Domingo lluvioso y con anuncio de bajas temperaturas. Jornada especial para comprar pochoclos y seguir la novela en torno a la denuncia del procurador y procuradora adjunta, Jorge García y Cecilia Goyeneche, en el Jurado de Enjuiciamiento.
El abogado Enrique Pita, patrocinante Goyeneche, le respondió a los vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que integran el instituto que debe resolver y el viernes pasado emitieron un comunicado en el que denunciaron maniobras “mediáticas y corporativas”.
Pita consideró “imprescindibles” y “preocupante” que “los integrantes de un órgano colegiado de juzgamiento, emitan anticipadamente declaraciones y manifestaciones sobre la causa cuando esta se encuentra en trámite, incluso en su etapa inicial”. “La independencia e imparcialidad que se pretende de ese órgano y de sus integrantes parece incompatible con manifestaciones públicas como las que ahora nos ocupan, circunstancias que ameritan eventualmente su recusación en la instancia procesal oportuna”, advirtió.
Y agregó: “Pretenden dirigir un mensaje tranquilizador a la sociedad en el sentido que –si se adopta la decisión de suspender a los funcionarios denunciados- existen herramientas legales destinadas a proveer a su reemplazo en las causas de corrupción donde intervienen o han intervenido. Estas manifestaciones no pueden sino causar especial inquietud a los denunciados –entre ellos mi patrocinada- pues la entrelínea permitiría suponer que esa es la solución que se propiciaría por el Jurado de Enjuiciamiento y que ella sería eventualmente compartida por los señores vocales”.
Sobre las supuestas “operaciones mediáticas carentes de objetividad y veracidad”, Pita sostuvo que “más que preocuparse por supuestas operaciones mediáticas, los Sres. Vocales integrantes del Jury deberían procurar resguardar la privacidad y reserva de los votos emitidos, cuyo conocimiento público anticipado ha generado su previsible réplica social, mediática e institucional”.
“Si el resultado final de la votación del Jury se corresponde a lo que se anticipó periodísticamente, no se trataría de una “operación mediática”, como se señala, sino de información veraz y debidamente verificada”, aclaró. Y añadió: “No se individualizan las corporaciones a las que se alude, es dable presumir que se refieren a declaraciones –o propuestas de declaración- emanadas de diferentes colectivos, representativos de los fiscales y de los magistrados. Los señores vocales deberán tomar debida nota que las instituciones a que se hace mención –peyorativamente calificadas como ‘corporativas’- no han hecho otra cosa que cumplir con sus fines institucionales, consistentes en garantizar la independencia del Poder Judicial y evitar el uso desviado del mecanismo de remoción y sanción de jueces y fiscales”.
“Sería pecar de ingenuidad analizar la denuncia promovida contra el procurador General y la procuradora Adjunta aisladamente y no el contexto que le proporciona la causa a la que la misma refiere. Se trata de la investigación de una presunta organización criminal, que habría operado durante más de 10 años, en la que habrían intervenido altos funcionarios del Estado. La minuciosa y extensa remisión de la causa a juicio ilustra adecuadamente al respecto y permite así verificar la trascendencia y gravedad de los hechos imputados, realidad subyacente que resulta de ineludible análisis a la hora apreciar –con sentido de integridad y contextualidad- el enjuiciamiento al que ahora son sometidos los fiscales denunciados”, concluyó.
Carta a Juntos por el Cambio
Los abogados denunciantes de García y Goyeneche, Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, emitieron también un comunicado al conocerse el posicionamiento de Juntos por el Cambio, encabezado por Rogelio Frigerio.
A continuación el texto:
No entregamos convicciones en nombre de las conveniencias
Lamentamos en el alma que nuestros correligionarios radicales no nos interpreten y que incluso algunos de ellos duden de las reales y auténticas motivaciones que tuvimos para solicitar la formación de Jury de Enjuiciamiento a los doctores Jorge Amílcar Luciano García y Cecilia Andrea Goyeneche, procurador general y procuradora adjunta, respectivamente.
Trataremos de ser breves y precisos, en función de aclarar debida y satisfactoriamente el panorama a propios y extraños, en especial a aquellos que actúan de buena fe, que no son todos los firmantes de la declaración suscripta por los integrantes de Juntos por el Cambio, pues algunos de ellos, en especial los que responden al partido del ex presidente Mauricio Macri, que aprovechan con miserable actitud ramplona una pequeña beta para hacer oposición por lo bajo contra el partido de gobierno, pero que cuando tuvieron la posibilidad de jugar claramente contra concretos actos de corrupción, miraban para otro lado, cuando no, trataban de obturar por todos los medios que ciertas denuncias encontraran eco favorable en el servicio de justicia, como sucedió con los casos de la mega obra del cierre norte gasífero y eléctrico y el vinculado a planes de vivienda con fondos del gobierno nacional, ambas firmadas en conjunto con el ex senador provincial Raymundo Kisser, ejemplo de honestidad, valentía y compromiso ético republicano.
La verdad sea dicha, nos llama poderosamente la atención la firma de algunos de los legisladores de JxC, que no sólo nos conocen perfectamente, sino que nos han encargado investigaciones de supuestos actos de corrupción, pidiéndonos asesoramiento puntual sobre ellos.
