En el marco de las negociaciones con la Federación Médica de Entre Ríos (Femer) y la crisis en las prestaciones a 300 mil afiliados, el directorio del Iosper buscó ensanchar espaldas con las organizaciones sindicales representadas en la conducción de la obra social. Este miércoles hubo una ronda de reuniones con las conducciones gremiales que mostraron un frente más o menos homogéneo luego de la extensa jornada.

Las dificultades para un acuerdo con los profesionales de la salud son hoy la coyuntura. Pero las variables en juego en el difícil escenario se complotan hace décadas complicando las arcas del organismo.

Dejando de lado aciertos y errores de la administración del Iosper –que fue devuelta en 1998 a los trabajadores y jubilados a través de sus representantes en el directorio– lo cierto es que hay algunos factores ya crónicos a los que no se puede obviar cuando se plantean soluciones medianamente de fondo.

 

Rémora de los 90

Por estos días se rememoran los noventa ante el fallecimiento de Carlos Saúl Menem, el hacedor a lo largo de una década de las políticas de ajuste, desguace del Estado y desmantelamiento del aparato productivo en la Argentina.

Se ha dicho, en este marco, que Menem está “insoportablemente vivo”. En Entre Ríos, entre tantos ecos de los 90 persiste una cláusula de la Ley de Emergencia de 1995: la reducción en un 50% de los aportes que hace el Estado por los jubilados. Gobernaba Mario Moine y no lo modificó, luego, ni Jorge Busti, ni Sergio Montiel, ni Busti de nuevo ni Sergio Urribarri en sus dos mandatos.

Gustavo Bordet se ocupó del asunto en 2017, restituyendo medio punto del 2% sustraído. Ante la Asamblea Legislativa, el 15 de febrero pasado, anunció la devolución de otro medio punto (lo que supone alrededor de 300 millones de pesos). Dijo además que cuando termine su gestión, en 2023, dejará de tener vigor esa cláusula vigente hace 25 años. Las arcas provinciales restituirán el 1% que quede pendiente.

 

Último en la lista

Para el sindicalismo docente y estatal ha sido consigna, históricamente, reclamar al Estado entrerriano un aporte patronal del 6% como el que rige para la mayoría de las obras sociales provinciales.

En cambio de eso, entre aporte personal (3%) y patronal (4,5%) el total recibido por el Iosper es del 7,5% lo que la ubica como la que menosfondos percibe en el listado de instituciones de este tipo.

Chaco, por caso, encabeza la nómina con aportes del 11% del salario del trabajador y del 14% que hace el Estado. En Santa Fe, Iapos acumula 9,5% del salario; en Córdoba, 9%; en San Juan el 14,5%; en Mendoza, el 12%.

El informe del Iosper acercado este miércoles a los gremios aclara que al tener un “recorte” al aporte de los pasivos -vigente desde la Emergencia de 1995- el promedio sólo alcanza el 6,25%.

Salarios a la baja

Empeora el panorama el deterioro del poder adquisitivo de los haberes de estatales, docentes, trabajadores municipales, legislativos, judiciales, retirados de la policía.

El 2020 cerró con una inflación del 36,1% y no hubo aumentos a lo largo de todo el año por lo que los ingresos porcentuales a la obra social disminuyeron en esa proporción.

La planta de trabajadores está empobrecida. Si se saca un promedio entre los funcionarios y agentes con salarios más altos y los empleados con salarios más bajos, el aporte de un afiliado a la obra social es de 1.944 pesos.

En el marco de la difícil negociación salarial, en paritarias, se hace imposible instaurar otro debate: el aporte personal al Iosper es del 3%, el más bajo entre las obras sociales provinciales junto con lo que se descuenta a los agentes de Tierra del Fuego y Misiones.

