El 13 de octubre del año pasado Página Política adelantó que Gustavo Bordet dejaría el gobierno con una mayoría de integrantes del Superior Tribunal de Justicia (STJ) designados durante su gestión que culminará el 10 de diciembre de 2023. Esto es cinco de nueve vocales. Sólo Jorge Busti logró tener esa posibilidad.
Con las jubilaciones de Bernardo Salduna y Juan Ramón Smaldone, el Gobernador se apresta a cubrir dos vacantes. Deberá respetar la ley de Paridad Integral, lo que lo obliga a elegir el nombre de una mujer.
El lugar de Gisela Schumacher surgió de una terna que integró María Fernanda Erramuspe, vocal de la Cámara Contencioso Administrativo de Concepción del Uruguay. Ese nombre vuelve a estar en el radar del mandatario, según supo este medio.
El otro dato de los últimos días es que esta vez sí tendrá suerte el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, que ante cada vacante, reclama que sea alguien de la matrícula quien la ocupe. Esa petición, postergada hace años por supremacía de la corporación judicial, tiene el visto bueno en Casa de Gobierno. Se habría indagado a la entidad si había un nombre para ofrecer. En el Ejecutivo tienen uno.
Las vacantes son para ocupar un lugar en la Sala Laboral y otro en la Sala Civil y Comercial.
Guía
La primera vacante que debió cubrir Bordet fue la que dejó Carlos Chiara Díaz. Fue sucedido por Miguel Angel Giorgio. El vocal surgió de un acuerdo que consistió en que el Gobierno elegiría un nombre que surja de una terna constituida por Cambiemos. Allí se anotó a Giorgio, Ana Clara Pauletti y Hugo Perotti.
La segunda vacante que dejó Leonor Pañeda quedó para exclusividad del mandatario. El elegido fue Martín Carbonell.
Giorgio y Carbonell, ambos oriundos de Concordia, no tuvieron ninguna impugnación aunque el segundo no contó con el voto de la oposición a su pliego porque el elegido venía del fuero penal para cubrir un lugar en el civil y comercial. No obstante el acuerdo entre el oficialismo y la oposición quedó a la vista.
La tercera vacante, ante la salida de Emilio Castrillón en una situación de tensión donde pesaba un pedido de juicio político sobre el vocal, Bordet eligió a Schumacher. Desde el día uno se supo que la doctora era la pareja del presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano, lo que no es un impedimento. La designación se dio en un marco sin sobresaltos. No hubo una sola impugnación. Apelar a “la pareja de” significaría un retroceso vergonzante por los tiempos que corren.
Antes de conocer a Giano, Schumacher ya había pasado por el Consejo de la Magistratura. Lo mismo hubiese valido para Pauletti, hija del ex vicegobernador radical Edelmiro Tomás. Los nuevos paradigmas ya no toleran esas apreciaciones.
De todas maneras, ya en plena campaña, todo se torna más barroso. Si Bordet se inclina finalmente por Erramuspe no faltará opositor que diga que es la esposa del dirigente peronista de Uruguay, Carlos Scelzi, ex presidente del Concejo Deliberante. Habrá que revisar, entonces, la manera en que la presidenta del Concejo Deliberante de Paraná y referente del PRO, Josefina Etienot, fue designada a través del decreto 1810 como jueza de Familia en Diamante. Todas las rutas conducen a Fátima. La pandemia y la política salvaron a más de uno en ese proceso judicial que fue escandaloso.
Un comunicado
Alentados por el caso de Cecilia Goyeneche, en el radicalismo se adelantaron a cualquier designación emitiendo un comunicado con advertencias a Bordet sobre las designaciones por venir. Lo hizo el Foro de Abogados Radicales. Aseguraron que “la apresurada salida de los jueces Smaldone y Salduna se parece más a una carrera contra reloj que a un armonioso fin de ciclo tras la obtención de un beneficio jubilatorio”. No se entendió bien que se quiso decir.
Más adelante se quejaron de que sea el Gobernador, con “su discrecional selección” el que “decidirá la ocupación vitalicia de esos sillones vacíos”.
El radicalismo, como antiguo partido de poder, incurrió en un error. Fue precisamente con el peronismo con el que acordaron en el proceso de reforma constitucional, en 2008, dejar para el jefe o jefa de Estado la discrecionalidad de elegir los vocales del STJ, el procurador general y el defensor oficial; quedando todos los demás cargos a merced del sistema de selección en el Consejo de la Magistratura y posterior acuerdo del Senado.
En la Convención Constituyente, el Partido Socialista con un proyecto de Américo Schvartzman, había propuesto que los vocales también surjan de un concurso. La mayoría bipartidista se negó. Se mantuvo el criterio histórico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación presidida hoy por el ex intendente justicialista de Santa Fe, Horacio Rosatti; secundado por el ex diputado peronista que luego se conviertió en asesor de Raúl Alfonsín, Juan Carlos Maqueda. Siguen los ejemplos. El marco jurídico y el sustento político se repiten en buena parte de occidente.
Busti, en sus tres gobernaciones, apeló a hombres y mujeres de su confianza política y personal. Sergio Montiel, en menor medida y por estar menos tiempo al frente del Ejecutivo, intentó perfilar el Poder Judicial a gusto. Creativo, en su última gestión, llamó a un proceso que se conoció como “renta vitalicia”, que consistió en sacarse de encima a los que veía como sus enemigos o “amigos de Busti” jubilándolos por adelantado. Queda claro que los líderes más importantes desde el advenimiento de la democracia pusieron peronistas y radicales en los estrados judiciales cuando pudieron.
El comunicado de la UCR dinamitó cualquier posibilidad de acordar nombres para las próximas vacantes como sucedió al inicio de la gestión con Giorgio y Carbonell. Los abogados del centenario partido estuvieron, quizás, cortos de reflejos. Algo similar pudo haber ocurrido en el homenaje a Sergio Varisco, cuando el presidente del partido Jorge Monge tiró de la tirita para descubrir la placa que homenajea al ex intendente. Allí, en el pasillo de casa partidaria, quedó incrustada para siempre la palabra lawfare, prohibida para Juntos por el Cambio y música para los oídos del kirchnerismo.
