La reforma previsional sancionada en diciembre tiene una segunda parte: la armonización de los sistemas provinciales. Este viejo mandato explicitado en el pacto fiscal de 1992 y ratificado por todos los gobernadores hace décadas encontraría una respuesta más temprano que tarde.
La sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, es decir capear el déficit de un poco más de 5 mil millones, requiere de una reforma que en Casa de Gobierno aún no han puesto entre las prioridades pero saben que se tiene que abordar. Hace un mes, en una reunión de gabinete, se cuestionó las declaraciones que hizo Daniel Elías en el diario Ámbito Financiero. Allí el funcionario adelantó algunos puntos de lo que se debería modificar en el actual sistema de jubilaciones entrerrianos. No se quiso hacer olas y, por lo tanto, no hubo aclaraciones a los dichos del presidente de la Caja, quien habló de una reforma inminente. Por estos días, lo que se repite como una plegaria en Casa Gris es que la firma del último pacto fiscal implicó una especie de “salvación” del 82 por ciento móvil para los jubilados entrerrianos. Decodificado esto, significa que habrá una reforma previsional en la provincia, pero este derecho adquirido no se tocará.
La primera aproximación a los cambios se esconden detrás de otra plegaria: los privilegios en algunos sectores, básicamente en la Justicia. Una ayudita llegó desde la provincia de Buenos Aires la semana pasada. El gobierno de María Eugenia Vidal impulsa un proyecto en el que a los jueces bonaerenses con investigaciones abiertas en su contra se les recortará los montos de sus jubilaciones. La iniciativa, que tiene media sanción del Senado, propone disminuir a la mitad la jubilación especial que cobran los jueces que estén en esas condiciones.
No es precisamente lo que se pretende plasmar en un anteproyecto en Entre Ríos, pero un hombre muy cercano a Gustavo Bordet le adelantó a Página Judicial que en los tribunales hay privilegios y que no estaría mal empezar a discutir una reforma previsional en la provincia apuntando al Poder Judicial. El ejemplo que puso fue el siguiente: en la Justicia hay magistrados que empiezan a aportar recién a los 50 años y en poco tiempo se jubilan con remuneraciones arriba de los 100 mil pesos. “Esto se tiene que acabar”, aseguró. Una idea es que sigan aportando una vez alcanzada la edad jubilatoria para no desfinanciar el sistema. Este mismo ejemplo lo repiten referentes gremiales con quienes informalmente se ha empezado a hablar del tema. También lo evocan legisladores del oficialismo y la oposición.
Los funcionarios judiciales, pese a insistir en las audiencias públicas con hacerlo, no pagan ganancias, un privilegio otorgado por la Justicia, es decir por ellos mismos. Es la punta de lanza que se utilizará cuando llegue el debate. El aporte de este tributo por parte de los jueces no mueve el amperímetro en las arcas del Estado, pero alivia el alma de los televidentes.
No hay nada escrito, pero las ideas empezaron a dar vueltas.
