La transparencia es una consigna fácil a recurrir, más aún por el presente de ex funcionarios públicos. Las denuncias suelen ser herramienta de hacer política; y las maniobras judiciales para desempolvar causas viejas o abrir nuevas. 

Rogelio Frigerio puso a la transparencia y a los privilegios al tope de la  agenda cuando asumió. 

En el plano de la labor parlamentaria, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de Transparencia y Ética Pública. Tuvo media sanción el 29 de agosto del año pasado, sobre tablas. En el Senado, sin embargo, descansa en la Comisión de Legislación General y Asuntos Constitucionales y Acuerdos, que presiden Nancy Miranda y Juan Cosso, de la oposición. No se han escuchado reclamos del oficialismo y en las comisiones coincidieron ante Página Política en que no está dentro del temario.   

El proyecto, de 32 artículos, “establece un conjunto de deberes, prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas humanas que se desempeñen en cualquiera de sus tres poderes”. La regulación de los “obsequios”, las incompatibilidades, los conflictos de intereses y la presentación de Declaraciones Juradas son otros asuntos incluidos en el texto.

En el artículo 24 se regula la “ficha limpia”. Dispone que los partidos “no podrán registrar candidatos a cargos públicos electivos” a quienes hayan sido condenados. 

Sin novedades.

En Enersa se decidió, hace un año, iniciar una investigación interna en el marco de la causa Securitas que lleva adelante la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado. Ese expediente dio que hablar todo este tiempo. Dejó como saldo detenciones, la más importante la de Jorge Goznález, y un cúmulo de evidencia sobre el cobro de coimas para prestar servicios. Esto empujó a cambios de emergencia en la contratación de algunos servicios ante los escándalos propiciados por los hermanos Tortul. 

Según supo Página Política de fuentes de la empresa de energía, la investigación, en rigor, se limita a algunos informes. En Enersa prestaba servicios el estudio jurídico O’Farrell, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De los más caros del país. Sugirió que la empresa se presente como querellante, pero no se avanzó en ese sentido. 

En los últimos días se conoció un hecho que podría encuadrarse en la sospecha de un ilícito. Para tener certezas se debe investigar y, para que esto suceda, se debe iniciar un proceso de oficio o alguien que denuncie la sospecha. Lo primero no ocurrió porque el Ministerio Público Fiscal no tiene tradición de hacerlo con los oficialistas. El escarmiento suele caer sobre los que se van o no tienen la lapicera estatal. ¿Se explica por qué el procurador deshizo la lista de fiscales auxiliares que compuso el Poder Ejecutivo? 

Ocurrió, finalmente, que hubo un denunciante. Rubén Pagliotto. El abogado penalista puso en conocimiento al jefe de los fiscales Jorge García, sobre el despido de Silvina Murúa, producto de un supuesto desfalco en el área de comedores escolares del Consejo General de Educación (CGE). La ley impone que ante una sospecha de esas características se debe realizar la denuncia, no ejecutar el apartamiento del cargo. Se dirá que se inició un sumario. Si se respetara la norma deberían recaer sospechas sobre otros, además de Murúa. 

La gestión carga con una denuncia contra los integrantes de la  intervención de lo que era el Iosper. En el Gobierno la desestimaron y la encuadran en una cuestión meramente política. En los tribunales leyeron elementos atendibles, según reconstruyó Página Política. 

La agenda judicial tiene otros legajos en carpeta, pero hay tiempo para todo.

Fuente: Página Política