Con 22 votos a favor y ocho en contra, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto del Ejecutivo por el que se crea una Sociedad del Estado denominada “Compañía Entrerriana de Tierras”, que apunta a “facilitar el acceso a la tierra y construcción de vivienda a los sectores más postergados”. Hubo fuertes críticas del radicalismo, del socialismo y del FAP, que cuestionaron la “constitucionalidad” de la norma y rechazaron la falta de control que contiene.

Hacía meses que nos se registraba un debate tan intenso en la Cámara de Diputados. El motivo que lo originó fue un proyecto del Poder Ejecutivo que autoriza la constitución de una Sociedad del Estado para la compra y venta de bienes inmuebles que faciliten el acceso a la tierra y construcción de viviendas para los sectores más carenciados.

Tras un homenaje al histórico dirigente radical Luis Agustín Brasesco y la aprobación de un proyecto del Ejecutivo que modifica el artículo 279 del Código Procesal Penal que gira en torno al depósito de vehículos secuestrados y establece que será el Ministerio de Gobierno y no la Justicia el que dispondrá el destino de estos rodados, arrancó el debate sobre la polémica creación de la Compañía de Tierras.

El diputado oficialista Marcelo Bisogni fue quien, leyendo un texto, fundamentó las razones por las que era necesario dar luz verde al proyecto del Ejecutivo que apunta a la compra y venta de terrenos por parte del Estado.

Tras asegurar que la iniciativa “atiende la demanda de miles de entrerrianos que carecen del acceso a la vivienda”, calificó al proyecto como una “herramienta necesaria” para garantizar tal derecho constitucional.

IAPV

La diputada del FAP-GEN, Emma Bargagna, aseguró que “esta provincia no necesita a la Compañía Entrerriana de Tierras, porque ya existe un organismo específico que puede comprar y vender tierras con destino a los más carenciados”, señaló al referirse a las atribuciones del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (Iapv). “El problema del Iapv no es que no sirve, es un problema político. No tiene autarquía y lo manejan seis empresas (constructoras) y la Cámara de la Construcción”, denunció. “Esta sociedad actuará fuera del control del Estado”, advirtió.

Además aseveró que “no es conveniente avanzar en el proyecto porque se estaría jaqueando a un organismo como el Iapv que, si hubiera voluntad política, funcionaría como corresponde”.

También cuestionó la falta de “controles externos e internos” de la SE y se refirió al decreto 2364 de 1988, dictado por el gobernador Jorge Busti y refrendado por los ministros José Carlos Halle, Hernán Orduna y Mario Mathieu, “que se aplicó durante 10 años consecutivos y aún está vigente, por el cual la provincia forma una comisión integrada por los ministerios y el Iapv creando un Registro con la tierra urbana ociosa, sugiriendo la adquisición de tierras aptas privadas, dispone coordinar acciones con los municipios, y establece la posibilidad de aconsejar para que la plusvalía de las tierras mejoradas sean capitalizadas por el Estado a fin de ponerlas al servicio de la comunidad. A la par, establece la conformación de un grupo operativo técnico del Plan”.

Más adelante destacó que “este grupo operativo técnico motivó el desarrollo dentro del Iapv de una estructura de profesionales: asistentes sociales, agrimensores, abogados, arquitectos, ingenieros, etc., dedicados a trabajar en ésa área específica, que muy bien servirían para los fines que persigue el gobierno sin necesidad de crear una Sociedad del Estado (“Compañía Entrerriana de Tierras”) que por ser una sociedad comercial escapa al control contable, de contrataciones y administrativo del Estado, pese a que opera con fondos públicos, (no resultando idónea la delegación de la Fiscalía de Estado de un integrante de la sindicatura por ser ésta un órgano externo de control y exceder sus incumbencias constitucionales)”.

