Lo Último

Crisis en el Poder Judicial

El jury a Goyeneche quedó atrapado en su propio laberinto

Dos integrantes de la lista de conjueces se excusaron de intervenir como fiscal ad-hoc en el jury a la procuradora adjunta. El siguiente en la nómina es un abogado que además integra el Ministerio Público ad-hoc (fiscal y defensor) del fuero federal de Paraná, y este dato podría ser clave para destrabar este intrincado proceso.
Por: Redacción de Página Política

La apertura de un proceso ante el Jurado de Enjuiciamiento a la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche desató una puja de poder que ha puesto en jaque a las instituciones de la provincia y cuyas consecuencias son todavía inciertas.

El tribunal todavía no ha podido resolver una cuestión clave para la continuidad del proceso, como es develar quién oficiará de acusador, en virtud de la decisión de apartar de sus funciones al Ministerio Público Fiscal. Dos integrantes de la lista de conjueces se excusaron de intervenir como fiscal ad-hoc en el proceso con argumentos similares: la designación ha sido para intervenir en reemplazo de los miembros del Superior Tribunal de Justicia (STJ), no para otras funciones. El siguiente en la lista es un abogado que además integra el Ministerio Público ad-hoc (fiscal y defensor) del fuero federal de Paraná, y este dato podría ser clave en este intrincado proceso.

Mientras tanto, Cecilia Goyeneche está suspendida en su cargo, acusada de haber tenido una conducta incompatible con las funciones a su cargo y mal desempeño de sus funciones, por su actuación en la causa donde se investiga una estafa millonaria a través de contrataciones truchas en la Legislatura de Entre Ríos entre 2008 y 2018.

La propia ley que regula el funcionamiento del Jurado de Enjuiciamiento prevé que el Procurador General tiene, entre los diversos deberes y atribuciones, la de “formular la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento” y que no la puede delegar, salvo por excusación o recusación. Nadie recusó a Jorge Amílcar Luciano García. Pero igualmente se decidió apartarlo, y al Ministerio Público Fiscal en pleno, aun cuando el tribunal se declaró incompetente para juzgar su conducta.

Los argumentos los expuso la abogada Sonia Rondoni, representante del Colegio de la Abogacía, y el resto apenas puso la firma: consideró que el hecho de que García fuera “superior jerárquico” de Goyeneche” y que también estuviera denunciado “afecta gravemente el principio de objetividad, motivo por el cual el Procurador General debe ser recusado para intervenir en la etapa de acusación formal”. Otra vez: nadie recusó al procurador.

Daniel Carubia, vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), afirmó que “dada la estructura piramidal y de autoridad vertical que ostenta este Ministerio Público, resultan incontrastables los evidentes impedimentos que pesan sobre la totalidad de los integrantes del mismo” y Rondoni agregó que “tampoco es posible designar a uno de los funcionarios de inferior jerarquía que integran el Ministerio Público Fiscal (…) puesto que la denunciada es la encargada de controlar su desempeño y de impartirle las instrucciones que considere convenientes para el ejercicio de la función”.

Esto motivó al jury a “encontrar una pretoriana solución (…) que permita llevar a cabo el proceso con absoluto respeto de las garantías de los magistrados o funcionarios que resulten enjuiciados”, en palabras de Carubia. Esa solución apareció en la lista de conjueces del STJ, designados por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado, integrada por abogados que cumplen con los requisitos para ser procurador.

Esta introducción es lo que permite entender la enmarañada trama que ha puesto puntos suspensivos en el proceso contra la procuradora adjunta.

La lista de conjueces tiene dieciocho nombres, pero diecisiete postulantes. Uno de ellos, Luis María Campos, integra el Jurado de Enjuiciamiento. Pero se achicó aún más en estos días, luego de que Amado Siede y Julio Federik se excusaran de intervenir como fiscal ad-hoc en el proceso abierto contra Goyeneche.

Sus argumentos están en línea con lo planteado por el procurador en su escrito de recusación a los miembros del Jurado de Enjuiciamiento. Federik dijo que su designación era para intervenir en reemplazo de los vocales del STJ. “Esta función es la que he aceptado. Este cargo no prevé reemplazos fuera de su ámbito ni otra función que no sea la de fallar”, aclaró. Dijo además que el desplazamiento de los integrantes del Ministerio Público Fiscal se produjo “fuera de la vía legal ordinaria” y que asumir esa función “constituiría otro exceso atributivo, desarticulando la estructura, integración, remoción y funcionamiento de un órgano constitucionalmente previsto y legalmente diagramado, invalidando sus actos y generando claras tipicidades penales que conozco y eventualmente cometería si aceptara esta intervención”.

Algo de eso había advertido el procurador García cuando recusó y denunció a los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento que decidieron el apartamiento del Ministerio Público Fiscal. Lo hizo en forma de amenaza, si se quiere, al señalar que el tribunal “carece de potestad para desplazar a un órgano esencial de la estructura de enjuiciamiento constitucional, y menos aún de tomar decisiones que usurpan la competencia legislativa para modificar a puro arbitrio discrecional las normas que establecen la acusación por el Ministerio Público Fiscal” y agregó: “La decisión entonces podría configurar ilícito penal al contrariar frontalmente con la ley y con la Constitución Provincial, sin perjuicio de otras figuras penales” e “igual ilicitud se realizaría en la hipótesis de nombramiento y aceptación de funciones para las que se carece de legitimidad formal y sustancial”.

En la lista de conjueces, según el sorteo efectuado en septiembre de 2020, sigue Ladislao Uzín Olleros, que también es integrante del Ministerio Público ad-hoc (fiscal y defensor) del fuero federal de Paraná. Es el único con esa doble condición, y este dato no es menor en función de lo que viene.

Lo que sigue en el proceso no son más que dudas. ¿Aceptará el cargo Uzín Olleros? Si eso ocurre, ¿será recusado o denunciado como lo han sido los integrantes del jury que tomaron la decisión de apartar al Ministerio Público Fiscal? ¿Y si Uzín Olleros rechazara el cargo? ¿Esa velada amenaza lanzada por García podría condicionar a los otros catorce integrantes de la lista de conjueces?

 

 

(Informe de Juan Cruz Varela, para Página Judicial)

Fuente: Página Política
Notas más
leidas
© 2022 Página Política
Términos y Condiciones
Política de Privacidad