Hace una semana se reveló que luego de 17 años Héctor Alanis y José Crettón Pereyra enfrentarán el juicio oral y público por una causa cuyo juzgamiento se había convertido en una panacea. Denuncia, archivo, ampliación de denuncia, desarchivo, procesamientos, sobreseimientos. Una decena de jueces intervinieron en un expediente en el que se investigó nada más ni nada menos que el desvío de 20 millones de dólares durante cuatro años.
Las noticias sobre millones de dólares abruman por estos días. El escándalo de Odebrecht por haber pagado 35 millones de dólares en coimas en la Argentina para quedarse con los contratos para la ejecución de obras públicas aparece como el mani pulite de la época y tendrá al espectador atento por mucho tiempo.
En Entre Ríos esa cifra que hoy tiene sorprendidos a dirigentes políticos, fiscales, periodistas y empresarios no debería asombrar a nadie. Parecería una bicoca. En esta comarca han desaparecido millones sin que se pusiera un ladrillo, ya no por coimas o sobreprecios. Desaparecieron. Así de simple. Desaparecieron. No se supo el destino de esos dineros públicos.
En octubre se juzgará el desvío de 20 millones de dólares que salían de las arcas del Senado en la segunda gobernación de Jorge Busti. El tribunal de Paraná juzgó y condenó hace tres años al ex senador Abelardo Félix Pacayut, encargado de gestionar Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para la construcción del Puerto Ibicuy también en la segunda gestión de Busti. El hombre de Islas del Ibicuy constituyó una asociación civil por la que se llamó a una licitación para la obra por un monto de 30 millones de dólares. El legislador pasó sus últimos días entre la cárcel y su casa por su delicado estado de salud. Entre la denuncia y la confirmación de la condena pasaron 15 años. El dinero no se recuperó. El puerto no se hizo.
Estas dos causas –sólo por citar las más emblemáticas– acumulan 50 millones de dólares públicos de destino incierto. Fueron impulsadas por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) a cargo de Oscar Rovira. El organismo fue disuelto por Busti en su tercera gobernación. La muerte de la FIA dio nacimiento a la Oficina Anticorrupción que en la gestión ya de Sergio Urribarri se disolvió porque la Constitución reformada manda al Ministerio Público Fiscal a crear la Fiscalía Anticorrupción. En la última reforma de la Procuración los legisladores eliminaron esa unidad que estaba incorporada en el proyecto. No hay, en Entre Ríos, un organismo especializado en casos de corrupción.
Rovira pasa sus días en Concordia. La Justicia lo condenó por el delito de “abuso de autoridad” por haberse asignado el pago de una compensación mensual por residencia, haciendo hincapié en su calidad de jubilado, en lugar de la remuneración fijada por la ley de creación de la FIA (a la que había renunciado). ¿Qué monto representaría? ¿Un viático de funcionario, o un gasto de representación del algún vocal el Superior Tribunal de Justicia?
La Justicia tiene en sus manos un cúmulo de causas, también por cifras millonarias, en las que no se ha podido fijar el monto. El principal sospechoso, además de ex funcionarios, es Sergio Urribarri. Casi la totalidad de los delitos del Código Penal referidos a la corrupción y el enriquecimiento ilícito están siendo investigados. Queda mucho por esperar. Mucho por conocer.