 

Prestaciones

El directorio hizo saber que el 87% de los recursos de la obra social se va en prestaciones. Son 7.103 millones de pesos que se van, fundamentalmente, en medicamentos (el 39,6%); las prácticas en discapacidad (20%); Clínicas y sanatorios (9,7%); y en pago a médicos en nivel 1 y 2 (8,9%).

En el informe a los gremios se advierte acerca de la necesidad de encontrar vías de financiamiento ante “la adhesión a Leyes Especiales, con la obligación de coberturas del 100% a cargo de las obras sociales provinciales, sin indicar de donde saldrán los recursos para afrontar estos gastos”.

Esta situación ha derivado, según el directorio, en que 17.645 afiliados (que representan el 5,88% del padrón total) “recibieron” en el año 2.020 “por parte de la obra social con los recursos provenientes de los aportes de los 300 mil una inversión del 53,53% del Presupuesto Prestacional Anual, totalizando $3.889.665.849, quedando para los 282.355 afiliados restantes sólo el 46,47% del presupuesto”.

En reunión de la Cosspra (Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina) se ha advertido acerca de la “judicialización de la salud”. “Es una nueva enfermedad del sistema sanitario”, aseveró el presidente del Iosper, Fernando Cañete. “Tiene su etiología en la conflictividad social, las demandas sin límites y la connivencia de profesionales e instituciones de la salud y de la justicia. Su cuadroclínico se basa en la falta de respeto por la evidencia científica, el desentendimiento de los consensos internacionales y nacionales, no respetando muchas veces a los organismos reguladores, en este caso, Iosper”, ha criticado con dureza Cañete al frente de una obra social mediada por los tiempos del amparo.

 

La foto de 1998

En 1998 iniciaba un nuevo período en la obra social la contadora Silvina Degano, electa por el agrupamiento de los estatales y por la lista Unidad. Se lograba así dar fin a los procesos de intervención al Iosper por parte del Ejecutivo y se devolvía parcialmente la administración a los trabajadores a través de sus representantes.

Describía Degano entonces la situación planteada por las sucesivas prórrogas a las leyes de emergencia: “Cuando debemos hablar de la situación financiera y de los aportes, no podemos dejar de mencionar los bajos salarios y el largo congelamiento de los mismos. También el perjuicio que le ha causado al Iosper la nefasta Ley de Emergencia, que disminuyó considerablemente sus ingresos mediante la reducción salarial efectuada a los trabajadores del estado, y que además en el caso de los aportes patronales de los jubilados fue reducido en el 50%”.

En una entrevista publicada por el cuadernillo Desde el fondo, de la Facultad de Trabajo Social de la UNER, Degano advertía: “Es lógico que con esto no nos den los números y tenemos que estar cuidando el dinero para que se gaste lo más racionalmente posible, porque mientras el Estado nos deja de aportar esa cifra, los costos prestacionales han ido aumentando considerablemente”.

Ante los reclamos de los afiliados, por la calidad de las prestaciones, la profesional, fallecida en 2012, apelaba a su perfil sindical: “Debería estar en la conciencia de los asalariados que la pelea no es con su obra social, más bien no debe perderse el objetivo de un salario digno para lo cual se debe enfrentar a su patrón. Así como tenemos trabajadores que ganan entre $200 y $250 -que representan la mayoría- también tenemos quienes ganan $5000 o más, aunque minoritarios, que es el caso específico de un sector de la justicia, y que reclaman prestaciones de acuerdo a sus aportes”.

Unos años después, en 2002, el Superior Tribunal de Justicia autorizó por acordada -y contra lo que prescribe la ley provincial- a los magistrados a optar por otra obra social si así lo consideraban. Recién en 2014 una nueva acordada revisó esta medida. Se argumentó que la situación del Iosper, entonces sí, “difiere sustancialmente de aquella que determinó el dictado de las medidas hace 11 años”. En 11 años, estatales, docentes, municipales, jubilados siguieron corriendo la suerte de la obra social solidaria a la que están obligados a aportar.

 

Fuente: Página Política