La Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A) de Entre Ríos repudió las manifestaciones del Jefe de Policía, Gustavo Maslein.
“La banalización por su parte de un tema de seriedad profunda, como es el de los Derechos Humanos, no hace más que corroborar una concepción totalmente opuesta a la construcción doctrinaria universal, expuesta principalmente a partir de de los juicios de Núremberg y que en Argentina tuvo especial capítulo en los juicios a las Juntas militares y los represores de entonces. Juicios en los que todavía se batalla, los cuales tienen origen en las violaciones sistemáticas del derecho a la vida y la integridad de las personas, cometidas por la estructura estatal en el período 1976-1983 de manos de quienes en su nombre ejercían la violencia a su antojo e impunidad”, remarcó la organización que conduce el secretario General de ATE, Oscar Muntes.
En el texto, que también rubrica Víctor Sartori como secretario de Derechos Humanos de la CTA-A, se manfiestó: “No puede, ni debe, el Sr. Jefe de Policía, ni nadie con responsabilidades institucionales, con el argumento de defender el accionar policial y de sus subordinados, que pudieron haber actuado o no dentro de la legalidad, afirmar, en una clara actitud despectiva, que los Derechos Humanos son ‘para el delincuente’. Los derechos humanos, expresamos desde aquí, son atributos de todas las personas más allá de sus particulares condiciones y es el Estado, justamente, quien debe garantizar que se respeten y respetarlos por sí mismo como primerísima premisa”, definió la organización social.
“Llama poderosamente la atención, por la enorme responsabilidad que implica, que tales expresiones provengan de quien se encuentra en la cúspide de la estructura orgánica policial. Supone esto también poner en franco debate los dudosos resultados, en este aspecto, de un sistema educativo y de formación profesional que evidentemente deben revisarse y cuyos resultados pueden verse en la actualidad en casos de violencia institucional y de gatillo fácil”, manifestó la CTA que en este sentido, instó a “recalcar hasta el hartazgo que las violaciones a los Derechos Humanos sólo pueden provenir del Estado y de quienes actúan en su nombre, con el uso de los medios y la organización que este provee y que por esa sola circunstancia merece una especial atención de agravamiento y consideración. Lo demás, es decir las acciones ilegales que cometen los particulares, son delitos y estarán sometidos a las disposiciones legales y judiciales que correspondan”.
Finalmente, Muntes y Sartori exigieron “las medidas concretas tendientes a corregir inmediatamente las expresiones públicas de quien con la investidura institucional que detenta, dirige la fuerza pública provincial y a cuidar con estricto celo los derechos de todos los habitantes, inclusive de aquellos que aún bajo sospecha o condenados penalmente son sometidos a la persecución y detención policial”.
Fuente: Página Política
