La jueza Gabriela Mastaglia, vocal de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Nº 2 de Paraná, dio otro paso en el conflicto planteado por la existencia de una chatarrería, propiedad de la concejal libertaria, Romina Todoni, que funciona en Avenida Circunvalación y Brown.
La magistrada dispuso la clausura de la planta de tratamiento de residuos, medida que hace efectiva este martes la Municipalidad, y la presencia policial en el predio para garantizar el cumplimiento de la decisión. En los fundamentos, Mastaglia advierte el incumplimiento de la empresa, “Las 3E” SRL, de la sentencia del 29 de julio de 2024 en el marco de una causa iniciada por vecinos de la firma.
La jueza, además, intimó a la empresa para que “en el plazo de cinco días” disponga el traslado de los residuos, bajo apercibimiento de la imposición de multas por 200 mil pesos diarios.
“Claramente, se hace visible la voluntad de afectar al sector privado”, cuestionó la edil afectada por el fallo. “Afectan la actividad privada al 100 por ciento. No le dan ninguna alternativa a una empresas de 40 años. Están cerrando una fuente de trabajo. Hace más de 5 años que estamos pidiendo saber en qué lugar podemos instalar la planta”, cuestionó Todoni que, en su momento, pidió radicar la empresa en el Parque Industrial entre otras alternativas pero sin respuestas.
“¿Dónde pretenden que lleve esta mercadería? ¿Al basural a cielo abierto?”, remarcó la titular de la firma que tiene 25 empleados y que, mientras funcionó, recibía la recolección diaria de “entre 200 y 300 personas que venían a vender el material”. Contó que esas personas “hoy recurren a otra chatarrería, que funciona con sucesivas prórrogas” pero también “sobreviven yendo a compradores informales que nadie visita, nadie intima, y que todos conocen”.
“La ciudad necesita estas empresas. Funcionan perfectamente en Santa Fe. Hay ejemplos modelos en Rafaela, en Cerrito. Pero en Paraná, no hay reglas para evitar que se siga tirando residuos al basural a cielo abierto”, cuestionó Todoni que cargó las tintas contra el municipio pero también contra la provincia “que le carga la responsabilidad a la ciudad”.
“Están terminando con las empresas. No se ve la voluntad de cooperar. Nos clausuran, nos multan y hace años seguimos esperando que nos indiquen cuál es el lugar para trabajar con material reciclado”, insistió.
Fuente: Página Política
