El Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley que ingresó en la Cámara de Diputados por el cual centraliza todo lo atinente a los bienes del Estado. La iniciativa, a la que tuvo acceso Página Política, crea en su artículo 1° “la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles de la Provincia de Entre Ríos como organismo descentralizado en el ámbito de la Secretaría General de la Gobernación, con autarquía económica financiera y con capacidad de actuar en el ámbito del derecho público y privado”.
La agencia dependerá, entonces, de Mauricio Colello. El secretario general de la Gobernación demuestra, otra vez, que es el hombre de extrema confianza de Rogelio Frigerio y suma botones a su consola. Por eso la propuesta de Luciano Garro, proponiendo al funcionario como candidato a senador nacional no se la debe tomar como tal, sino leer el mensaje entre líneas que se lanzó desde Gualeguaychú. Otro tema.
Colello tendrá a cargo una agencia con atribuciones que hoy se dividen en otras áreas del Estado y el proyecto pretende centralizar:
-La coordinación y ejecución de las políticas, normas y procedimientos atinentes a la actividad inmobiliaria estatal, el control permanente de la misma y la intervención en toda operación inmobiliaria de todos los organismos, entidades y empresas que conforman el Estado Provincial.
– La gestión del inventario de la totalidad de inmuebles cuyo dominio, posesión o tenencia ejerza el Estado Provincial a través de sus organismos, entidades y empresas, y la regularización dominial y/o de ocupación y uso de estos.
– La promoción del desarrollo económico, productivo, social y ambiental, y la generación de recursos económicos, a partir de operaciones inmobiliarias sobre los inmuebles bajo su administración y los que oportunamente adquiera.
– La optimización de recursos destinados al funcionamiento de reparticiones públicas de Administración Centralizada y Descentralizada, a partir de la asignación de inmuebles del Estado y/o la adquisición estratégica de inmuebles a tales fines.
El artículo 17° establece que la agencia sustituirá a la Escribanía Mayor de Gobierno “en todas las funciones, competencias, atribuciones, derechos, y obligaciones que prevé dicha norma”. Y, en el 20°, se liquida la Compañía Entrerriana de Tierras Sociedad del Estado, cuyos bienes se destinarán a la agencia. Las atribuciones, competencias, facultades y obligaciones de ese organismo (la Compañía) serán absorbidas por el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV).
En el artículo 5° el proyecto enumera las atribuciones de la agencia y aclara que las mismas son “sin perjuicio de las conferidas por otras normas”.
El nuevo organismo se propone a “crear políticas, normas y procedimientos respecto de la utilización y disposición de los bienes inmuebles del Estado”, “ejecutar la política inmobiliaria estatal que disponga el Poder Ejecutivo”, “intervenir en forma previa, en toda tramitación administrativa en la que sean parte los organismos”, “asignar en uso, por tiempo determinado o indeterminado, inmuebles que estén bajo su administración, para el funcionamiento de edificios públicos de organismos, entes, empresas del Estado Provincial, Nacional o de gobiernos locales”. (Ver abajo, proyecto completo)
Advertencias
La Asociación Nacional de Abogados Ambientalistas hizo notar que cerca de 200 mil hectáreas del Delta son propiedad del Estado, de las cuales más de 90 mil se encuentran en Victoria.
Los letrados apuntan al artículo 16°, en el que se exceptúan las disposiciones del artículo 55° de la Ley N° 5.140 por el que se establece que ante la posibilidad de la venta de un bien de dominio público tiene que intervenir la Legislatura.
En Rosario, receptores del humo por la quema de pastizales en islas victorienses, están en alerta. La semana pasada organizaciones ambientales advirtieron sobre los humedales. En ese marco, lanzaron un comunicado para exigir que se aplique un inciso que excluya “cualquier posibilidad de venta o de gravamen sobre las tierras públicas de las islas” y un “tratamiento especial que garantice su protección y conservación”, según publicó La Capital.
Fuentes gubernamentales consultadas por Página Política aclararon que en el plano ambiental rige la ley de humedales, la cual protege zonas bien determinadas y sobre las cuales ya pesan fallos judiciales. “Pensar en una inversión con riesgo de un posterior litigio sería un error. Ya tenemos casos, como Amarras en Gualeguaychú. No tiene sentido”, aclaró uno de los consultados.
Por otro lado argumentan que no hay un inventario y sistematización sobre el patrimonio, que permitiría una optimización al momento de destinar recursos que se van en alquileres para distintas reparticiones.
En el mensaje del proyecto al cuerpo legislativo, el Gobierno cuestiona a sus antecesores. “Sabido es que nuestra provincia carece de una política pública clara relacionada al manejo de los inmuebles que integran su dominio estatal, como consecuencia de ello, durante las distintas gestiones de gobiernos, se han ido delegando funciones y atribuyendo competencias a distintas reparticiones de la administración pública provincial, generando una enorme dispersión de organismos y normativa relacionada a la materia”, dice.
A continuación enumera áreas que tienen ley, pero no fueron puesta en funciones:
Descargar Proyecto Agencia Bienes Inmuebles
Fuente: Página Política
