Con números artísticos y puestas en escena en la explanada de Casa de Gobierno, la Plaza Mansilla fue este martes el escenario elegido para reclamar una vez más por la prohibición de agrotóxicos en un contexto de “días de muerte”, como catalogó una de las oradoras.
Otra vez la cultura, el gremialismo ceteísta (en su mayoría Agmer) y los sectores de izquierda (MST y el PC mayoritariamente) y ambientalistas como el Foro Ecologista, fueron quienes dieron el presente. Estaba previsto que sesione la Cámara de Diputados, pero fue suspendida. La Legislatura es el ámbito en el que se tendrían que abordar proyectos (que los hay), pero por uno u otro motivo fueron desechados al limbo de la agenda parlamentaria. Hubo iniciativas, incluso, que llegaron a tener media sanción pero luego fueron desestimados. (Ver recuadro) Tras esta manifestación se dirá que se está trabajando en el tema. Es la repetida reacción de todos estos años.
La movilización, acompañada por la cuerda de tambores de Paraná y activistas de diferentes puntos de la provincia y Santa Fe, puso de relieve informes escalofriantes sobre casos que terminaron con víctimas fatales por este veneno que se tira desde las avionetas.
[{adj:15320} Enfermos por Agrotóxicos]
La Justicia, una puerta
El mes pasado, en un fallo inédito, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay condenó a un año y seis meses de prisión condicional a Erminio Bernardo Rodríguez, presidente de la empresa fumigadora Villaguay Aero Litoral SA; José Mario Honeker, dueño del campo de arroz y maíz; y César Martín Ramón Visconti, el piloto del avión fumigador, que también fue inhabilitado por un año para realizar actividades de pulverización aérea. Los tres fueron encontrados culpables de los delitos de lesiones leves culposas y contaminación ambiental, penado por la Ley de Residuos Peligrosos, por la fumigación que roció de agrotóxicos a la Escuela Número 44 República Argentina, en Colonia Santa Anita, departamento Uruguay.
En Entre Ríos, el uso de agrotóxicos se rige por una “ley” de la dictadura. La Ley de Plaguicidas Número 6.599 fue sancionada en 1980 –tiene la firma del interventor militar Carlos Enrique Aguirre–, aunque luego tuvo modificaciones. La norma establece, además, que “toda persona que se decida aplicar plaguicidas por aspersión aérea o terrestre, deberá tomar las precauciones del caso para evitar ocasionar daños a terceros” y prohíbe “la aplicación aérea de plaguicidas agrícolas dentro del radio de tres kilómetros a partir del perímetro de la planta urbana de los centros poblados”.
Había una vez un circo que se llamó “Código Ambiental” y que Entre Ríos iba a ser merecedora. Nada.
