En un contexto álgido, como el que se plantea con la desaparición de Santiago Maldonado y la persistente violencia contra el pueblo mapuche en la Patagonia, el Congreso se aboca a debatir una nueva prórroga a la Emergencia Territorial para los Pueblos Originarios en el país.
El impasse de cuatro años tuvo media sanción en el Senado de la Nación. El nuevo plazo se fijó en una pulseada dura entre oficialismo y oposición ya que Cambiemos propiciaba reducirlo a la mitad. Ahora, fue girada la iniciativa para su tratamiento a Diputados.
Desde Entre Ríos y Paraná, partidos de izquierda rubricaron un documento que fundamenta el planteo y exige escrituración de los terrenos a los pueblos originarios, entre otros puntos. Firman el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) y el Partido del Trabajo y el Pueblo (PTP) entre otras organizaciones sociales y gremiales.
Fundamentos
En el texto, solicitan la prórroga de la Ley 26.160 de Emergencia territorial que hoy cuenta con media sanción. Se afirmó que el Estado ha plasmado los derechos de los pueblos originarios en el artículo 75 inc 17 de la Constitución Nacional, reconoce su preexistencia étnica y cultural, garantiza el respeto a su identidad, la posesión y propiedad comunitaria de sus comunidades, la regulación de entrega de tierras aptas para su desarrollo.
Se apunta que además se sancionó la Ley Nº 23.302 sobre Política Indígena y apoyo a las Comunidades Aborígenes, norma en la que se contempla la “adjudicación en propiedad a las comunidades indígenas existentes en el país, debidamente inscriptas, de tierras aptas y suficientes para la explotación agropecuaria”.
Del mismo modo, se firmaron convenios internacionales, como el 169° de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde se expresa el compromiso de tomar medidas que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos y a no “emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados” (Ley Nº 24.071).
Se argumentó además la adhesión a la Declaración de las Naciones Unidas del año 2007 sobre los derechos de los pueblos indígenas aun cuando se haya “incumplido en gran medida” en la materialización y consecución de estos derechos en múltiples aspectos.
Se menciona en este sentido “el incumplimiento en la adjudicación de tierras; el permanentemente abuso, persecución, asesinato de los habitantes de estos pueblos; el despojo y la contaminación de sus tierras por parte de los sectores económicos concentrados y del mismo Estado que se ha erigido en represor, persiguiendo sus luchas sociales a pesar del justo reclamo y del hecho de que las reivindicaciones reclamadas”.
Se añade en el documento que el Estado tampoco cumplió con lo previsto por la Ley 26.160/06 que proyectaba, en un plazo no mayor a tres años, llevar a cabo un relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las 1532 comunidades originarias, trabajo dirigido por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
“Este relevamiento sería una condición indispensable y un paso previo para la posterior adjudicación de tierras a las comunidades. La Ley prevé
también que, mientras dure este proceso, el Estado no podrá desalojarlas de sus territorios ancestrales. Pero, la Ley se ha venido prorrogando porque el relevamiento se ha cumplimentado en un escaso porcentaje. Actualmente, solo se ha registrado alrededor de un 30 % y se ha comenzado a relevar otro 10 % aproximado”, aseguran los firmantes del texto que informa que la última prórroga vence el 23 de noviembre de 2017. Cumplido dicho plazo, alrededor de un 60 %, o sea cerca de 1072 comunidades, corren peligro de ser despojadas de sus tierras, a lo que se suma otras comunidades que jamás podrán tener acceso al derecho a sus territorios.
Planteos
En este marco se pidió la prórroga que trata el Congreso de la Nación, que se cumpla con la titulación de las tierras de los pueblos originarios, se respete “el derecho a la autodeterminación de los pueblos, se termine con todo tipo de acción represiva hacia los pueblos originarios, así como las torturas, amenazas y privaciones ilegítimas de la libertad a los que son sometidos a causa de la lucha por sus derechos”.
Se pide además “la libertad de todos los presos políticos pertenecientes a los pueblos originarios que luchan en defensa legítima de sus derechos, víctimas de causas armadas por parte de las fuerzas represivas” y que se termine con “la estigmatización y criminalización de las luchas sociales de los pueblos originarios, hecho que ha generado el repudio en diversos sectores de la sociedad que desconocen su situación real de marginación y persecución”. En este mismo sentido, los firmantes repudiaron dichos de funcionarios y medios de prensa que “han tergiversado información con el fin de justificar el despojo y la represión a las comunidades mapuches y de muchas otras silenciadas por los medios”.
El documento, que concluye con un pedido de esclarecimiento de la desaparición de Santiago Maldonado y un compromiso de apoyo a los planteos de la familia del joven, insta finalmente a “realzar el valor de los pueblos originarios que despliegan sus actividades productivas respetando y protegiendo la naturaleza, partiendo el paradigma que aportan al desenvolvimiento actual de la sociedades, desde el amor a la tierra y el buen vivir, y el desarrollo en equilibrio con el resto de los seres de nuestro planeta”.
Firmantes
Firman el documento, además de las fuerzas mencionadas, las siguientes: Autoconvocados, Cátedra Abierta de Soberanía Alimentaria (UADER –
FHAYCS), Colectivo Cimarrón, Educadores barriales, Barrios de Pie, Forestar vínculos, Eco Urbano, Graduados al Frente (UADER), Indignados en UADER y UNER, La Tribu del Salto, Agmer Paraná, Foro Ecologista de Paraná, Colectivo El Espiral, Espacio Libertario Paraná, Partido Obrero (PO), JCR, CEPA, Coordinadora de Comunidades Charrúas (Codecha), Agrupación Estudiantil de la Facultad de Psicología (UADER) “Nueva Corriente”.
