La Cámara de Senadores dio media sanción al proyecto de reforma judicial y aunque es incierto lo que pasará en Diputados, es interesante analizar una propuesta que se introdujo en el proyecto oficial para la creación de estructuras especializadas en derecho ambiental.

La propuesta, impulsada por el senador entrerriano Edgardo Kueider en medio del desastre ecológico provocado por la quema de islas en el delta, busca encontrar un equilibrio entre la necesidad de preservar la naturaleza e impulsar la actividad productiva.

Concretamente, lo que propuso Kueider –y así quedó plasmado en el proyecto que recibió media sanción– es la creación de una nueva secretaría penal en materia ambiental en el juzgado federal de Paraná, que se replicará en otros juzgados de primera instancia. La propuesta fue bien recibida por referentes ambientalistas consultados por Página Judicial.

Se trata de una idea novedosa, sin antecedentes en el país, salvo por los juzgados ambientales que funcionan en la provincia de Jujuy, para la protección del agua, el suelo, el aire y la diversidad biológica.

La justicia ambiental es un concepto complejo porque debe garantizar el derecho a un medio ambiente sano buscando un equilibrio ante situaciones de peligro, a partir del cambio climático, como proceso natural, y por la acción del hombre para el aprovechamiento de los recursos naturales cuando eso se produce en forma abusiva.

A nivel federal no existen juzgados de competencia exclusiva en materia ambiental, aunque el proyecto de Kueider recoge los términos de dos acordadas dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 2013 y 2014, donde se crearon oficinas ambientales y un registro público de procesos colectivos radicados ante los tribunales argentinos; y el trabajo que viene realizando la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (Ufima), creada en 2006 por el procurador Esteban Righi, surgida en medio del conflicto por la instalación de las plantas de pasta de celulosa frente a la costa de Gualeguaychú.

Las denuncias tienen que ver con el vuelco de líquidos industriales o cloacales con características de residuos peligrosos a un río o arroyo, la contaminación por la aplicación de agroquímicos, la contaminación generada por basurales o la protección y conservación de la fauna silvestre, por ejemplo; y la justicia federal interviene cuando hay un conflicto interjurisdiccional, entre provincias o entre dos países.

En Entre Ríos, la lucha contra la instalación de las pasteras alumbró una conciencia ambiental que trastocó el debate público, pero la discusión, ante la incapacidad de la política, se ha producido en los tribunales.

La justicia entrerriana marcó un hito –a pesar de algunas contramarchas– cuando estableció límites para las fumigaciones en cercanías de escuelas rurales porque se hizo efectivo el principio precautorio, que establece que cuando existe un peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no se utilizará como justificación para postergar la adopción de medidas eficaces en costos para evitar la degradación del medio ambiente. Aquí fueron los jueces quienes establecieron criterios de restricción para las fumigaciones ante el escandaloso vacío legal y la desidia de los otros poderes.

En ese sentido, es interesante la propuesta de Kueider porque plantea la necesidad de abordar los conflictos ambientales desde una perspectiva integral y no tradicional para la protección de los lugares donde habitan las personas o en los que se desarrolla la vida; y luce razonable que la nueva secretaría de medio ambiente esté integrada al Juzgado Federal Número 1 porque permitiría, por ejemplo, servirse de la estructura de la secretaría electoral, que tiene jurisdicción y recursos disponibles en toda la provincia.

El derecho a vivir en un ambiente sano es colectivo y universal, y la obligación de efectivizarlo pesa sobre los tres poderes, de manera que el abordaje de los conflictos ambientales solo será efectivo si tiene un alcance transversal.

Una secretaría ambiental en los juzgados federales no brindará por sí sola una solución al problema que plantea la defensa del derecho a vivir en un ambiente sano; sino que debe comprender ese carácter preventivo, pero también la especialización y capacitación de los operadores judiciales, la admisión de otras disciplinas para el tratamiento de los asuntos ambientales, la asistencia de ciencias externas al derecho y la asignación de medios y cuerpos periciales que estén específicamente abocados a este tipo de procesos.

No menos importante en la tarea de fortalecer el derecho ambiental será recoger la experiencia de abogados especializados que han litigado en los tribunales argentinos, y cuentan, por ejemplo, que a veces han tenido que explicarles a los jueces algún concepto ambiental básico. Este tipo de situaciones, traducidas en la resolución de un caso puntual, ha tenido como consecuencia que se cometan injusticias, principalmente por la falta de comprensión de cuestiones técnicas de esta rama del derecho.

La idea debe servir entonces como un puntapié para generar e implementar una eficiente política ambiental, desde los tres poderes, traducida en instrumentos jurídicos eficientes e inspirada en una fuerte conciencia de la sociedad.

(Por Juan Cruz Varela, para Página Judicial)