El Ministerio Público Fiscal desató una polémica en torno al funcionamiento del Juicio por Jurados cuando plasmó en la resolución 02/2020 del 22 de diciembre la sugerencia de que no tramiten en esa instancia las causas por violencia de género y abuso sexual. Se invocó allí, entre otras cosas, alguna desprotección a la víctima.
Esa sugerencia no es inocente, sino que esconde un boicot al instituto constitucional que comenzó a funcionar recientemente. Así lo leyó el Poder Ejecutivo, según una fuente a la que tuvo acceso Página Política. La estrategia sigue siendo no polemizar (acudir al silencio). En este caso se saludó el comunicado del Colegio de Abogados.
En Casa de Gobierno entienden que el Juicio por Jurados recién se puso en marcha y las primeras experiencias fueron muy buenas. Por caso el juicio por el femicidio de Romina Roda, en La Paz. No se va a analizar ninguna reforma al respecto.
Cuando se conoció la resolución se activó enseguida una sospecha que con el correr de las horas quedó sepultada. En algunos ámbitos se asoció la medida de la Procuración General con la posibilidad de evitar un juicio con jurado popular a Jorge Julián Christe, acusado del femicidio de Julieta Riera. El imputado es hijo de una ex jueza. La causa fue remitida a juicio y el proceso será a través del instituto constitucional. Se acabaron las dudas.
La resolución que sugiere a los fiscales abstenerse de someter los casos de violencia de género y abuso sexual al Juicio por Jurados (más allá que esté previsto en la ley) y la elevación del caso Riera dejó en evidencia algunas desinteligencias o diferencias en el seno del Ministerio Público Fiscal.
La resolución lleva la firma del procurador Jorge García, de su adjunta Cecilia Goyeneche; y los integrantes del Consejo de Fiscales que prevé la ley del Ministerio Público. Ellos son Gamal Taleb, Fernando Lombardi, Lisandro Beherán, Mónica Carmona, Matilde Federik y Álvaro Piérola. Todos fiscales coordinadores de jurisdicción.
García manifestó, oportunamente, su oposición al Juicio por Jurados. Incluso lo hizo públicamente en una jornada en el Consejo General de Educación. La pregunta es ¿a instancia de quién surgió la resolución?. ¿Fue García o Goyeneche, presidenta del Consejo de Fiscales?
El procurador la firmó, como jefe de un organismo vertical, y todos los dardos fueron para él. Pero empiezan a surgir dudas en torno a la autoría. A García se le reconoce la capacidad de bancar a todos sus fiscales. Sin embargo, su adjunta sólo sobrevuela al Ministerio Público Fiscal. Su manejo se circunscribe al Consejo que preside. Eso se vio en la causa de los contratos truchos en la Legislatura cuando salió a respaldarla tras la revelación de su relación comercial con el imputado Pedro Opromolla. Al poco tiempo el propio procurador firmó una resolución para que Goyeneche dé un paso al costado de la investigación.
En el Poder Judicial también están las amistades, las simpatías, las coincidencias, las diferencias que – como en los órganos partidarios – derivan en favores o impugnaciones. Y en las disputas de poder.
Fuente: Página Política
