Promesa de todos los gobiernos, desde 1983 a la fecha, el Régimen Jurídico Básico ganó verdadero peso como norma sólo cuando lo consagró la Constitución Provincial. No lo nombra de ese modo pero, en el artículo 36°, se consagró el mecanismo del concurso para el ingreso y el ascenso a la planta del Estado, así como también se ordenó en el artículo 82°, al Estado provincial, el dictado de un marco regulatorio general para el empleo público.
Hasta ahora no se ha cumplido y este martes, como ya es tradición, los ministros de Economía, Hugo Ballay; y de Gobierno, Rosario Romero, han convocado a los gremios estatales para negociar pases a planta y recategorizaciones.
Promesas y expectativas
Oscar Muntes, secretario General de ATE, está saliendo del gremio para llegar a horario a la reunión con los funcionarios, incluidos el titular de Trabajo, Oscar Balla. “Se acordó en paritarias avanzar de una vez con la reglamentación del Régimen Jurídico Básico. Sólo así se puede echar por tierra la propuesta del bloque de Cambiemos de hacer un censo biométrico. Quieren saber qué hace cada trabajador, qué función cumple, dónde está”, afirmó el dirigente en diálogo con Página Política.
“No tenemos ningún inconveniente con ese proyecto. Pero todo el esfuerzo que ponen en perseguir a los trabajadores, podrían ponerlo en dictar esa reglamentación que nunca se dicta y que fije las reglas claras para que sepan, después, cómo ingresamos, cómo ascendemos, qué derechos tenemos”, se quejó Muntes.
Recuerda que el Régimen Jurídico fue planteado como objetivo de su gestión por el gobernador Gustavo Bordet y dice esperar que esta vez se cumpla. “Ni bien asumió, acordamos en la primera reunión que tuvimos que se iba a avanzar. Lo planteó como definición política, dijo que quería terminar su mandato con el Régimen Jurídico reglamentado, dando previsibilidad a la administración pública. Después se fue dilatando”, lamentó el titular de ATE que estimó que “si hay voluntad política, en un mes se puede reglamentar, actualizar lo que haga falta como por ejemplo el escalafón que ha quedado viejo”.
“No haría falta que ahora vayamos a discutir los pases a planta. Si estuviera en vigencia, ya sabríamos todos las reglas de juego, como los compañeros docentes que cuando ingresan ya saben cuándo ascienden, como son los concursos. Todos lo prometieron, todos incumplieron”, resumió Muntes que volvió a impugnar la iniciativa del diputado Esteban Vitor, con la firma de algunos integrantes del bloque de Cambiemos: “Quieren contarle las costillas a los estatales. Quieren decir que sobran empleados. El Régimen Jurídico Básico es la alternativa a todos estos proyectos”, insistió.
¿Qué propone Vitor?
El diputado del PRO, Esteban Vitor, remarcó el problema planteado en la actualidad: “El ministro Ballay asegura que hay 63 mil trabajadores en la planta del Estado. Pero hay 91.300 liquidaciones. Me explica el ministro que esto no quiere decir que esa sea la cantidad de empleados porque hay docentes que tienen tres recibos por ejemplo por cada establecimiento en el que trabajan”, ejemplificó en entrevista con este portal.
Dijo que le comentó el proyecto al secretario Adjunto de ATE, Francisco Garcilazo, y precisó que la iniciativa ya tuvo ingreso y está en estudio en la Comisión de Legislación Agraria, del Trabajo y Producción y Economías Regionales.
Descartó de plano que su propuesta apunte a generar despidos. Del texto del proyecto no surge, en efecto, algún punto que trasunte esta meta así como tampoco se asocia a ese censo la definición de medidas respecto de cada agente del Estado en particular.
En cambio, se expresa el objetivo de recabar información para la definición de pautas generales en materia de empleo público en función de la detección de “índices de eficiencia productiva, ausentismo, accidentes de trabajo, temporalidad, movilidad interna”, así como también necesidades del personal, demandas de capacitación, evaluación de políticas de incentivo, evaluación del desempeño de la planta actual y la definición de un sistema de calificación del personal. Sugiere que puedan plantearse, a futuro, propuestas de algún tipo de “régimen de jubilación anticipada”.
El proyecto, en su artículo 4°, encomienda a la Dirección General de Recursos Humanos el análisis de la información surgida del censo y su actualización anual. Se le impone la elaboración de un informe para elevar al ministerio de Gobierno.
El órgano de aplicación de la ley sería el Ministerio de Gobierno que debe garantizar la confidencialidad de la información recabada cuya utilización estará prohibida cuando tenga fin distinto a los objetivos planteados por la ley.
Marco político
Vitor enmarca su proyecto en la perspectiva de “modernización del Estado” en pos de “mayor eficiencia”. “El valor del capital humano para el cumplimiento de un plan estratégico estatal es un factor clave. (…). Si buscamos realmente la modernización del Estado es imprescindible implementar y optimizar cada vez más dicho sistema, evitando tareas repetitivas, pérdida de tiempo laboral, ausentismo laboral, etc. Es aquí donde los datos biométricos toman importancia”, argumenta en los fundamentos del proyecto en estudio que, asegura el diputado, apunta “no sólo al control sino también a la obtención de información para el logro de mayor eficiencia y productividad”.
“Periódicamente se discuten pautas para lograr una recomposición salarial en relación con los índices inflacionarios pasados y proyectados –advierte Vitor- pero poco se analiza y discute la necesidad de establecer reglas de juego claras para los agentes estatales abocados a su desarrollo laboral dentro de la administración pública”.
El proyecto ya está en marcha, con las firmas en coautoría de los diputados del PRO, Ayelén Acosta, Martín Anguiano, Joaquín La Madrid, y los radicales Jorge Monge, Gabriela Lena y María Alejandra Viola.
