Blanca Osuna difundió este domingo un comunicado en el que le solicitó al gobierno provincial la lista de autorizados para la quema de pastizales. En rigor lo hizo en el marco de la presentación de un proyecto de declaración en el que se promueve la concreción de la iniciativa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable para el Delta afectado por la quema de pastizales.
El gobierno provincial – por su parte, hizo llegar a Página Política un comunicado en el que expresa que “no se están otorgando permisos de quema en la zona del Delta, con lo cual todos los incendios registrados son ilegales. Se labraron actas de infracción y se avanzó en la justicia penal contra los responsables”, dice el texto.
Más adelante, desde el Ejecutivo manifestaron que se viene trabajando junto al gobierno nacional de Alberto Fernández, y la provincia de Santa Fe para controlar los focos, en un escenario que se complejiza cada vez más a raíz de que brigadistas han debido ser aislados por contactos estrechos con otros que han contraído Covid 19. Con lo cual los esfuerzos están focalizados en el trabajo de campo y colaborar con aquellos que luchan a diario en contra del fuego.
Respecto a los propietarios privados de las islas del Delta, y a través de un trabajo de monitoreo que viene realizando desde hace meses el personal del Plan Provincial de Manejo del Fuego, se labraron actas de infracción y se aplicaron multas a los dueños de las tierras donde se detectaron focos ígneos, a partir de información validada por la Dirección de Catastro de la provincia.
“Esa información fue presentada de oficio a la Justicia donde avanza la cuestión penal por las quemas, y es pública”, le respondió el Gobierno a la diputada peronista. Y continuó: “Puede hacerse vista de la misma quien lo requiera, en los días y horarios establecidos para hacerlo. Además se recuerda, también como es de público conocimiento, que el Ejecutivo provincial impulsó un proyecto de ley que establece un régimen para el uso sustentable de bienes inmuebles integrantes del dominio público provincial, ubicados en zona de islas y humedales de la provincia de Entre Ríos, y del dominio privado que no tengan afectación específica”.
La iniciativa está siendo tratada en el Senado de la provincia. A través de esta norma se permite el uso productivo sustentable de los bienes sirviendo de marco jurídico para una reglamentación acorde que compatibilice aspectos productivos y ambientales. Todas las actividades que se realicen sobre los inmuebles contemplados en esta ley quedarán sujetas a la evaluación ambiental que establezca la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos, mientras que se faculta al Ministerio de Producción a otorgar permisos de uso onerosos a favor de particulares para el desarrollo de actividades productivas sustentables mediante procedimiento público.
También se faculta al Ministerio a otorgar permisos de uso gratuitos a favor de pobladores o residentes habituales de islas y anegadizos, estableciéndose en la reglamentación los requisitos para acceder a los mismos y una unidad productiva.
Prohibiciones
Desde diciembre pasado Entre Ríos no autoriza la práctica de incendios en las islas del Delta. Las quemas sin autorización previa de la Secretaría de Ambiente, están prohibidas. En los últimos meses el organismo, dependiente del Ministerio de Producción, no ha otorgado ninguna autorización en esa zona, con lo cual todas las quemas producidas son ilegales e intencionales. Es por eso que el gobierno entrerriano se constituyó como querellante en la causa penal.
La quema de pastizales es impulsada por productores, pescadores, cazadores y turistas en las islas del Delta que se vieron agudizadas en el último tiempo debido a la bajante histórica del río Paraná, escasez de lluvias y altas temperaturas. Ante este panorama la provincia no está otorgando autorizaciones de quemas en la zona desde el año pasado.
Al mismo tiempo los brigadistas del Plan de Manejo del Fuego de Entre Ríos monitorean y combaten los incendios en las islas. En los operativos de monitoreo y combate, se labran actas de infracción y se aplican multas a los responsables de las quemas, tarea que no es sencilla de realizar teniendo en cuenta las dificultades de acceso a la zona y la extensión.
Acciones legales
Las acciones legales impulsadas por el Ejecutivo entrerriano incluyen la denuncia penal presentada en junio pasado por el gobernador Gustavo Bordet ante el Juez Federal competente, por violación del artículo 186 del Código Penal, que establece que el que causare incendio, explosión o inundación será reprimido con prisión de tres a 10 años, si hubiere peligro común para los bienes.
El gobernador Gustavo Bordet -resaltaron en el Gobierno – decidió que el Estado entrerriano se constituya como querellante particular en la causa judicial que tramita en el Poder Judicial de la Nación a raíz de la quema en las islas.
La constitución como querellante implica que, al tomar parte del ejercicio de la acción penal, se puedan producir pruebas, proponer medidas dentro del juicio, es decir, implica un rol más activo por parte del querellante. En ese sentido, en la denuncia promovida por el gobierno el bien jurídico protegido es el ambiente, y se responsabiliza a los propietarios que civilmente tienen responsabilidades.
