El caos en la prestación de los servicios públicos en Paraná, en los últimos meses de la gestión de Sergio Varisco, fue el caldo de cultivo para que la norma se empezara a pergeñar. Se añadió la urgencia por regular casos como la falta de colectivos durante dos semanas como pasó también en la capital provincial, lo que motivó otro de los puntos del proyecto de ley.
Tanto es así que el actual intendente, Adán Bahl, tuvo en la sanción definitiva de la ley su última acción al frente de la Cámara de Senadores. La entrada en vigencia de la norma pone en otras condiciones a su gestión. A la suya y a la de todos los intendentes de la provincia.
Lo cierto es que las condiciones, que la política no supo llevar a buen puerto, terminaron por volver sensata una ley que –desde la perspectiva sindical– es sin dudas una restricción fuerte al derecho de huelga.
La ley
La ley en cuestión declara como “servicio esencial” casi todos los que prestan los trabajadores municipales. Fue aprobada en Diputados, sin mucho ruido, por unanimidad y sin voces a favor ni en contra. Tuvo sanción definitiva en el Senado, el 27 de noviembre pasado, con votos del peronismo y de Cambiemos.
Sólo dos legisladores peronistas no votaron el proyecto en la última sesión de sus mandatos y aún cuando hoy ocupan el puesto de intendentes de sus localidades: René Bonatto, de Uruguay, ahora presidente municipal de Herrera; y Lucas Larrarte, hoy intendente de San Salvador y al momento de votar senador del departamento.
El artículo 1º de la norma -cuyo proyecto fue presentado en Diputados por el legislador de Tala, Juan Navarro– declara como servicio esencial “la recolección de residuos urbanos, tanto domiciliarios como patológicos, el servicio de potabilización y distribución de agua y el servicio de transporte público urbano de pasajeros y el cementerio -la inhumación, cremación, tumulación o entierro de cadáveres-, en todo el territorio de la Provincia de Entre Ríos”.
Se define, en el artículo 2º, al “servicio esencial” como todo aquel que “debe ser prestado de manera obligatoria y continua por quien corresponda, ya sea el gobierno provincial o local, y que de ninguna manera se puede suspender su provisión de forma tal que se ponga en peligro la vida, la seguridad personal o la salud de la totalidad o parte de la población”.
El artículo 3º prevé las condiciones de conflicto sindical. En esos casos, dispone que ante “medidas de acción directa que involucren actividades que puedan ser consideradas servicios esenciales, deberá garantizarse la prestación de los servicios esenciales a fin de evitar su interrupción”.
Huelga y derechos
Mario Barberán, titular de la Federación Entrerriana de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram) dijo a Página Política que han enviado nota al gobernador Gustavo Bordet para que no promulgue la ley que tuvo sanción definitiva el 27 de noviembre.
“Queremos que no se promulgue, o que se vete la ley. Pero obviamente no nos han contestado. Presentamos el planteo por escrito para que quede el antecedente. Vamos a esperar. Una vez promulgada, será otro cantar: nuestros asesores legales se están preparando para ir a la Justicia para pedir la inconstitucionalidad de la norma”, resumió Barberán.
“Iremos a los tribunales de la provincia, a nivel nacional y vamos a pedir también la intervención de la OIT porque esto vulnera el derecho de huelga. Y lo votaron por unanimidad, Cambiemos y los seudoperonistas, salvo dos senadores Bonatto y Larrarte”, disparó el sindicalista.
“Terminaron haciendo todo lo que habían dicho que no iban a hacer. Nos dijeron que íbamos a ser atendidos, que no iban a acompañar esto. Es decepcionante y preocupante porque no esperábamos este cachetazo y pensamos que es el inicio de una nueva escaladas de medidas que se puedan tomar”, advirtió.
–Tal vez lo que ha pasado en Paraná terminó por promover este tipo de medidas.
–Es que acá se termina la grieta. Se ponen de acuerdo enseguida para votar esto y no se ponen de acuerdo para ver qué le pasa a los municipales, cómo trabajar, si están capacitados, si cobran lo que les corresponde, si les renuevan o no los contratos, si hay ART. Para eso no hay debate ni hay acuerdo. Para votar esta ley sí.
El rechazo de la CTA
La CTA Entre Ríos, que encabeza el dirigente docente y concejal Sergio Elizar, reclamó que la ley “ha sido sancionada sin una instancia de diálogo con sindicatos y centrales sindicales”.
Para la organización, la norma tiene una redacción “difusa y confusa” en el artículo 2º a la vez que interpretó que el artículo 3º “abre la posibilidad de avanzar sobre el derecho a huelga de los trabajadores y trabajadoras”.
“Desde nuestra Central, tal lo resuelto en el Plenario realizado el día martes en Colón, reclamamos de manera enfática que se revea inmediatamente esta norma y no se ponga en duda peligrosamente el derecho a huelga de trabajadores estatales y susceptible de abarcar otras actividades, en momentos en que nuestro pueblo ha determinado en las urnas el regreso de políticas de estado que pongan el centro en los trabajadores y en su ampliación de derechos”, aseveró la organización que reclamó a la provincia “que “habilite un diálogo efectivo con los trabajadores y sus organizaciones”.
