Por Gustavo Cusinato
presidente del bloque radical de diputados
@GustavoCusinato
La causa judicial que tiene en el centro de la escena al ex diputado y gremialista José Angel Allende está hoy bajo la lupa mediática y de todos los ciudadanos porque su desenlace pone a prueba la fortaleza ética de un Poder Judicial sospechado, la política criminal del Ministerio Público Fiscal y el valor de un precedente que puede ser peligroso para la ya herida credibilidad de las instituciones provinciales.
El ex legislador imputado ha cerrado un “acuerdo” con la Fiscalía que investiga los delitos de enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública además de una causa por amenazas y otra por violencia de género que ninguna relación guardan entre sí que se le endilgan al viejo dirigente gremial aparececiendo asi frente al hombre común como una estafa cívica –una más- que lo trompea sin aviso y que escandaliza al más común de los sentidos.-
La figura que se usará es el llamado “Juicio Abreviado”, un procedimiento especial previsto en el Código Procesal Penal que le permite al imputado de un delito arribar a un acuerdo judicial con el Fiscal que lo investiga evitando de este modo someterse a un juicio oral y público, a cambio de lo cual confiesa su autoría o participación en el o los hechos ilícitos que se le atribuyen y “pacta” una pena con su acusador, además de un modo de reparación del daño causado a la víctima.- Puede imaginarse sin demasiado esfuerzo cómo serán de gravosas las pruebas que habrían de producirse en un juicio oral si de antemano se aceptan que las “evidencias de cargo” ya acumuladas por los fiscales motivan a la defensa de Allende a un “cambio de estrategia” para cerrar un acuerdo.
Claro que para que esta cuestión penal haya podido cerrarse necesitó inexorablemente de dos condiciones:
1) Que un fiscal haya estampado su firma en el acuerdo de confesión condicionada y transacción económica, al devolver bienes de origen espurio, dinero malhabido o injustificadamente adquirido;
2) Que un Juez de Garantías homologue ese acuerdo, es decir, lo apruebe en una audiencia judicial después de pedirle al acusado su aceptación del convenio.
Aquí, en el reino de la permisividad y el garantismo, no existen limitaciones ni por el tipo del delito imputado ni por la gravedad de la pena que tiene asignada en el Código Penal.- En fin, que dá lo mismo que al abreviado lo pida un homicida confeso, un pederasta que reconoce su pecado, el ladrón de una garrafa que admite su inconducta, o un funcionario corrupto que acepta los hechos imputados y su culpabilidad.
Una causa judicial que se inició por una investigación periodística y que ya lleva años de investigación, que no tiene a la Oficina Anticorrupción del Gobierno Provincial como querellante (acusador particular que representa a la víctima) porque el mismo Código Procesal Penal se lo impide y frente a la inexistencia de una Fiscalía Anticorrupción que obligó a crear el art. 208 de la Constitución Provincial reformada en 2008 y que aún brilla por su ausencia, pone la pelota en el campo del Procurador General de la Provincia, el Dr. Jorge Amílcar García y su adjunta la Dra. Cecilia Goyeneche, quien tiene asignada por ley el diseño de la política criminal y la persecución penal del Ministerio Público Fiscal.
El Juez o Tribunal de Juicio no está obligado a homologar el acuerdo que suscribieron imputado y Fiscal.- De hecho, puede rechazarlo fundadamente si entiende necesario ampliar el conocimiento de los hechos que se han investigado hasta el momento por la Fiscalía (por ejemplo, porque quiere saber si los hechos denunciados pueden caer bajo otra figura penal) o porque discrepa con la calificación legal de los delitos que acordaron acusadores y acusado (por ejemplo, han convenido calificar como negociación incompatible con la función pública lo que para el juez aparece como cohecho o tráfico de influencia).- A lo que puede agregarse otra causal: un acuerdo groseramente arbitrario estimado contrario a derecho o que se aparte de los hechos objeto de la investigación penal o que constituya un fraude legal.- En este caso el propio Juez podría anularlos de oficio.
Este caso sentará un precedente y si las sospechas del ciudadano de a pie se confirman, varios funcionarios o ex funcionarios públicos podrán quedarse tranquilos frente a investigaciones criminales en curso, porque la “impunidad legal” estará garantizada.- Tal vez sea tiempo de que se adecúe nuestro código procesal penal para que estos procedimientos abreviados no puedan aplicarse a los casos de delitos de corrupción o, aún siendo comprendidos en él, su aplicación sea más rigurosa o más gravosa para el delincuente confeso de delinquir contra el Estado, es decir, contra todos nosotros.
No debiera escapárseles a todos los hombres y mujeres públicos que el artículo 37 de la Constitución Provincial, que juraron cumplir y defender, establece que “Los funcionarios y empleados de los tres poderes del Estado, de los municipios y de las comunas, sirven exclusivamente a los intereses del pueblo. Deben observar, en el ejercicio de sus funciones, una conducta acorde con la ética pública, la que constituye un valor social que hace a la esencia misma del sistema republicano”.
Comenzar a honrar este mandato sería un mensaje que oxigenaría el clima enrarecido que sobrevuela sobre nuestra Justicia.