También indicó que “el 26 de febrero de 2013 la provincia ratificó en todas sus partes el Convenio Marco de Adhesión del Programa de Barrio 3 (Promeba) suscripto con la Nación el 21 de diciembre de 2012 por el cual la Provincia adquiere el derecho de recibir fondos no reintegrables, para utilizar en obras, bienes (terrenos) y servicios.

Esta adhesión implica que le corresponde recibir a Entre Ríos el cuatro por ciento de un crédito blando otorgado por el BID a la Nación por 1.500 millones de dólares. Esto significa que Entre Ríos tiene derecho a recibir 60 millones de dólares, (traducido en Pesos: 540 millones) para comprar terrenos, construir viviendas, urbanizar, dinero que no tiene obligación de devolver”. “Los trámites para que ingresen esos fondos deben ser realizados por la Unidad Ejecutora Provincial y sin embargo están inexplicablemente demorados”.

Mercado inmobiliario

Más tarde tomó la palabra el ahora oficialista Diego Lara, quien aseguró que “el Estado debe intervenir en el mercado inmobiliario en post de una política de vivienda que garantice el acceso a este derecho a la población”.

Y luego se adelantó a los argumentos que el radicalismo esgrimió en las reuniones de comisión, donde objetó que el proyecto del Ejecutivo es inconstitucional porque viola el artículo 81 de la Constitución provincial que establece que “toda adquisición, venta, donación o transferencia de dominios de inmuebles por parte del Estado provincial tenga que hacerse con los dos tercios de la Legislatura”.

Al fundamentar, Lara señaló: “Lo que estamos autorizando es la constitución de una sociedad del Estado, por lo que no será el Estado, sino este el que venderá y comprará tierras. Las sociedades de Estado están excluidas de este artículo y están regidas por el derecho privado”.

Luego tomó la palabra el diputado oficialista Daniel Ruberto, quien destacó la necesidad de contar “con una herramienta más ágil que el IAPV”, resaltó que “el Estado debe intervenir” y cuestionó que “la ciudad está sitiada por las inmobiliarias”.

Después tomó la palabra Agustín Federik (UCR), quien destacó que su bloque “muchas veces ha acompañado proyectos del Ejecutivo”, pero adelantó que esta vez no lo iba a poder hacer porque la iniciativa que está en debate “carece de razonabilidad y de toda lógica jurídica”, posee “innumerables errores” y no permite que haya un “contralor”.

“Es una ley inútil que pretende sacar de los actos de legalidad a esta sociedad del Estado que lo único que va a hacer es comprar y vender terrenos y casas”, sostuvo el radical.

Apuntó que “con seis artículos pretende involucrarse en el mercado inmobiliario con facultades que le pertenecen a la Legislatura” y después citó al ex presidente Juan Domingo Perón: “Podemos presumir que todos los funcionarios públicos son honestos pero, como dijo el general, si los controlamos es mejor”.

Cuestionó que en el texto de la iniciativa “no esté claro a quién está dirigida la compra y venta de inmuebles, ya que menciona a sectores carenciados, a jóvenes profesionales y a empleados públicos”, y criticó “el plazo de cinco días que se le otorga al Consejo de Tasación para expedirse y que si no lo hace en ese plazo será el Colegio de Corredores, o sea, las inmobiliarias, las que van a terminar de ponerle el precio a las tierras”.

También puso el eje en el modo en el que será financiado este proyecto y consideró que “la cifra de cinco millones, el capital inicial, es insuficiente e irrelevante”.

Federik luego se preguntó “en qué va a quedar el IAPV y cuál será su función si esto se aprueba”.

Habló de una “improvisación total” al confeccionar el proyecto y remarcó que “la principal falla” de la iniciativa es que “viola la Constitución”. Y enfatizó: “Sólo haciendo un esfuerzo de entelequia y verborragia se puede decir que esto no viola la Constitución”.

