Lo habían dejado trascender en algunos ámbitos. Este viernes se materializó. La dupla que denunció hace unos años a Sergio Urribarri y compañía por corrupción, ahora apuntó los cañones a lo que entienden como “corrupción judicial”. Los destinatarios son los jefes del Ministerio Público Fiscal: el procurador Jorge García y su adjunta Cecilia Goyeneche.
Los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet denunciaron en el Jurado de Enjuiciamiento a los funcionarios judiciales por su accionar y conducta en la causa que se conoce como contratos truchos. Una de las causales es la misma que aparece en la petición que hizo hace dos semanas el abogado Guillermo Reggiardo, quien se cargó al vocal Carlos Chiara Díaz.
El hilo conductor es la relación comercial entre Goyeneche y el contador imputado Pedro Opromolla, que tuvo como desenlace el apartamiento forzoso de la funcionaria judicial de la investigación cuando se reveló que no era una propiedad, sino dos las que compartía con el integrante de Asesoría Integral, el buffet que prestaba servicios a la asociación ilícita que se investiga y que tenía a Goyeneche como coordinadora de esa pesquisa que indaga sobre un desfalco de algo más de mil millones de pesos en el seno de la Legislatura durante el período 2008-2018.
Pagliotto y Mulet no solo apuntan a esa relación entre Goyeneche y Opromolla que quedó al descubierto cuando los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry avanzaron con los embargos de todos los imputados, sino que los denunciantes se metieron en lo que fue el devenir de la causa y la manera en que -según ellos- la procuradora adjunta actuó para salvar a su socio y a su esposo, Sebastián Orlando, nombrado en una de las audiencias por un cadete que trabajaba para el estudio contable en cuestión. Ver el video de esa audiencia produce escalofríos por la manera en que se ataca al testigo que, luego, fue allanado. No apto para un defensor de la república.
Los denunciantes se preguntan lo que observadores de la trama de esta causa y un sector de la prensa ponen la lupa: ¿cómo es posible que el legajo no tenga una sola autoridad política imputada? Peor aún luego de que se conociera la ampliación indagatoria del imputado Sergio Cardoso dos días antes que se solicite la elevación al juicio en la que afirma que eran los diputados quienes decidían a quién, cómo y por cuanto se contrataba. Cardoso no es un imputado del montón, es quien conducía la estructura administrativa de una de las cámaras.
¿Por qué cae García en esta denuncia? Los denunciantes, en su larga presentación, dan cuenta de que su segunda lo puso en conocimiento sobre el episodio (relación comercial) que denunciaron los abogados defensores y éste le dijo que no había incompatibilidad, lo que le permitió seguir adelante con la causa. Luego, como se dijo, cuando se conoció que eran dos las propiedades dio un paso al costad.
En la petición Pagliotto y Mulet solicitan que en caso de que existiera alguna sospecha de un acto delictivo se inicie una investigación.
El Jurado de Enjuiciamiento de Entre Ríos lo integran el senador provincial Armando Gay (PJ); los vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Martín Carbonell, Daniel Omar Carubia y Claudia Miazawak; el diputado provincial Gustavo Zavallo (PJ); y, por el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, Luis María Campos y Sonia Rondoni.
Fuente: Página Política
