Cuatro trabajadores del Registro Único de la Verdad, todos con más de 10 años de antigüedad, fueron dejados cesantes al vencimiento de un contrato que se había firmado, por dos meses, mientras el gobierno Rogelio Frigerio evaluaba qué hacer con estos empleados con contrato de servicio. Hoy, al vencimiento del plazo, quedaron sin empleo.

La decisión es el broche que cierra un proceso de “desmantelamiento” del organismo, según denunciaron los organismos de Derechos Humanos en una Carta Abierta al Gobernador que difundieron este jueves, previo a la confirmación de las cesantías de los trabajadores.

En este marco, exigieron la reincorporación de los despedidos y llamaron a manifestar este viernes 1 de marzo, a las 8, frente a la sede del RUV (Andrés Pazos 182).

“El movimiento de Derechos Humanos en nuestro país se fue conformando en la resistencia y al calor de las denuncias a prácticas represivas que se implementan desde el Estado, como una dimensión ética, a través del compromiso de sujetos y actores sociales que se fueron organizando para ponerle un límite al poder desaparecedor del Estado”, comienza la misiva al mandatario provincial.

“Este movimiento, del cual formamos parte, es uno de los más importantes de la región y exitoso en cuanto a movilización social, perseverancia, creatividad y conquistas en términos políticos; como así también, un movimiento reconocido en el orden internacional por haber enjuiciado y condenado a genocidas, sentando un precedente mundial”, dice el texto que ancla en este proceso la gestación del RUV en la provincia.

“Desde aquí, se logró, entre otras acciones, la creación del Registro Único de la Verdad en el año 2004, organismo provincial que busca construir la Memoria impulsando diversas actividades, comprometiéndose tenazmente en el juzgamiento de quienes fueron los responsables de los crímenes más atroces de nuestra historia contemporánea, crímenes que fueron calificados judicial y socialmente como crímenes de lesa humanidad perpetrados en el marco de un genocidio contra el pueblo argentino, acompañando a familiares y compañeros en la búsqueda de los cerca de 30 desaparecidos en la provincia y los más de 200 desaparecidos entrerrianos en el resto del país”, se destaca en la carta.

“El RUV en articulación con distintas áreas municipales de toda la provincia encontró anclaje en las realidades locales y trabajó conjuntamente en los intereses comunes, con aportes al archivo provincial de la memoria, trabajo en juicios de lesa humanidad, trabajo con EAFF (Equipo Argentino de Antropología Forense), en memoria y educación”, repasa el texto que advierte que hoy “a 20 años de su creación, vemos con estupor cómo el gobierno lleva a cabo el desmantelamiento de ese organismo del cual muchos de nosotros formamos parte y sentimos propio, no sólo por ser impulsores del mismo, sino también porque, como víctimas del Terrorismo de Estado, transitamos y hemos sido acompañados por las distintas políticas que desde allí se llevan a cabo a través del compromiso de sus trabajadores”.

 

Memoria

“Desde el Área Legal y de Investigación se impulsaron las causas por las cuales se lograron las condenas a 29 genocidas; se puso en marcha el Programa de Acompañamiento a Víctimas Testigos en juicios de lesa humanidad, que nos asistió en el tránsito de las declaraciones, dónde numerosas veces hemos puesto el cuerpo para narrar el inenarrable horror que nos atravesó y que desapareció a nuestros compañeros y compañeras. Ver cómo se desintegra y confunde funciones, no hace más que subestimar lo que significa, para víctimas y familiares, reconstruir la Memoria en el escenario judicial, una y mil veces, para lograr justicia por aquellos que no pueden estar presentes”, se denunció.

“En estos 20 años se logró construir el Archivo Provincial de la Memoria, el acervo documental más importante relacionado a la última dictadura militar, que recoge legajos, prontuarios, causas judiciales, como también parte de documental producido, en su momento, por quienes sufrieron los tormentos del Estado. Este archivo, no es un panteón, es la demostración cabal de lo que sucede cuando el Estado olvida su compromiso con los tratados internacionales en materia de derechos humanos y no pone en práctica políticas que se correspondan con ese compromiso”, subraya el texto.

“Este archivo provincial, se conformó recorriendo cárceles, comisarías, dependencias sanitarias, archivos judiciales; asistimos al reconocimiento de espacios que fueron centros clandestinos de detención, tortura y exterminio; trabajamos conjuntamente con el Equipo Argentino de Antropología Forense en la búsqueda del destino final de nuestros seres queridos”, manifiestan los organismos.

 

Acción

“En el RUV trabajamos en equipo, contando con profesionales en las áreas de archivología, legales, psicología, investigación y el campo de la comunicación. Desde el Área de Educación hemos realizado debates en escuelas y universidades, capacitaciones en DDHH en el Hospital Escuela de Salud Mental, la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental y en la Escuela de Policía de Entre Ríos, como así también a docentes de toda la provincia. Realizamos un Manual denominado «Entre Ríos de Memoria», acerca de la Dictadura nacional y provincial, que fue distribuido en escuelas secundarias y universidades, en acuerdos marcos con las mismas. Apoyamos y acompañamos las iniciativas de H.I.J.O.S., de Jóvenes por la Memoria, Teatro y Música por la Identidad”, continúa la carta.

“Desde el Área Identidad, esencial en el RUV, hoy desgarrada de su ámbito y llevada a la Secretaría de Justicia para unificarla con Identidad de Origen, hemos trabajado conjuntamente con Abuelas de Plaza de Mayo y Conadi, instancia que nos permitió recoger y cotejar innumerables muestras y dar respuestas a numerosas dudas de identidad. El destino que se le ha dado a esta área, nos resulta lamentable”, se añade.

“En la historia del Registro, los coordinadores fueron designados en común acuerdo entre el gobierno provincial y la Comisión Provincial de la Memoria, instrumento creado por ley que agrupa a numerosos organismos de derechos humanos de la provincia. En esta gestión, el camino fue muy distinto. Guillermo Mencho Germano, Prof. Griselda Maria Luz Piérola, Abg. Marcelo Boeykens, fueron los compañeros que tomaron la responsabilidad en estos años a propuesta de los organismos, con la responsabilidad de abocarse a toda la problemática de la dictadura”, se destaca.

 

Desconocimiento o decisión política

Para los firmantes del documento, “el gobierno provincial, por desconocimiento o por decisión política, le ha quitado a la Coordinación toda capacidad de gestión y de administración, dependiendo en todo del actual secretario de Justicia, Dr. Martín Acevedo Miño, que ha obturado toda iniciativa que pueda surgir del organismo”, se señala en el texto que denuncia la inestabilidad de los agentes para los que se confirmó este jueves la cesantía.

“Repudiamos las acciones inconsultas, arbitrarias, injustas, que pretenden borrar años de lucha. Exigimos que el RUV vuelva a funcionar con la calidad ética y el compromiso militante que lo venía haciendo y que se respeten las políticas de Estado en materia de DDHH por las cuales luchamos tanto”, se afirma en el texto que rubrican la Comisión Permanente de DDHH de Colón; la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Concepción del Uruguay; la Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos de Entre Ríos (Afader); Madres de Plaza de Mayo Gualeguaychú; e H.I.J.O.S. Regional Paraná.

Fuente: Página Política