El ex senador nacional Edgardo Kueider fue condenado a dos años de prisión en suspenso por un tribunal paraguayo por el delito de tentativa de contrabando, aunque el proceso podría no estar concluido, ya que el fiscal que llevó adelante el caso anticipó que evalúa ampliar el encuadre legal, incorporando otras modalidades previstas en la legislación del vecino país.
El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos de Paraguay le impuso a Kueider una pena de dos años de prisión en suspenso; mientras que Iara Guinsel Costa, secretaria del ex senador, fue condenada a un año y diez meses. En ningún caso deberán cumplir la condena en una cárcel, aunque tampoco quedarían en libertad. Por el momento, permanecen bajo arresto domiciliario y con tobillera electrónica.
Kueider fue detenido el 4 de diciembre de 2024, cuando pretendió ingresar a Paraguay a través del Puente de la Amistad, que conecta Ciudad del Este con Foz do Iguazú, con 201.102 dólares, 640 mil guaraníes y 3,9 millones de pesos argentinos sin declarar.
El arresto motivó su expulsión como senador nacional y en pedidos de extradición a Argentina para responder en otras causas, una de ellas por supuesto enriquecimiento ilícito que tiene a su cargo el fiscal José Arias en Concordia.
“Cuando un particular introduce dinero extranjero sin efectuar la declaración correspondiente, no solamente incumple un deber administrativo, sino que introduce una mercadería al territorio aduanero al margen del procedimiento legalmente establecido”, resaltaron los jueces Elsa García, Adriana Planás y Matías Garcete Piris, en una sentencia dictada por unanimidad, según el diario paraguayo ABC.
Para el tribunal, las conductas de Kueider y Guinsel Costa constituyeron un delito de tentativa de contrabando, ya que el ingreso del dinero no fue declarado al cruzar la frontera, aunque no se llegó a concretar una transacción ilegal posterior.
Pero el fiscal Ysrael Villalba había advertido en su alegato que todavía evalúa ampliar el encuadre legal del caso, incorporando otras modalidades de contrabando previstas en la legislación paraguaya, además de la tentativa de contrabando de divisas.
Durante todo este tiempo, el ex senador ha dicho que el dinero que le fue confiscado a su ingreso al vecino país corresponde a “fondos que no provienen de ilícitos y tampoco provienen de Argentina”. Si bien no dio precisiones, rechazó que el dinero proviniera de una coima por su voto a favor de la Ley Bases. “No hay ningún ilícito, no hay plata proveniente de ningún delito”, insistió en una entrevista con Plaza Mansilla.
Durante el juicio, declaró que “la imputación de contrabando de dividas no constituye para nada un delito porque para eso hay una ley específica, que es la Ley Número 1.015 de la Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes), que establece cuál es el procedimiento, especialmente cuando se trata de dinero, y para nada determina que se dicte prisión preventiva ni siquiera confiscación”. Su argumento es que el dinero con el que ingresó a territorio paraguayo no debe ser considerado como mercadería. Por eso adelantó que apelará la condena.
En la Argentina, Kueider enfrenta dos expedientes por supuesto enriquecimiento ilícito. Uno tramita en el Juzgado de Garantías Número 2 de Concordia y otro en el Juzgado Federal de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado, quien solicitó la extradición.
La investigación que tiene bajo la lupa a Kueider en San Isido es un desprendimiento de otra que lleva adelante Arroyo Salgado por el supuesto pago de coimas a funcionarios públicos que habría hecho la multinacional Securitas para sostener contratos de vigilancia y seguridad con Enersa y otros organismos. En un principio no aparecía el nombre de Kueider, hasta que un periodista se presentó ante el fiscal Fernando Domínguez con recortes periodísticos y un escrito pidiendo que se investigue al ex senador por presunto enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias y lavado de activos.
Paralelamente, el fiscal de Concordia José Emiliano Arias tiene a su cargo una investigación por enriquecimiento ilícito, que involucra a Kueider y personas allegadas. En su momento, el juez de garantías Edwin Ives Bastián rechazó el pedido de Arroyo Salgado para que le remitan el expediente y ratificó la competencia de los tribunales provinciales, lo que abrió la puerta a un conflicto de competencia.
Fuente: Página Política