“Viola el artículo 81 de la Constitución provincial, que impone a la Legislatura la facultad para autorizar la compra y venta de tierras por parte del Estado”, aseveró, al tiempo que cuestionó que se le estén sacando delegaciones al Poder Legislativo para otorgárselas al Ejecutivo”. También mencionó que el proyecto viola otros dos artículos: el 80 y el 48.

Negociado

El socialista Lisandro Viale fue el último orador de la oposición. Dijo que el proyecto “es la puerta de entrada a un negociado”, habló de “democracia gastada” y sostuvo que “es una vergüenza lo que quieren votar”.

Calificó a la iniciativa como “mamarracho” y aseveró que “la necesidad tiene cara de hereje” al recordar que “antes de las elecciones diputados del oficialismo, como Juan Albornoz, cuestionaban el proyecto y ahora no lo hacen”.

Criticó que “se quiera aprobar una ley de la que no se conoce el reglamento” y también consideró que “cinco millones de pesos de capital es una cifra irrisoria, a no ser que después se sumen socios”.

“Con esto los legisladores estamos quedando pintados al óleo”, manifestó y cargó contra los diputados que defienden el proyecto, como Lara -al cual mencionó-, que “ingresaron al recinto de la mano de Jorge Busti y luego se pasaron al oficialismo”. Advirtió que “lo mismo podría pasar con Alfredo De Ángeli”, ya metiéndose en la campaña electoral de cara a las elecciones de octubre.

Tras insistir con el concepto de “democracia gastada”, hizo un paralelismo entre la iniciativa debatida y el acuerdo con Chevrón, “al cual se votó sin conocerlo”.

“Se hacen homenajes a (Salvador) Allende (ex presidente de Chile) o a Brasesco, y se realza sus figuras, pero después votan leyes como estas”, cuestionó.

Dijo que espera que se de marcha atrás con la creación de la compañía de tierras y sostuvo que “es un escándalo votar esto para que lo manejen cinco personas con la anuencia de la Fiscalía de Estado”.

“Se está creando un nuevo ente burocrático e innecesario que tiene las mismas herramientas que el IAPV”, sostuvo y, en este sentido, mencionó la posibilidad de “debatir la posibilidad de actualizar las funciones del IAPV, si es que se considera necesario”.

Por último se preguntó: “¿Si el Estado no pudo, no supo o no quiso lograr que el IAPV agilice el acceso a la vivienda por qué lo va a hacer con este nuevo ente” y cuestionó que “se hagan estas cosas en nombre de los desposeídos”.

Más tarde tomó la palabra el diputado Rubén Almará, que expresó que prefiere “equivocarse” al votar este proyecto en vez de “no hacer nada, como siempre ha hecho el radicalismo”.

Luego Martín Uranga (FpV) criticó los cuestionamientos de la oposición y, haciendo otra interpretación de los artículos constitucionales utilizados por los legisladores opositores, en su discurso intentó rebatir los fundamentos de quienes cuestionaron el proyecto.

Dedicó un párrafo a criticar el concepto de “democracia gastada” manifestado por Lisandro Viale: “¿Qué significa gastada, está queriendo decir que se está terminando?”.

Por último tomó la palabra el diputado oficialista Luis Jakinchuk, quien criticó que se diga que el proyecto “es una puerta a los negociados” y sostuvo que “ese es el lenguaje de la derecha”.

Manifestó que “quienes no acompañan la iniciativa avalan las desigualdades” y se detuvo en el artículo 81 de la Constitución provincial, utilizado por la oposición para fundamentar que el proyecto sería inconstitucional. En este sentido, explicó las diferencias entre “colonización” (concepto del que habla tal artículo) y “urbanización”, que es “el objeto social de esta norma que está en debate”.

Aproximadamente a las 21:30, sobre tablas y con votación nominal, el oficialismo impuso su mayoría y dio media sanción al polémico proyecto de ley que autoriza al Ejecutivo a constituir una sociedad para la compra y venta de tierras”.