Con el acompañamiento de funcionarios y militantes entrerrianos, comenzó este martes en Rosario el primer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en San Nicolás, donde se investigan -entre otros- los asesinatos de la familia Amestoy Fettolini, oriunda de Nogoyá.
“La verdad que estamos muy felices, porque es una lucha que nos ha llevado mucho tiempo: 35 años en los que no creímos que fuera posible la justicia; en que las leyes de impunidad no lo permitieron, y que hicieron que los genocidas queden libres y hoy afronten el juicio en su vejez, con los beneficios que la justicia les da”, expresó Florencia Amestoy. “A pesar de esto, creemos que es un día histórico. Estamos muy felices no sólo como familiares, sino también como pueblo. Entender que es posible estar en paz y que llegue la justicia para nuestros familiares, a pesar de que hay sentimientos encontrados en esto: uno querría haber crecido junto a María Eugenia y Fernandito y haberlos conocido como eran realmente, pero nos queda pelear por justicia para ellos”, agregó.
María José Amestoy, en tanto, destacó el hecho de que parte del juicio se desarrolle en San Nicolás, donde ocurrió la masacre en la que fueron asesinados sus familiares. “Era el lugar donde debía ser”, manifestó.
Dolor y espanto
Los integrantes de la familia Amestoy Fettolini fueron asesinados el 19 de noviembre de 1976, en lo que se conoció como La Masacre de la calle Juan B. Justo. Aquel día, entre las 5 y 6 de la mañana, militares, la Policía Federal, la Policía de la provincia de Buenos Aires y de Santa Fe asaltaron en un operativo conjunto la vivienda donde perdieron la vida el matrimonio y sus dos hijos, como así también Ana María Granada, madre de Manuel Gonçalves, el único sobreviviente. El joven, entonces de cinco meses, recuperó posteriormente su identidad y hoy es querellante en la causa.
Los imputados por este episodio son Jorge Muñoz -que tiene como defensora a Valeria Corbacho-, Manuel Fernando Saint Amant –cuya defensa es ejercida por Hernán Guillermo Vidal- y Antonio Federico Bossié -defendido por Mariana Grasso-.
Los querellantes son Manuel Gonçalves Granada y Mario Alfredo Amestoy, hermano de Omar, representados por el Equipo Jurídico de HIJOS Rosario. También la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires en la persona de Sara Cobacho, con letrado del Programa de Investigación y Memoria y la Secretaría de Derechos Humanos de Nación representada por Ana Oberlin.
En el mismo juicio se juzgan nueve desapariciones de militantes de la Juventud Peronista-Montoneros, ocurridas entre abril y mayo de 1977, como así también el caso de José María Mastroberardino, el locatario de la casa donde vivía el matrimonio Almada-Spotti, víctimas del segundo de los casos.
El Tribunal Oral Federal número 2, encargado del juzgamiento, está compuesto por Omar Digerónimo, Beatriz Caballero de Barabani y Jorge Venegas Echagüe. La fiscal, por su parte, es Adriana Saccone, mientras que Juan Patricio Murray será su fiscal coadjuvante.
Presencias
El subsecretario de Derechos Humanos de Entre Ríos, Julián Froidevaux, viajó a Rosario para presenciar el inicio del juicio oral y acompañar a los familiares.
El pasado jueves se realizó en Nogoyá un homenaje a la familia Amestoy, de la cual también participó el funcionario.
En el inicio de la jornada también estuvieron presentes los nietos recuperados Victoria Montenegro, Horacio Pietragalla y Sabrina Gullino, la melliza nacida en el Hospital Militar de Paraná en 1978.
Pablo Llonto, periodista y abogado querellante en causas por delitos de lesa humanidad, estuvo acompañando a los familiares y amigos de las víctimas en el comienzo del tercer juicio desarrollado en Rosario por crímenes ocurridos en la última dictadura cívico-militar.
