En la Sesión de prórroga convocada para este jueves en el Senado provincial, ingresaron dos proyectos de ley del Poder Ejecutivo entrerriano: uno por el que se declara el estado de emergencia pública en materia educativa en el ámbito provincial y otro por el que se propician reformas al Código Fiscal y a la Ley Impositiva
El primero se presenta como el más urgente, en virtud del inicio del ciclo lectivo previsto para el lunes 26 de febrero. El Poder Ejecutivo pretende obtener autorización para realizar compras directas por vía de excepción para atender las urgencias edilicias de las escuelas.
Según un informe de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Escolar del Consejo General de Educación, que relevó sólo la mitad de las 1.436 escuelas de la provincia, hay 181 establecimientos educativos «con riesgo de inicio del ciclo escolar, lo cual representa un 23,5% del total informado».
«Es de esperar claramente que el número de los establecimientos puede verse incrementado, incluso duplicado si se confirma el dato porcentual mencionado, lo que implicaría un alto índice de matrícula de alumnos afectados por esta problemática, en un número aproximado de 31.500 estudiantes», se argumenta en los fundamentos del proyecto de ley que este jueves toma estado parlamentario en el Senado.
El texto precisa también el avance de las 49 obras escolares que están en desarrollo en toda la provincia, «9 intervenciones están en la etapa final con un 90% de avance físico, otras 20 están en una fase intermedia, con un progreso entre el 50 y el 90%. Sin embargo, 20 obras aún se encuentran por debajo del 50% de avance físico. Por lo tanto, resulta fundamental acelerar las construcciones finales, mantener el ritmo en las intermedias y abordar los desafíos en aquellas que están por debajo del 50%».
«Las consecuencias lógicas del paso del tiempo y las inclemencias climáticas soportadas por algunas zonas del territorio provincial, se une la ausencia de trabajos de mantenimiento para acondicionar lo deteriorado por el normal uso o acciones externas y prevenir mayores consecuencias que impidan el uso adecuado de las instalaciones y establecimientos en su conjunto», agrega.
«El tiempo disponible para encarar una solución a lo planteado es perentorio, razón por la que en esta primera etapa se deben encaran los trabajos de reparaciones de sistemas sanitarios, provisión de agua, techos, obras menores, instalaciones eléctricas y de gas, procurando brindar el máximo confort posible, seguridad y salubridad para educandos y educadores», sostiene el informe.
Fuente: Página Política
