Se lo recomendaron ni bien se conoció dónde había recaído la denuncia, pero prefirió no hacerlo por entender que se iba a leer como una actitud de obstrucción. Intuición política, que en este caso no sirvió.
Gustavo Bordet decidió recusar al fiscal José Arias luego de ver en algunos medios de prensa de Concordia, donde tramita la causa, información sesgada que lo perjudica y se pretende instalar una hipótesis.
El ex gobernador no está imputado pese a todas las medidas que se llevaron adelante en un legajo cuya apertura data de febrero de 2024, incluyendo el disparatado allanamiento a una hija. El carácter de sospechoso hace que la recusación la tenga que resolver el juez de Garantías. En este caso Ives Bastián. De haber estado imputado lo tendría que resolver el procurador Jorge Amilcar Luciano García, que se ha propuesto perseguir a Bordet hasta donde la reforma previsional se lo permita.
El diputado nacional por el justicialismo ofreció los teléfonos de él y su esposa diputada provincial Mariel Ávila, pero no se pueden abrier hasta tanto lo autoricen las respectivas cámaras legislativas de la provincia y Nación. También anunció que no se amparará en los fueros, pero todo eso debe resolverse si el denunciado está imputado.
Uno de los elementos que esgrime la defensa en la figura de Jorge Romero es la relación de Arias con el intendente de la ciudad, Francisco Azcué, quien antes de volcarse a la política se desempeñaba como fiscal. Esa relación, probablemente amistosa, es propia de cualquier comunidad entrerriana. En 2014 el entonces vocal del Superior Tribunal de Justicia, Emilio Castrillón hizo un encuentro festivo en La Paz donde reunió desde García hasta su par Claudia Mizawak, José Allende y Domingo Daniel Rossi.
Por estas horas circula un video de Azcué certificando virtuosismo en el acordeón con Arias como espectador en la misma mesa. Es un encuentro en el domicilio del intendente radical, a propósito del cumpleaños, el 3 de mayo pasado.
En el sitio oficial de la Municipalidad aparece Héctor Daniel Ambros, quien firma la denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito de Bordet, junto a Azcué en una actividad de gestión donde el empresario denunciante fue favorecido con una medida impositiva en la firma Apícola Danangie. Nada raro.
Todo esto no cobraría importancia si no fuese que Bordet sigue siendo una figura política relevante en la provincia y no ha decidido dar un paso al costado, sino que está trabajando en la ciudad y probablemente esté en una lista el año que viene.
Mientras tanto, el proyecto de reforma del Código Procesal Penal va de despacho en despacho, entre Casa de Gobierno y tribunales, hace un tiempo largo. García no está de acuerdo con algunas de las reformas. La más sensible, que establece plazos razonables. Se entiende, en el organismo que conduce se ha ido perdiendo la razonabilidad.
Fuente: Página Política
