Por Andrés Sabella (*)
El presupuesto como garantía y límite a la arbitrariedad
La Constitución Nacional Argentina adopta la forma de gobierno republicana,representativa y federal. La división de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), el gobierno a través de los representantes del pueblo y la autonomía de las provincias en los poderes no delegados al gobierno central son pilares de nuestra democracia. Dentro de ese marco, la Constitución establece que el poder ejecutivo nacional debe formular anualmente el proyecto de presupuesto y elevarlo al Congreso de la Nación para su análisis, discusión y aprobación. El presupuesto, por lo tanto, es una herramienta fundamental: es el marco legal que el ejecutivo debe respetar para llevar adelante su gestión y rendir cuentas.
Un país sin presupuesto permite al Ejecutivo una discrecionalidad y arbitrariedad alarmantes. Esto le da potestad de decidir no solo en qué gastar (y en qué no), sino también cómo y cuándo recaudar, y a qué sectores aumentar o aligerar las cargas fiscales (como se vio con la reciente quita de retenciones agropecuarias).
El ajuste desmedido, salvaje y permanente sobre determinados sectores (personas con discapacidad, jubilados y jubiladas, salud y educación) ha llevado al Congreso Nacional a sancionar un conjunto de leyes de emergencia. Estas iniciativas, si bien necesarias, no significan mejoras reales, sino que buscan salvaguardar la situación de estos sectores en niveles similares a los históricos y evitar mayores deterioros.
Pese al amplio consenso legislativo expresado en mayorías abrumadoras y al apoyo social manifestado en las calles, el Poder Ejecutivo desafía al Congreso y elige gobernar en minoría, haciendo del veto y la “no ejecución” una forma de gobierno. Esta modalidad desconoce la organización federal y atenta contra los pilares de un país democrático que tanto nos ha costado construir.
Desafío institucional y la crisis universitaria
En el caso del sistema universitario, la inexistencia de presupuesto para 2024 y 2025, sumada a la comunicación mensual de los créditos presupuestarios, generaron una incertidumbre inédita que afecta la autonomía reconocida constitucionalmente.
Esta situación se agravó con: la ausencia de convocatorias a paritarias salariales, el congelamiento del valor de las becas universitarias, la paralización de la obra pública y la interrupción de programas de incentivo a la investigación y extensión universitarias.
Como respuesta a esta crisis, la comunidad universitaria (gremios docentes y no docentes, estudiantes y el CIN) junto a un número significativo de Diputados Nacionales impulsaron el proyecto que se transformó en la Ley de Financiamiento Universitario.
La Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional estima que la inversión no realizada en educación asciende a casi 2 billones de pesos. Incluso el propio Ejecutivo, en su decreto del veto, reconoce que los trabajadores universitarios han perdido más del 40% de poder adquisitivo en sus salarios desde que asumió.
El impacto directo en Entre Ríos
¿Qué significan concretamente estas cifras para la población entrerriana?
Significa que trabajadores y estudiantes beneficiarios de becas nacionales de Entre Ríos han dejado de percibir recursos (salarios/becas) por un valor estimado en casi 20.000 millones desde enero a septiembre de 2025.
Para dimensionar mejor esta cifra podemos señalar que representa un 40% menos de recursos para la UNER, o que es más de 6 veces el valor del Aporte del Tesoro Nacional (ATN) de $3.000 millones que el Poder Ejecutivo Nacional otorgó al Gobierno de Entre Ríos a principios de setiembre.
Resulta indispensable que los y las legisladores/as por Entre Ríos defiendan los intereses de la provincia y su sistema educativo, poniendo un límite a las políticas de desfinanciamiento educativo que lleva adelante el gobierno nacional.
(*) Candidato a diputado nacional por Fuerza Entre Ríos. Rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER)
Fuente: Página Política
