Lo que parecía previsible no lo fue. En la Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político de la Cámara de Diputados se resolvieron este martes los pedidos de desafuero a Sergio Urribarri y Juan Carlos Darrichón.
El Frente para la Victoria, hace unas semanas, había adelantado que su voto era por la negativa y así lo dejó plasmado en su dictamen. Pero en Cambiemos hubo diferencias.
Un grupo de legisladores de la oposición estaban para votar en contra del pedido de desafuero al ex gobernador aunque a favor del que recae sobre el diputado diamantino. Finalmente se llegó a un acuerdo en la forma de votar y los opositores evitaron explicitar las diferencias hacia afuera, según reconstruyó Página Política. Rechazaban el desafuero a Urribarri Sergio Kneeteman, Fuad Sosa, Antonio Artusi, Gabriela Lena y Joaquín La Madrid (PRO). Argumentaban que las calumnias e injurias no ameritan una medida de esas características y, aparte, dejaba sentado un mal precedente: el de cuidarse al momento de emitir una opinión. Esteban Vitor (PRO) y María Alejandra Viola pretendían avanzar con quitarle los fueros.
En un primer momento se iban a votar las peticiones de Urribarri y Darrichón por separado, pero tras conocerse las diferencias en el bloque de la oposición se llegó a un acuerdo con el oficialismo de hacerlo en un solo acto. De esa manera el FpV rechazó la petición que hizo la Justicia, mientras que Cambiemos finalmente se expidió a favor de desaforar a los dos legisladores.
Idas y vueltas
El viernes 19 de agosto había ingresado en la Cámara de Diputados el pedido de la Justicia solicitando los desafueros de Urribarri y Darrichón, quien está imputado en una causa originada por su gestión como intendente de Diamante (2007-2011).
En el bloque opositor estuvieron a las vueltas. Primero dijeron que no sentarían posición hasta tanto tengan el expediente. Una vez que lo tuvieron en sus manos solicitaron una prórroga para analizarlo. En el medio, desde la UCR deslizaron que el caso por el que se peticionaba el desafuero a Urribarri era una causa menor. Es decir calumnias e injurias. El caso lo inició el abogado Guillermo Mulet tras un cruce mediático en el marco de la denuncia por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito.
En definitiva el oficialismo impuso su mayoría simple para no hacer lugar a la solicitud en el recinto.
