Por estas horas, un sector de la corporación judicial activó su maquinaria ante la inminente resolución del Jurado de Enjuiciamiento que le abre causa a la procuradora adjunta, Cecilia Goyeneche, pero que según trascendió, rechaza la acusación al procurador general Jorge García.
La resolución calza con los intereses de todo el mundo. En el caso de la adjunta se ha ganado enemigos en el seno del Poder Judicial, quizás por eso el apoyo en las firmas que se solicitaron para la petición ante la vidriosa Asociación de Magistrados se haya reducido a sus dirigidos y con quienes tiene una relación más allá de lo laboral, excepto la jueza Josefina Etienot, que no aparece en la nómina de rúbricas.
Goyeneche se había jactado de ir a fondo en cuanta causa de corrupción le llegara a sus manos, pero esa impronta se esfumó cuando apareció como propietaria de un inmueble junto a un imputado en la causa de los contratos truchos en la Legislatura. Luego de haber negado esa relación comercial en audiencia pública debió reconocerlo cuando los inmuebles no eran uno sino dos. Esa información, que unía a la procuradora con el imputado Pedro Opromolla, surgió de los allanamientos ordenados por los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro. ¿Hay allí alguna mano política?
García ha planteado que debe ser juzgado en el instituto de juicio político y no en el Jurado de Enjuiciamiento, donde se presentó la denuncia en su contra. ¿No es raro que el procurador general quiera ser juzgado en un ámbito meramente político? ¿No se sentiría más cómodo en uno que de los siete miembros cinco pertenecen a la comunidad judicial? Al procurador lo quieren más en Casa de Gobierno que en los tribunales.
Goyeneche no tiene espacio para discutir esa cuestión, porque llegó por concurso. En cambio García fue designado por el entonces gobernador Jorge Busti. La política.
La causa de contratos truchos, que aparece como la plataforma de todos estos episodios, debe ser observada con detención. El legajo por el que se solicitó que se eleve a juicio y ahora está en manos de la Corte Suprema de Justicia no imputó a un solo responsable político que haya integrado la Legislatura. Es un escándalo por dos motivos. En primer lugar porque la ley establece que las contrataciones requieren de una decisión política. Hagámonos una pregunta: ¿puede fraguarse tanto dinero durante tanto tiempo en un ámbito meramente político como son las cámaras de diputados y senadores y que la responsabilidad y el juzgamiento recaigan solo en administrativos? En segundo lugar no pudo haber sido ignorada la declaración del imputado Sergio Cardoso, director administrativo de la Cámara de Diputados, cuando afirmó que en el cuerpo en el que se desempeñaba “la potestad absoluta y (quienes) elegían a las personas a quienes contrataban y a quienes no, eran los diputados”. Un bochorno.
¿Se entiende entonces por qué en tribunales quieren que sea la política la que juzgue?
La denuncia a García y Goyeneche la realizaron Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet. El primero es un afiliado radical que, en diciembre de 2015, denunció a Sergio Urribarri y por eso se lo está juzgando. Los abogados denunciantes tienen vinculaciones directas con la política. Qué dirá el diputado Julián Maneiro, que acaba de salir a repudiar cualquier apertura de investigación por calificarla de una maniobra del oficialismo. Lo mismo el ex legislador Alberto Rotman; y el diputado electo también del mismo partido, Pedro Galimberti. Aquí una foto de los denunciantes de la Procuración:
El cuerpo que debe juzgar a los magistrados está integrado en su mayoría, como se dijo, por hombres y mujeres de la comunidad judicial. Pero es muy probable que el ámbito más cómodo para los denunciados sea el político, porque allí seguramente se deben favores.
La reducida población que se interesa por estos conflictos no necesita de explicaciones. Los intereses están a la vista. Las operaciones han perdido calidad.
Fuente: Página Política
