El Comité Provincial de la UCR sostuvo que, ante la rebelión fiscal de los ruralistas, el gobierno provincial “pretende introducir un conflicto artificial en la sociedad entrerriana, enfrentando a productores por un lado y trabajadores públicos y jubilados por otro, cuando ambos son víctimas de una gestión ineficaz, que no defiende los intereses de los entrerrianos como corresponde en una provincia que fue cuna del federalismo”.
“Los productores entrerrianos no tienen la culpa de la crisis estructural de la Caja de Jubilaciones, de la que recién parecen darse cuenta, ni del pago en cuotas a los empleados públicos, ni de que Entre Ríos sea una de las provincias argentinas que menos paga a sus docentes”, se sostiene en una declaración del Comité con la que la UCR pide al Gobierno que “recapacite, revea las últimas medidas, dialogue de manera responsable y serena, y articule un conjunto coherente de políticas públicas que defiendan en los hechos los intereses de todos los entrerrianos”.
El documento -difundido este miércoles con las firmas del secretario, Mariano Monfort y el presidente José Artusi de la UCR- sostiene que los funcionarios del gobierno provincial “se ocupan de ignorar prolijamente, que se da el último aumento del impuesto inmobiliario, a través de una ley que la Legislatura trató de manera absolutamente improvisada, a los apurones y sin ningún tipo de debate”.
“En muchos casos el aumento registrado en el impuesto inmobiliario rural es absolutamente desmedido e irracional, no verificándose ningún tipo de correlación con la variación de la rentabilidad de la producción agropecuaria; llegando a haber aumentos del 500% y aún más”, señalan.
La conducción partidaria del radicalismo sostiene que los productores entrerrianos “quieren pagar sus impuestos, y que éstos vuelvan en obras y servicios que en muchos casos hoy brillan por su ausencia. Pero quieren hacerlo en el marco de un esquema justo y equilibrado, de modo tal que no se ponga en riesgo la rentabilidad de las explotaciones ni la continuidad del productor y su familia en el campo”.
Según el diagnóstico del radicalismo, la persistencia de una “excesivamente elevada presión impositiva”, combinada con “otros problemas a los que no se da respuesta”, puede llevar en el “futuro cercano” a “la quiebra de pequeñas y medianas explotaciones agropecuarias y a una perjudicial concentración de la propiedad de la tierra en manos de pocos grandes propietarios, entre ellos empresas foráneas”.
