El gobierno explicitó sus pretensiones respecto al caso de Guillermo Smaldone. El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, se presentó en el expediente con el decreto en el que el Poder Ejecutivo aceptó la renuncia del entonces presidente del Tribunal de Cuentas y, en el mismo acto, solicitó al Superior Tribunal de Justicia (STJ) que declare abstracta la cuestión. De esta manera se evita dictar sentencia y sentar jurisprudencia.
Se trata del Decreto Número 1.548/16, con fecha del 14 de junio, que aún no ha sido publicado en el Boletín Oficial, según supo Página Judicial. Con el argumento de que Smaldone dio un paso al costado, el fiscal del Estado pidió que se declarara abstracta la cuestión.
Juan Carlos Arralde, por el contrario, quiere que el alto cuerpo se expida. Luego de que el joven abogado abandonara el cargo, el ex senador radical presentó una nota ante el STJ exigiendo que dicte sentencia ante la acción de inconstitucionalidad interpuesta hace dos años y en la que se cuestionó el proceso de designación de Smaldone al frente del Tribunal de Cuentas.
La semana pasada, Página Judicial reveló que al alto cuerpo sólo le resta emitir un voto, el de la presidenta del alto cuerpo, Claudia Mizawak. El voto de la presidenta no cambia el escenario. De los ocho vocales que ya emitieron su opinión, cinco declararon inconstitucional la designación de Smaldone; mientras que tres la avalaron. En el primer grupo se inscriben Carlos Chiara Díaz, Daniel Carubia, Leonor Pañeda, Miguel Ángel Giorgio y Hugo Perotti. Estos dos últimos en carácter de subrogantes. A favor de los intereses de Smaldone, y del más interesado, Sergio Urribarri, lo hicieron Emilio Castrillón, Susana Medina Rizzo y Bernardo Salduna. También el procurador general STJ, Jorge García, dictaminó a favor del procedimiento atacado.
El expediente durmió dos años. Sólo la Procuración General y el vocal Chiara Díaz votaron en tiempo y forma. El segundo voto fue el de Castrillón. El resto de los vocales adhirió a las posturas de uno y otro.
Arralde se presentará en las próximas horas –tiene cinco días luego de la petición de Rodríguez Signes– e insistirá con su reclamo: que se dicte sentencia.
Lo que el radical pretende es que la Justicia diga si fue o no constitucional el procedimiento atacado. También vocales están interesados en sentar jurisprudencia sobre el tema y evitar conflictos similares ante el intento de otras designaciones sin la promulgación de leyes reglamentarias respecto a nuevos y viejos institutos con rango constitucional.
En caso que finalmente el caso se declare abstracto, Arralde continuará con su petición en otros ámbitos. Ante lo que entiende como “denegación de justicia”, recurrirá hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Como ejemplo de mora judicial, el radical está estudiando el célebre precedente de Leonardo Fornerón, caso entrerriano que llegó a ese organismo luego de una larga batalla judicial y demoras inexplicables. En el fallo del 27 de abril de 2012, la CIDH dijo que “el derecho de acceso a la justicia debe asegurar la determinación de la persona en un tiempo razonable” y que “la falta de razonabilidad en el plazo constituye, en principio, por sí misma, una violación de las garantías judiciales”.
