Por Gustavo Bastián (*)
La llegada de un año electoral pone en agenda algunos viejos debates. El advenimiento de la nueva campaña, en la que en los hechos ya estamos todos inmersos, invita a la discusión; y es bueno que pase porque en última instancia… ¿no es ese el rol de la política?: reflexionar sobre los temas trascendentes para la comunidad y encontrar soluciones.
Días antes de navidad, la Corte emitió el polémico fallo que obligaba al gobierno incrementar en casi dos puntos porcentuales el monto que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibe en concepto de coparticipación. En teoría, esos fondos tienen por objeto cubrir los costos de funcionamiento de la Policía de la Ciudad luego de absorber al personal de la Policía Federal que se ocupaba de la seguridad en la CABA; un caso único, ya que el resto de las provincias deben pagarse sus propias policías. No somos pocos los que denunciamos el carácter político-partidario de este fallo, que obliga al Gobierno a transferir fondos del resto de las provincias hacia el distrito más rico del país, en un año electoral, justo cuando su intendente es el principal referente de la oposición y busca erigirse como candidato a presidente.
Esta disputa aún está vigente, y guarda relación con otra noticia que tuvo lugar esta semana.
En una entrevista radial, el jueves pasado el Ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, instó al gobierno porteño a hacerse cargo del sostenimiento del transporte público en su propio distrito; algo a lo que el propio Horacio Rodríguez Larreta se había comprometido en el Pacto Fiscal de 2018.
El homólogo bonaerense de Giuliano, Jorge D’Onofrio, puso el debate en números: “Estamos hablando de cerca de 14 mil millones de pesos”, destacó el funcionario y señaló que “con la decisión de no cumplir, Larreta no acata una medida del Poder Legislativo y se posiciona desde un lugar de rebeldía con la Justicia. Las leyes son iguales para todos y debemos respetarlas”. Es interesante cómo el no acatamiento de las normas y disposiciones pareciera ser más o menos grave dependiendo del escudo partidario de quien lo comete.
Existen varias otras discusiones que van la misma línea. Varias veces a lo largo de su gestión, nuestro gobernador Gustavo Bordet reclamó que los excedentes que genera el complejo hidroeléctrico Salto Grande deberían ser administrados por la provincia y esos fondos emplearse en obra pública, en mejorar la infraestructura energética y, sobretodo, lograr un menor costo final para el usuario. El planteo tiene sentido: a pesar de ser una provincia productora de electricidad, Entre Ríos tiene la tercera tarifa eléctrica más cara del país. Los entrerrianos pagamos en promedio pagamos por el servicio casi cuatro veces más que, por ejemplo, la CABA y 12 partidos del conurbano.
No es difícil ver el hilo conductor entre un tema y otro, y aquí es donde todos debemos preguntarnos: ¿hasta qué punto es legítimo que las provincias, proporcionalmente más pobres, deban sostener los servicios de Seguridad, Transporte y Electricidad de la ciudad con mayor PBI per cápita del país? La transferencia de fondos desde el interior hacia el distrito más rico pone en tensión la esencia misma de nuestro sistema federal y atenta contra el desarrollo armonioso de los territorios.
Que quede claro, este planteo no busca ser un ataque hacia los habitantes de la capital. Para nada, se trata de nuestros hermanos a los que siempre recibimos con los brazos abiertos cuando nos eligen para visitarnos; como ellos también lo hacen con nuestros jóvenes que emigran a la gran ciudad a estudiar y buscar un mejor futuro.
Aun así, es una discusión que todos los argentinos nos debemos hace tiempo y como dije al principio, un año electoral representa una excelente oportunidad para encarar seriamente este debate.
(*) Intendente de San José por el oficialismo.
Fuente: Página Política
