El turismo carcelario lo llevó a José Daniel Irigoyen (actual coordinador del Área Programas Especiales del Ministerio de Salud y Acción Social provincial) a conocer gran parte del Litoral argentino entre noviembre de 1974 y diciembre de 1978: Paraná, Gualeguaychú, Coronda, nuevamente Paraná y Resistencia lo vieron desfilar por sus prisiones en los peores años del terrorismo de Estado.

Militante de raíces cristianas, Irigoyen desarrollaba una intensa tarea social y política en el barrio San Agustín de la capital entrerriana cuando fue privado de su libertad, el 28 de noviembre de 1974, en tiempos en que todavía gobernaba el peronismo. Su detención se puede dividir en dos etapas: previo al golpe militar las condiciones eran flexibles, pero a partir del 24 de marzo de 1976 las cárceles comenzaron a poblarse de presos políticos y también arreció una fuerte represión dentro de los presidios.

El dirigente nunca fue acusado y permaneció detenido sin proceso, aunque a punto estuvo de ser incorporado como imputado en el consejo de guerra en el que fueron juzgadas alrededor de sesenta personas por el atentado contra el general Jorge Cáceres Monié, a pesar de que cuando se produjo ese hecho ya estaba detenido. En esa parodia se dictaron 42 condenas, pero fueron declarados prófugos Norma Beatriz González y Oscar Alfredo Dezorzi, que ya habían sido secuestrados y estaban desaparecidos.

Al respecto, aportó como dato lo que le contó una compañera, que estando secuestrada en el Batallón de Comunicaciones del Ejército, vio pasar dos veces a una persona que asegura que era Dezorzi. Esto ocurrió el 18 de agosto de 1976, es decir, ocho días después de su secuestro en Gualeguaychú.

Irigoyen mencionó también a Santiago Kelly del Moral, que era jefe de sección en el Regimiento de Gualeguaychú y hoy está imputado en el juicio. “Lo conozco porque estaba a cargo de los operativos de traslado de un penal a otro. Tenía trato con los presos, aunque era más un destrato, porque nos pegaban, nos humillaban, rompían nuestras ropas y con eso nos vendaban, para demostrar el poder que tenían”, dijo.

Tormentos
“Me quisieron hacer firmar una declaración sin leer, pero me negué. Hasta ese momento no había recibido torturas, pero sí golpes y una arenga de parte del director de la cárcel de Paraná (José Anselmo Appelhans)”, relató ayer ante el Tribunal Oral Federal, en el juicio por delitos de lesa humanidad contra seis represores que actuaron en la denominada Área Gualeguaychú durante la última dictadura.

Como rechazó los términos de esa declaración autoincriminatoria, comenzaron los tormentos y vejámenes: “Yo no firmé, entonces me golpearon, me pegaron patadas, me sumergían la cabeza en el agua, varios simulacros de fusilamiento…”, contó.

“Una noche me fueron a buscar, me pusieron dos capuchas, me tiraron arriba de una camioneta y empezar a andar como en zig-zag para intentar despistarme. Yo me di cuenta que estábamos en el mismo lugar y que me llevaron a la casa del director, que era un espacio de torturas, fuera de los límites de la cárcel. Ahí me estaquearon sobre el elástico de una cama metálica y me aplicaron la picana en las partes más sensibles del cuerpo, debajo de los brazos, en los genitales, pero antes me cubrieron con una toalla mojada, porque decían que no me tenían que quedar marcas”, relató.

Irigoyen también reconoció a varios de sus verdugos: “El que torturaba era (Osvaldo Luis) Conde. No le molestaba que lo vieran y no se ocultaba.

Los otros impostaban la voz y no se dejaban ver; había uno que hacía el papel de bueno y me pedía que colabore, que sabía que yo no había hecho nada; otro hacía de malo; también había gente de otras fuerzas, como (Jorge Humberto) Appiani y una persona seseosa, a ellos pude reconocerlos; cuando dejaban de torturarme y me dejaban levantar la capucha para leer la declaración, también pude ver que estaban (Carlos Patricio) Zapata y (Alberto) Rivas; y sé que había un médico que participaba de las sesiones de tortura”.

Y hubo más: “Cuando uno recibe descargas de corriente eléctrica constantes, el cuerpo continúa temblando aún después de la picana; en un momento, estando acostado, se soltaron las ataduras de un brazo y le dio corriente a Conde. Se enojó tanto que hizo que me ataran pero parado y comenzó a darme patadas en los genitales”.

Sin embargo, destacó que la solidaridad y el compromiso se hizo más fuerte en el tiempo que permaneció privado de su libertad: “Yo conocí los mejores amigos en la cárcel. No pudieron quebrarnos, a pesar de que probaron distintas metodologías: tortura psicológica, física, picana y después directamente no nos daban de comer”.

Monseñor

Irigoyen era un seminarista y desarrollaba su actividad social con pleno conocimiento de la Iglesia en el barrio San Agustín. “Nosotros entendíamos que ser cristianos era militar en política”, explicó ayer ante el tribunal.

Según dijo, “monseñor (Adolfo) Tortolo conocía nuestro trabajo” y reiteró que el arzobispo de Paraná y vicario castrense era cómplice de la represión ilegal. “En una de las visitas que hizo a los presos políticos, le contamos de las torturas en la cárcel; entonces quiso entrar y cuando un guardia le dijo que no podía por órdenes del general (Abel Teodoro) Catuzzi, Tortolo le contestó que entraría igual, y entró”, contó Irigoyen dando cuenta del poder que tenía el prelado en esos años. Más aún, aseguró que “Tortolo sabía de las torturas e hizo la parodia de entrar a la cárcel a ver a los presos”.

Irigoyen recordó también que el día anterior al golpe dio misa a los presos políticos de Gualeguaychú, les anticipó lo que vendría y hasta les hizo una advertencia: “Conozco bien al muchacho que viene a hacerse cargo de todo esto, es oro en polvo, Rafael Videla. Si ustedes no ponen bandera de remate, no les va a pasar nada”, les dijo Tortolo.

Mondragón, el de la foto

En el inicio de la jornada declaró Alfredo Eduardo Ressel, que se desempeñó como administrador del cementerio municipal de Gualeguaychú en 1976 y 1977. El hombre recordó un episodio que le llamó la atención: cuando arribaron a la ciudad los restos de Patricia Guastavino, se acercó el entonces jefe de Seguridad y Operaciones de la Policía, Juan Carlos Mondragón, para solicitarle una escalera que le facilite subir a los techos para sacar fotos de la ceremonia. La joven había sido asesinada en La Plata el 22 de diciembre de 1976 y sus restos fueron sepultados en Gualeguaychú. Ressel supone que la comisión policial que encabezaba Mondragón estaba interesada en tomar imágenes de la gente que acompañaba el cortejo.

Otro hecho curioso que ocurrió en esos años fue con unos restos NN que habían aparecido en el balneario Ñandubaysal y llegaron al cementerio en una bolsa, traídos por un patrullero. Años después, ya recuperada la democracia, Emilio Martínez Garbino, como intendente, ordenó su preservación. Ressel dio cuenta de ello. En 2010 los restos fueron entregados al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para cotejar si pertenecen a una víctima de la dictadura. Se tomaron muestras genéticas, pero aún no hubo resultados.