La Ley Orgánica de los Municipios, Nº 10.027, puso a andar la autonomía consagrada por la Constitución provincial reformada en 2008. La puesta en práctica de este principio supuso un cambio contundente a las reglas con que se regían los gobiernos locales con la Carta Magna en su redacción anterior, de 1933.
La Convención de 2008 abrió otra puerta para normar la dinámica de los municipios, al habilitar la posibilidad de que se dicten sus propias cartas orgánicas. Pero hasta el momento, después de 14 años de vigencia de la Constitución reformada, no hay un solo distrito en que la política y las instituciones hayan encontrado espacio para esta posibilidad.
Así las cosas, la última palabra está allí, en la Ley 10.027, que en su artículo 1º dispone que su alcance es en los municipios impedidos de dictar su estatuto (los que tienen menos de 10 mil habitantes) y en “los municipios que no hayan dictado sus propias cartas orgánicas estando habilitados para hacerlo por el artículo 231 de la Constitución provincial”.
Desde entonces, han ido surgiendo observaciones a la ley, incongruencias, vacíos legales, reglamentaciones de escaso peso que complican la gestión, un régimen de incompatibilidades que abrió interpretaciones encontradas, normativas generales de difícil cumplimiento en municipios muy disímiles en cantidad de habitantes, presupuesto, estructura estatal.
Agenda
Los viceintendentes de distintos partidos políticos han consolidado una red institucional que tuvo hace unos días su tercer encuentro en Colón. Más allá de debates de política electoral (la reelección de los viceintendentes, entre otros asuntos), la agenda del espacio está centrada especialmente en esta reforma a la Ley Orgánica de Municipios.
Por mencionar algunos asuntos de interés para los concejos deliberantes, puede afirmarse que, por ejemplo, la ausencia breve del intendente y del viceintendente, y las disposiciones previstas por la ley en esos casos, puede derivar en situaciones de acefalía. O que hay requisitos que se ameritan innecesarios para la confección del registro cívico de extranjeros que votan en la ciudad.
Hubo interpretaciones diversas respecto de las incompatibilidades y las inhabilidades para ser intendente, viceintendente y concejal. Por estos días, en Gilbert, se plantea la situación del intendente Ángel Constantino que permanece en su cargo denunciado por tres mujeres por abuso sexual. El Concejo ha fijado posición en favor de que el dirigente pida licencia mientras tramita la causa. Pero Constantino no atendió a ese planteo ni a las manifestaciones en su pueblo. El caso no está contemplado entre las causales para separar a un presidente municipal. ¿Eso debiera ser motivo del debate de esta reforma de la ley o no?
Hay miradas encontradas para producir los reemplazos en una banca en el Concejo. Por ejemplo, ¿debe reemplazarse al edil que deja el puesto por el suplente que sigue en la lista o por el suplente del mismo género para sostener la equidad? El debate se ha planteado por estos días en Nogoyá.
También se considera inconveniente un artículo que prevé que la prórroga de sesiones ordinarias, o la convocatoria a extraordinarias, debe realizarse a través de una ordenanza que incluye un temario. Luego, no hay modo de ingresar otro tema que amerite su debate en el Concejo lo que, concretamente, supone la imposibilidad de atender imprevistos que ameriten la intervención del legislativo durante toda la temporada estival.
Depurar y reunir
El diputado Leonardo Silva, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales y Comunales de la Cámara baja, afirma que hoy tienen estado parlamentario alrededor de 70 proyectos que refieren a algún tipo de reforma a la 10.027.
“El año pasado fuimos reuniendo todo lo que había, proyectos del período anterior que aún tenían estado parlamentario, proyectos en el Senado y en Diputados”, repasó el legislador en diálogo con Página Política.
“Aspiramos a llegar a un consenso y unificar en un dictamen único que sea contundente”, dijo Silva, quien fuera intendente de un municipio pequeño, Aldea San Antonio (departamento Gualeguaychú) en dos períodos, entre 2011 y 2019.
La comisión a su cargo integra a legisladores de la oposición con los que se espera fácilmente arribar a un acuerdo. A la vez, se coordina con la comisión “hermana” en el Senado, a cargo de Adrián Fuertes, a fines de lograr un tratamiento de un proyecto sin demasiados escollos.
“Estamos abriendo el debate en la comisión, a los diputados que pertenezcan o no a Asuntos Municipales, a asesores, a los senadores interesados. Queremos llegar a fin de año con un dictamen de la comisión consensuado”, expresó el legislador que puso en valor que el ámbito de discusión integra a legisladores que son conocedores del tema: “Hay exintendentes, exconcejales, hay diputados que han sido secretarios de gobierno; hay mucha experiencia en municipios de distintas fuerzas políticas y de distintas realidades”, resumió.
La comisión está convocada, nuevamente, para el jueves. Está integrada por Uriel Brupbacher; Vanesa Castillo; Juan Pablo Cosso; Mariana Farfán; José Kramer; Julian Maneiro; Silvia Nené Moreno; y Jorge Satto.
Fuente: Página Política
