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El desenganche del Poder Judicial

Los empleados judiciales reclaman –con razón- un aumento salarial. El STJ resuelve -con razón- restringir la presencialidad en los tribunales por el crecimiento de casos. El Colegio de Abogados advierte -con razón- que se restringe el acceso a la justicia. Una foto en las que todos tienen razón, pero la sociedad ve borrosa.

El Poder Judicial de Entre Ríos se encuentra ante el primer enfrentamiento con su patronal. El Poder Ejecutivo, hace menos de un año, tiene la autonomía de decidir sobre lo más sensible para un funcionario judicial: el salario.

En estas horas, trabajadores de la justicia entrerriana cortan calles y emiten comunicados de prensa incendiarios ante la falta de una propuesta salarial acorde a lo que reclaman. Esa imagen de trabajadores judiciales en las calles; y magistrados y fiscales con los ceños fruncidos en los pasillos de tribunales, no se veía desde hace una década. Es que en diciembre de 2011, la Legislatura, a instancias de Sergio Urribarri, aprobó lo que se conoce como Ley de Enganche.

Esta norma estableció una paritaria automática para quienes se desempeñan en el Poder Judicial. El incremento fijado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego homologado por el Ejecutivo nacional, regía para todos los judiciales de Entre Ríos. Hasta que fue promulgada la ley 10.068, los representantes de ese poder negociaban los incrementos salariales con el gobernador y ministros en un ámbito similar al de los estatales y docentes. Esa distinción se pulverizó el año pasado cuando Gustavo Bordet promulgó la Ley de Emergencia Solidaria que, entre otras cosas, dejó en suspenso la Ley de Enganche.

La Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), además de sostener desde hace varias semanas una serie de acciones de protesta en reclamo de mejoras salariales, exige que no se prorrogue la ley de emergencia (vence a fines de junio) y que se vuelva por ende la automaticidad de las actualizaciones salariales. Pero también pidió que el Gobierno abra una convocatoria a todos los sectores para debatir la sustentabilidad de Caja de Jubilaciones y garantizar el 82 por ciento móvil a los jubilados entrerrianos. Esta es una preocupación de todos los actores del sector público, que ya lo sienten en los aportes al sistema previsional.

Como si todo esto fuera poco, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) emitió una resolución en la que reduce las actividades presenciales ante el aumento de casos de Covid-19 registrados en los últimos días. El Colegio de la Abogacía de Entre Ríos se metió en la pelea. Si bien reconoció el derecho a la protesta de los trabajadores, advirtió que las medidas de fuerza restringen “el derecho a trabajar de las abogadas y los abogados entrerrianos” y “de los ciudadanos de acceder a la justicia para peticionar la tutela de sus derechos, que también son garantías constitucionales de igual rango”.

La medida de AJER regirá desde este martes hasta el viernes 30 de abril –aunque se podría extender– e implica la suspensión de las audiencias programadas del fuero penal que prevean la presencia de más de diez personas y la suspensión de los juicios por jurados programados para esos días. Solo se realizarán audiencias de manera telemática.

Cada uno defiende a su campamento y el devenir es incierto. El Gobierno tiene la potestad de prorrogar la emergencia por 180 días. Mientras tanto el ofrecimiento para los judiciales será igual que a estatales y docentes. En las próximas horas puede haber novedades.

 

Alarmas

La luz de alarma para los judiciales la prendió el mismo presidente Alberto Fernández cuando en una entrevista en C5N en enero de 2019 contó que en conversaciones informales con gobernadores tomó conocimiento del “problema” que tenían los distritos que habían promulgado una ley de enganche, porque los incrementos salariales de los integrantes del Poder Judicial eran muy superiores a los demás sectores estatales. “Varios gobernadores me contaron que en sus provincias está el enganche con la Justicia Federal. No puede ser. Es un problema”, dijo Fernández. En el pago chico, por lo bajo, se quejan por tener que meter en la mano en el bolsillo para hacer frente a actualizaciones de las que ni siquiera participan de la negociación.

Las palabras presidenciales resonaron. Meses después, con la pandemia en el territorio, el cuadro de situación y las urgencias apuraron los debates y las definiciones. Una de ellas fue precisamente la Ley de Emergencia Solidaria que suspendió la paritaria automática que dispone la Corte.

Antes que todo esto sucediera, el Poder Judicial quedó expuesto a un festival de planillas que se revelaron en los medios en donde se supo cuánto era el salario de cada uno sus integrantes. La información surgió por pedidos de informes que hicieron periodistas locales, pero esa inquietud tuvo como inspiración el enfrentamiento del entonces presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Emilio Castrillón; con el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes, al decir en declaraciones radiales que quería “ganar” como él. El revuelo fue tal que en una semana los portales de noticias no hacían otra cosa que mostrar lo que ganaba un funcionario judicial. Todo en un marco en que los trabajos de opinión pública ponen a los judiciales en el mismo lugar de la balanza que la dirigencia política.

El Poder Judicial ha quedado con la sociedad también desenganchado.

 

 

(Foto: agencia AIM)

Fuente: Página Política
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