Vayamos al grano en lo que nos interesa.
A la procuradora adjunta y a la par Fiscal Anticorrupción de Entre Ríos, doctora Cecilia Andrea Goyeneche, la denunciamos ante el Jury por tres causales concretas y sobradamente probadas: a) Mal desempeño; b) Graves desórdenes de conducta y c) incumplimientos funcionales, todos ellos, en algunos casos, rayanos con conductas delictivas. La Procuradora Adjunta es o fue socia no en uno sino en dos (2) inmuebles con el contador Pedro Opromolla, uno de los imputados en la causa de los contratos truchos de la legislatura, sobre lo que primero guardó ominoso silencio, para luego negarlo expresa y enfáticamente en ocasión de llevarse a cabo una audiencia pública ante la Jueza del Tribunal de Juicios y Apelaciones, doctora María Carolina Castagno, donde se discutían las prisiones preventivas de dos de los imputados en la megacausa de los contratos apócrifos, bajo la estridente frase “es falso su señoría”, pronunciada con inusitada soberbia por la Dra. Goyeneche ante la mención que de dicha situación de absoluta incompatibilidad había hecho uno de los abogados defensores de la causa.
Tiempo después, a raíz de prueba producida por los demás fiscales de la causa, colegas de la denunciada, doctores Ignacio Arramberry y Patricia Yedro, sale a la luz, que no era uno sino dos los inmuebles que la iracunda Fiscal Anticorrupción Goyeneche compartía con el contador Pedro Opromolla, quien además, era amigo íntimo y socio en el estudio contable con el cónyuge de Goyeneche, el contador Sebastián Orlando Bertozzi, sobre lo cual también guardó absoluto y encubridor silencio.
En la actualidad, hay por lo menos tres imputados en esa causa que compartieron el estudio contable con el cónyuge de la Fiscal Anticorrupción, lo que le generaba a la doctora Goyeneche una ostensible y absoluta incompatibilidad funcional con la causa, a partir de lo cual debióse apartar motu proprio, actitud esperable de un funcionario probo y ético, que sin embargo ella estuvo muy lejos de concretar.
Como si todo ello fuera poco, en un tramo de la causa en la que se toma declaración testimonial a un cadete o moto mandado citado en la causa “Contratos Truchos”, la doctora Goyeneche llevó adelante el interrogatorio, y en un momento determinado, ante una pregunta suya el testigo da cuenta de todos los que integraban el estudio contable donde se llevaban adelante ciertas operaciones tributarias vinculadas a las contrataciones truchas, y entre las personas que nombra estaba el contador Sebastián Orlando Bertozzi, respuesta que despierta una incontenible furia de la Fiscal Anticorrupción y, tras cartón le pregunta, si alguien le había indicado que diera ese nombre, respondiendo que nadie y que lo hizo en respuesta a su pregunta y nada más, ante lo cual Goyeneche desencajada, de malas maneras, con inusual grosería y mucha violencia, le requiere al cadete que describa físicamente al contador Orlando Bertozzi, lo que hace el testigo sin dudar y con exactitud descriptiva irreprochable. Todo ello bastó, para que al día siguiente Goyeneche, con inexcusable abuso y desviación de poder, disponga el allanamiento de la vivienda del testigo y se proceda al secuestro de su teléfono celular.
Lo del procurador Jorge García no le va en saga, porque no sólo nada hizo ante tamañas irregularidades y graves desórdenes de conducta de su subordinada, sino que la encubrió desfachatadamente con actitud cómplice y negadora, cuando lo que hubiera correspondido, al menos eso hubiera hecho un funcionario digno y con apego a la ley, es haber dispuesto de inmediato la separación de esta causa de la mendaz y abusadora Fiscal Anticorrupción.
A la par, en esto sí es responsable mayormente el Jefe de los Fiscales Provinciales, a fin de continuar su inveterada e inalterable práctica de dar cobertura e impunidad a determinados personajes del poder, decidió enarbolar una alocada y deletérea tesis de escindir esta causa y dividirla en una suerte de capítulos, con lo cual anuncia en los medios de difusión masiva, que en el primer tramo de la causa contratos truchos, sólo serían sometidos a juicio los niveles administrativos de la asociación delictiva, con lo cual en esta instancia quedarían excluidos los funcionarios de mayor responsabilidad política y administrativa, es decir, los vicegobernadores, presidentes de la Cámara de Diputados y legisladores de los períodos investigados, es decir, 2008/2018, lo cual de inmediato recibió una dura crítica desde distintos sectores, y por supuesto que los firmantes de esta nota fuimos unos de esos tantos disconformes que hicimos nuestra cerril oposición a través de declaraciones en los medios o firmando artículos o columnas de opinión y siempre con la esperanza, peregrina por cierto, de que se reviera esta desopilante postura del doctor Jorge García, sobre todo conociendo al tiempista y acomodaticio procurador Jorge García, un dilecto alumno del fallecido ex juez federal Norberto Oyaharbide.
