La discusión se inició temprano, a los inicios de la larga sesión que desarrolló este martes la Cámara de Diputados. Tras la aprobación de los 580 pases a planta impulsados por la UPCN que conduce el presidente del cuerpo, José Allende, los legisladores empezaron a tratar el proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo a utilizar la contratación directa por vía de excepción para la comprar de materiales, herramientas e insumos necesarios para la ejecución del programa nacional “Ingreso Social con Trabajo-Argentina Trabaja”, y a través de la Unidad Ejecutora Del Programa Argentina Trabaja, dependiente del Ministerio de Gobierno y Justicia.
El diputado socialista, Lisandro Viale, el radical Agustín Federik y la diputada del Frente Amplio Progresista (FAP) María Emma Bargagna objetaron que no se informara sobre el monto de compra, el tipo de herramientas y para qué cooperativas iría dirigida la autorización.
“Se nos pide buena fe, confianza, cerrar los ojos para darle a la gestión un nuevo cheque en blanco para comprar de modo directo. Buena fe sería que a la oposición se nos contesten los pedidos de informes que presentamos”, objetó Viale. “No entendemos por qué no se puede hacer el manejo de fondos en forma transparente y que esta Legislatura no pierda sus facultades. Tenemos buena fe, pero no vemos incompatibilidad entra la celeridad y la transparencia en el manejo de la cosa pública”, agregó.
Por su parte, Federik reclamó que el proyecto sea tratado en comisión, justamente para despejar las dudas sobre el destino de las compras directas.
“Una vez más estamos tratando de dejar de lado la Ley de Contabilidad, los controles que establecen nuestras normas madres para este tipo de situaciones y nos hacen perder calidad institucional”, dijo.
A su turno, Bargagna afirmó que con este proyecto “estamos improvisando” y afirmó que “como Cámara nos merecemos más análisis y seriedad” y pidió un listado de los bienes “que el Poder Ejecutivo va a adquirir con fondos públicos”.
Defensa
Los legisladores del oficialismo defendieron la contratación directa. El diputado Daniel Ruberto la justificó en la celeridad del procedimiento, que permite que “el día que formen la cooperativa, tengan las herramientas, la pala, la pintura, para poder trabajar. Estamos hablando de la alimentación de la familia”, remarcó.
Ruberto se hizo tiempo también para contestar al diputado Viale, que había traído a debate –a propósito de la “buena fe” que se le pedía a la oposición para acompañar el proyecto- el “bochorno” de la fábrica de cosechadoras que nunca fue. “El gobierno que hace se puede equivocar, lo pueden estafar, puede ser sorprendido en su buena fe”, le respondió Ruberto.
Más tarde, la diputada Rosario Romero defendió la legalidad de la contratación directa. “Se ha dicho que le quita transparencia, pero la ley 5140 prevé la contratación directa, también la licitación privada (cuando las sumas a comprar no superan los 50 mil pesos) y esta es una autorización que se da por cuatro veces el monto tope de la licitación privada, tiene un tope”.
“Se está insinuando que la licitación pública es el mejor sistema, pero en la mayoría de los casos cuando se compra pequeños bienes el precio que paga el estado es más caro porque el que le vende especula cuando va salir la licitación y cuando va a cobrar”, argumentó la ex bustista.
La abogada remarcó que en ningún caso se exceptúan los controles internos (Contaduría) y externos (Tribunal de Cuentas), no sólo provinciales sino también nacionales (Auditoría General de la Nación) por tratarse de un plan nacional. “Exageramos si le vemos falta de transparencia, es seguro que por licitación pública se paga más caro y es menos ágil”, remató Romero.
Por su parte, el diputado Martín Uranga negó que exista una delegación de facultades. “Nadie puede delegar una facultad que no tiene, es un disparate”, afirmó y argumentó: “sería como decir que la legislatura tiene que encargarse de comprar las palas, la herramientas. El procedimiento es legal, no hay ninguna delegación. Es un fondo nacional que será debidamente controlado por controles previos y posteriores”, dijo el abogado.
Finalmente, el diputado Juan José Albornoz reiteró que no hay delegación, que no se suprimen los controles, y que el mecanismo “forma parte de los compromiso que se firman con la Nación” para “buscar los trámites más breves y ágiles para poder ejecutar estos programas que tratan de resolver una situación de desempleo”.
El proyecto pasa ahora al Senado, donde todos los legisladores son del oficialismo.
