Un pedido de acceso de información pública que interpuso el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos al Iosper presume un incremento en la tensión entre estas dos instituciones. 

Es interesante observar este conflicto por los componentes que tiene y los actores que forman parte de la trama. Estamos hablando de la obra social provincial, el gremio de abogados, el inconmensurable número de litigios en la Justicia por parte de afiliados y un agujero negro para las arcas del Iosper. 

El 24 de julio, Página Judicial publicó un informe donde se daba cuenta que en 2023 a la obra social se le habían escurrido 198 millones de pesos en concepto de honorarios por prestaciones que se resolvieron en los tribunales.

La respuesta llegó a las semanas cuando el Iosper, presidido por Fernando Cañete, dejó trascender un informe que revelaba que un grupo de abogados había cobrado más de 100 millones de pesos en amparos en lo que iba del año. 

Esto ameritó una respuesta pública del Colegio de la Abogacía, pero hace 15 días la entidad que preside María Marta Simón decidió interponer el pedido de acceso a la información donde enumera 15 requisitos. Comienza con los últimos dos balances y memorias completas; pasando por los estados de Ejecución del Presupuesto de Recursos y Gastos, detalle de las licitaciones públicas y privadas efectuadas durante 2023 y 2024, copia de los recibos de haberes del presidente del Iosper, directores, gerentes, los 5 mayores proveedores, resultados financieros de la obra social durante el 2023 y 2024; hasta lo gastado y abonado durante los años 2023/2024 en concepto de publicidad y propaganda. 

La petición sobre el pedido de acceso a la información tuvo poca repercusión, quizás a eso responda el último punto al que se hace referencia.  

Desde el Colegio de la Abogacía se hizo saber que la respuesta fue encuesta e insignificante, lo que se contrapone con lo expresado desde la obra social -también consultada por este medio- donde aseguraron que iban a responder punto por punto y quien el encargado de hacerlo era Arnoldo Schmidt, gerente de administración. ¿Se judicializará? 

Sobre los fondos que se van por demandas de los afiliados en sede judicial existe un repertorio de posibles soluciones para mitigar el impacto económico en la obra social hasta conspiraciones de todo tipo. 

Las autoridades del Iosper aseguran que la cobertura de prestaciones consideradas atípicas y de alto costo, que inicialmente son rechazadas por la obra social y luego deben ser atendidas por mandato judicial, ha puesto en riesgo a todo el sistema solidario de salud de la provincia.

Sin embargo, los tribunales siguen siendo el destino de los conflictos. La judicialización suele ser en la mayoría de los casos entre dos y tres veces más costosa para el Iosper que hacer lugar a la prestación. La pregunta, entonces, es  por qué se elige ese camino. 

Una rueda de consultas realizada por Página Política con operadores de este sistema cuentan que se había logrado un punto de equilibrio para bajar la tasa de litigiosidad y, por ende, bajar la sangría de honorarios. Consistía en que el Iosper rechazaba una prestación, pero cuando la demanda llegaba por vía administrativa la concedía y, así, evitaba precisamente que se judicialice un proceso que con certeza tendría un resultado adverso. Esa vía operaba como filtro, porque no todos los afiliados tienen la voluntad de reclamar. En síntesis: el Iosper evitaba sentar un precedente de garantizar una cobertura de hecho a los 320 mil afiliados, pero a la vez no llegaba a los tribunales donde el collar suele suele salir mucho más caro que el perro. Suena razonable. 

La pregunta de rigor sería: ¿Quién se beneficia con la judicialización? Además de los afiliados, pareciera que sus representantes, a los que el Iosper suele apuntar. 

Un rumor que circula en el ambiente es que Rogelio Frigerio no tiene simpatía con Cañete, a quien preferiría afuera, y el enfrentamiento de los abogados podría ser funcional. El presidente del Iosper, hábil, deja trascender que UPCN, el principal aliado del Gobierno en el campo gremial, se quiere quedar con la obra social. Una salida del presidente corresponde que lo subrogue Adriana Hepp, de Agmer, el sindicato que le trajo dolores de cabeza al Gobernador. 

Fuente: Página Política