Todas estas cuestiones sumariamente descriptas, dieron pábulo con creces y sobradas pruebas, a nuestro pedido de Jury de Enjuiciamiento a los doctores García y Goyeneche. No ha existido, ni por asomo, ninguna otra intención que no sea que a través de un instituto legislado en nuestra Constitución Provincial, se investigue, juzgue y eventualmente condene a dos altos funcionarios que han incurrido en graves causales para su destitución.
Debemos mencionar, para ser más claros aún y para despabilar a unos cuantos dormidos e informar a muchos que lo ignoran, que los autores de esta nota venimos de modo ininterrumpido, sin detentar cargos públicos de ninguna naturaleza ni contar con fueros o privilegios constitucionales, llevando adelante una batalla sin cuartel contra la corrupción y las mafias en esta provincia y, en ese derrotero que continuaremos recorriendo desde nuestras más profundas convicciones cívicas, hemos formulado todas las denuncias por hechos de corrupción administrativa, hechos que son de notorio y público conocimiento.
En especial, si hoy está siendo juzgado el ex gobernador Sergio Urribarri, no es por iniciativa de Jorge García, Cecilia Goyeneche o denuncia de ninguno de los legisladores firmantes, sino por las varias presentadas por los suscriptos en la justicia entrerriana, las que no han estado exentas de altos costos para sus autores, como por caso el alevoso atentado sufrido en el estudio jurídico de Rubén Pagliotto luego de la denuncia contra el ex gobernador, hecho gravísimo que trato la Procuración General con cierta parte de la Policía de Entre Ríos de minimizar, incluso de hacer aparecer el suceso como un auto atentado, lo que fue afortunadamente desechado por los resultados arrojados por las pericias oficiales efectuadas por la Policía Científica de la Provincia de Córdoba y luego por el cuerpo de Peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Para ser más precisos: hemos denunciado en su oportunidad a Urribarri y también, pero por otros motivos, a quienes tienen la obligación funcional de investigarlo.
Algún día, quizás no en mucho tiempo más, los entrerrianos y entrerrianas sabrán la verdad, toda la verdad, y sobre todo tomarán debida nota de que el procurador general Jorge Amílcar Luciano García fue el garante de la impunidad en esta provincia, y tenemos sobradas pruebas para ello. Hemos echado manos legal y legítimamente a un instituto previsto por nuestra ley fundamental, denunciando a los procuradores García y Goyeneche, solicitando formación de causa ante el Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia de Entre Ríos, ante la existencia de causales para ello.
El juicio por varias causas (cinco en total) por las que en estos días están siendo juzgados varios funcionarios y empresarios, entre ellos el ex gobernador y actual embajador en Israel y Chipre, en modo alguno podrían resentirse por el juzgamiento y eventual destitución de la Procuradora Cecilia Goyeneche, toda vez que participan junto a ella tres fiscales más, como la doctora Patricia Yedro y los doctores Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull, quienes además son los que llevaron adelante todas las investigaciones previas y tienen el mayor y más acabado conocimiento de las mismas. Valga esta aclaración para los preocupados y celosos legisladores de la oposición, a quienes parecería develarlos que algún extraviado árbol pueda tapar el bosque.
En modo alguno tampoco este pedido de jury puede ser considerado un obstáculo para ningún fiscal y magistrado en sus específicas funciones, ni mucho menos puede leerse como un soterrado mensaje de advertencia contra funcionarios judiciales que investigan hechos de corrupción y a funcionarios venales.- Solamente pueden interpretarlo así, quienes no nos conocen o quienes en realidad protegen a García y Goyeneche, porque tampoco los conocen.
Creemos que a esta altura de la soirée, no deberíamos estar demostrando quiénes somos, qué intereses defendemos y objetivos perseguimos con nuestras denuncias, lamentando profundamente, no exentos de dolor y cansancio moral, que algunos correligionarios y amigos, que muy bien nos conocen y después de haber dado tantas y duras batallas contra las mafias en el poder, pongan siquiera en duda nuestras sanas y republicanas acciones, siempre direccionadas a garantizar transparencia, el monopolio de la ética pública, el cumplimiento irrestricto de las nomas y la igualdad ante la ley.- Sólo eso, pero todo eso.
Todo lo hemos hecho de buena fe e inspirados en ideales, principios y convicciones y, nos vaya bien o mal, el tiempo dirá, no habremos de sacrificarlos en nombre de conveniencias propias o ajenas. Eso sería traicionar y traicionarnos y no estamos dispuestos a renunciar a nada y menos aún a hacer lo que se debe. Desde muy jóvenes, hemos aprendido e internalizado principios y valores pétreos en nuestra querida Unión Cívica Radical. Valores y principios que nos han marcado a fuego, como aquella máxima de don Hipólito Yrigoyen que dice: “Cuando la vida se funde en una aspiración suprema de justicia, de derecho, de honor y de verdad, hacia los cuales nos llevan los impulsos generosos de nuestra propia alma, no sólo debemos resguardarnos de todo aquello que pudiera desvirtuarnos y empequeñecernos, sino que debemos transformarnos en apóstoles incorruptibles de tan nobles aspiraciones”.
Fuente: Página Política
