo referencia al “rechazo in límine” por el que se desestima la denuncia y mencionó otros casos en los que se utilizó este procedimiento.
También el diputado Lara afirmó que la Constitución “faculta a la comisión legislativa a investigar, no la obliga”.
“No estamos dispuestos a iniciar un marco de investigación por una denuncia que carece de asidero y que además atenta contra el principio de inocencia”, finalizó.
Luego tomó la palabra el diputado de Cambiemos, Jorge Monge, que se refirió al procedimiento de juicio político como “un control horizontal” y “un ejercicio indirecto de soberanía popular”.
El legislador cuestionó la utilización de la figura de “rechazo in límine” del dictamen de mayoría y aseguró que el hecho de que la Constitución “no marque que esté prohibido, no implica que esté permitido”.
Luego dijo que la Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político “tiene por objeto investigar” y consideró que “lo correcto es hacer lugar a las medidas de prueba”.
Finalmente citó al abogado constitucionalista Raúl Barrandeguy: “Un juez debe caracterizarse por la ejemplaridad de su conducta”.
Después tomó la palabra Gustavo Zavallo (Frente Renovador), cuyo dictamen también rechazaba el juicio político, quien sostuvo que “la denuncia no demuestra que los hechos afectaron su accionar como juez (el de Chiara Díaz)”, por lo que la misma “se debe desestimar”.
Más tarde pidió la palabra la diputada María Alejandra Viola (Cambiemos), quien arrancó marcando “el error de análisis” del dictamen del FpV al querer “ponerse en los zapatos del denunciado”.
“Si tenemos un estricto apego a la ley tenemos que investigar”, aseveró, y rechazó el argumento del FpV de que darle luz verde al juicio político implicaría afectar el principio de inocencia de Chiara Díaz: “Justamente queremos que se realice esa defensa. Tenemos todas las herramientas para investigar y no hacerlo significa no otorgar el derecho a la defensa”.
Finalmente tomó la palabra la diputada Rosario Romero (FpV), quien fundamentó las razones por las que el dictamen dice “rechazo in límine” y cuestionó las inconsistencias de la denuncia: “Son todos dichos vagos e imprecisos que no satisfacen los requisitos mínimos para provocar la motorización de una investigación”.
Luego se puso a consideración el dictamen de mayoría, que finalmente fue aprobado y de este modo se rechazó el pedido de juicio político al Vocal del Superior Tribunal de Justicia.
