Los dirigentes Jaime y Emilio Martínez Garbino declararon este miércoles durante más de cuatro horas en la continuidad del juicio oral y público contra represores que actuaron en la zona este de la provincia de Entre Ríos durante la última dictadura cívico-militar.

Ambos fueron detenidos el 28 de octubre de 1976 en el domicilio familiar de Gualeguaychú por una patota de fuerzas conjuntas al mando del segundo jefe del regimiento, Gustavo Martínez Zuviría y estuvieron privados de su libertad en la Jefatura Departamental de Policía, la unidad militar local, la cárcel y luego fueron trasladados al Chaco, junto con otros detenidos políticos. Emilio fue liberado el 24 de diciembre de 1977, mientras que Jaime recuperó su libertad recién el 28 de mayo de 1978.

Los dos hicieron un minucioso relato de las penurias y atrocidades que les dispensó la dictadura y sobre el final de la jornada, Emilio se permitió destacar que “los derechos humanos son fundamentales y un elemento constitutivo de la sociedad civilizada” e inclusive apuntó que “atraviesan a las sociedades y trascienden a las personas y a los gobiernos”. Sin embargo, reconoció a Raúl Alfonsín por haber promovido el juicio a las juntas militares y también valoró al kirchnerismo por el impulso en la última etapa.

“Cuando se tomó la decisión de juzgar a las juntas fue una decisión de peligro militar, con una democracia frágil, pero significó un compromiso por la justicia y por la verdad”, dijo Emilio Martínez Garbino, que también destacó que la lupa judicial se pose sobre “otros sectores de la sociedad, más allá de los militares, para que esto nunca más vuelva a ocurrir”, sentenció.

Atrocidades

En el caso de Jaime, contó con detalles las feroces torturas a que fue sometido en un predio conocido como La Casita, que estima estaba dentro del mismo Escuadrón de Exploración de Caballería Blindada II, en proximidades del aeroclub de Gualeguaychú.

Allí fue llevado encapuchado y en ese lugar le ataron los pies y esposaron las manos a una cama con elástico metálico. Durante un tiempo que estima pudieron haber sido tres días recibió golpes, patadas, fue sometido a sesiones de picana eléctrica en distintas partes del cuerpo y una persona le caminó por encima suyo. Todo esto mientras lo interrogaban sobre actividades y personas con las que había militado en las Ligas Agrarias durante su estadía en la provincia de Corrientes, hasta 1975.

Con claridad y honestidad, Jaime Martínez Garbino aclaró que no podía precisar los nombres de sus verdugos, aunque dijo que podía inferir que Martínez Zuviría y el imputado Santiago Kelly del Moral habían conducido el interrogatorio bajo torturas a que había sido sometido en La Casita. Así sorteó las preguntas que en tono inquisidor formuló el defensor Ricardo Saint Jean ¬–hijo de Ibérico, interventor militar durante la dictadura e imputado por delitos de lesa humanidad en la provincia de Buenos Aires–.

“Yo no vi físicamente a mis torturadores”, dijo varias veces. Pero aseguró que “sin ninguna duda uno de los que estaba era Martínez Zuviría, a quien nosotros considerábamos como jefe de la represión y era quien decidía sobre nosotros, más allá de que el jefe del regimiento era (Juan Miguel) Valentino; y también estaba Kelly del Moral, porque era el otro al que nombraban en las sesiones de tortura, así que deduzco que ellos dos eran quienes manejaban la situación”, insistió.

El mismo derrotero siguió Emilio Martínez Garbino, y con ellos también Raúl Ingold. Inclusive los tres fueron trasladados en el mismo operativo a Resistencia, en avión, desde el aeroclub de Gualeguaychú, el 24 de marzo de 1977. “Nos subieron a un Hércules, nos pusieron esposas que salían desde el piso del avión en los pies y manos. No fue un viaje muy cómodo; íbamos sentados en el piso del avión y con la cabeza entre las piernas, de manera que no podíamos ver, aunque no estábamos encapuchados. Cuando alguien intentaba algún gesto, lo golpeaban”, recordó Emilio ante el tribunal.

En el banquillo

En la continuidad del debate oral y público, este jueves deberán comparecer los hermanos Víctor y Raúl, también detenidos durante la última dictadura.

En esta instancia, se juzgan los crímenes de lesa humanidad cometidos en la denominada Área Gualeguaychú durante la última dictadura militar. Cinco represores están imputados: el ex ministro de Interior Albano Harguindeguy; el ex jefe del regimiento Juan Miguel Valentino; el ex jefe de sección de esa unidad militar Santiago Kelly del Moral; y los policías provinciales Marcelo Pérez y Juan Carlos Mondragón.

Los imputados enfrentan acusaciones por los delitos de allanamiento ilegal de domicilio, privación ilegítima de libertad y aplicación de torturas contra nueve víctimas, y las desapariciones forzadas de Norma Beatriz González y Oscar Alfredo Dezorzi, secuestrados en agosto de 1976 en Gualeguaychú.