
Por Federico Prieto (*)
El gobierno de Javier Milei asumió con la decisión de transformar la vida social y personal de cada una y cada uno de quienes habitamos Argentina.
Con la publicación de un DNU, a toda vista inconstitucional, y el inabarcable proyecto de Ley Ómnibus, estamos ante un intento de cambio de paradigma de funcionamiento del Estado argentino, de todas las relaciones económicas y sociales, que se verán transformadas para permitir que los que más tienen acumulen aún más.
Buscan que la injerencia estatal en esas relaciones, constitutivas del entramado social y comunitario, del trabajo y el acceso a los bienes necesarios para la conservación de la vida, sea reducida a lo mínimo, casi anulando la capacidad de redistribución de los bienes producidos en el país, de conservar los bienes comunes, como los recursos naturales, y ofrecer todo el capital natural y el capital social de los argentinos a la maquinaria de la explotación del capital financiero global.
En ese contexto, varios artículos de la ley se proponen desmantelar un sistema de dispositivos e instituciones culturales, algunos de los cuales nacieron en el siglo XIX, que ha mostrado facilitar un desarrollo virtuoso y autosostenido. La cultura argentina, comprendida como la forma en que nos relacionamos con el mundo es, a partir del Estado como actor fundamental, garante de los derechos del pueblo a su identidad, al acceso y a la producción de bienes culturales, generando capacidades para el desarrollo de la vida en comunidad.
Este sistema, reconocido mundialmente, está en peligro a partir del DNU y del proyecto de ley ómnibus que presentó el gobierno. Y seguirá en peligro si el Congreso acepta la delegación de la suma del poder público que consagra la ley. Porque podrán modificar algunos artículos, pero si el Presidente puede durante dos años ejercer funciones legislativas podrá luego realizar los cambios y las anulaciones que quiera sin necesidad de estar avalado por los legisladores y las legisladoras. Ante esta situación, el Congreso de la Nación tiene la capacidad de frenar este intento de darle más poder al poder.
Por eso es importante que la ciudadanía entrerriana sepa claramente qué opinan sobre este proyecto, sobre el atropello a la institucionalidad que representan el DNU y la Ley Ómnibus nuestras diputadas y diputados, Marcela Antola, Atilio Benedetti, Pedro Galimberti, Francisco Morchio, Gustavo Bordet, Carolina Gaillard, Tomás Ledesma, Blanca Osuna y Beltrán Benedit, así como los senadores Stella Olalla, Alfredo De Angeli y Edgardo Kueider. Ellas y ellos son representantes del pueblo y de los intereses de la provincia de Entre Ríos, ni del gobernador, ni de sus partidos, así tienen que ser responsables con sus decisiones y responder a sus representados.
(*) Ex Secretario de Gestión Cultural de la Nación, ex funcionario de las gestiones justicialistas en Entre Ríos.
Fuente: Página Política