El día que julio cerraba el calendario, el revitalizado Consejo de la Magistratura convocó a concurso para cubrir un cargo hipersensible en la estructura judicial: una vacante en la Cámara de Casación Penal de Paraná.
Se trata del máximo tribunal penal de la provincia, encargado de la revisión de sentencias definitivas y otras resoluciones equiparables a sentencias definitivas de los organismos del fuero penal e impugnaciones de las decisiones adoptadas por los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad, es decir, el filtro último previo al Superior Tribunal de Justicia (STJ). Un organismo que debería aboservar la política.
El tribunal está integrado actualmente por Marcela Davite y Marcela Badano; y la parálisis en el Consejo de la Magistratura hizo que la tercera silla permaneciera vacante desde la renuncia de Hugo Daniel Perotti, el 15 de junio de 2022.
La Cámara de Casación Penal de Paraná se creó por Ley Número 10.049 en 2011 y comenzó a funcionar el 18 de junio de 2014, al calor de la implementación del sistema acusatorio en Entre Ríos. Extiende su competencia territorial a los departamentos de Feliciano, La Paz, Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay y Nogoyá. Existe, además, una sala análoga en Concordia.
Su rol en la estructura judicial es sensible, ya que tiene entre sus objetivos la tarea de uniformar la jurisprudencia de toda la provincia, una función de vital importancia para armonizar la interpretación y aplicación de las leyes en la provincia.
El tribunal, sin embargo, no ha estado exento de polémicas, algunas por marcadas disimilitudes jurisprudenciales entre Paraná y Concordia; pero también porque no pocos operadores judiciales ven allí un terreno hostil.
Más aún, las defensas de dirigentes y ex funcionarios públicos que han sido investigados y condenados ven una marcada sintonía entre la Cámara de Casación Penal de Paraná y el Ministerio Público Fiscal, sostenida en la relación que mantienen el procurador Jorge García y la vocal Marcela Badano, algo que incluso le costó el puesto a un secretario de Justicia, Rubén Virué, cuando en el marco de la entrevista personal ante el Consejo de la Magistratura le preguntó a Badano si no veía un inconveniente en esa relación para la tramitación de un proceso judicial.
El final de la historia es conocido: García elevó sus quejas al entonces gobernador Sergio Urribarri, quien eyectó a Virué del cargo en cuestión de horas; y Badano atravesó el concurso sin problemas hasta su designación.
En marcha
El 31 de julio, el Consejo de la Magistratura resolvió llamar a concurso para cubrir vacantes en el Poder Judicial e incluyó en el listado a la Cámara de Casación Penal de Paraná, entre otros.
Se trata del Concurso 307 y el sorteo arrojó que el jurado técnico para llevar adelante este proceso esté integrado por Fabián Marcelo Otarán por el estamento de los abogados; el juez Dardo Tórtul, en representación de los magistrados; y Mariano Javier Hoet, por los académicos.
Las inscripciones estarán abiertas desde el 24 de agosto hasta el 11 de septiembre, lo que permite aventurar que el proceso se extendería hasta 2027, previo análisis de los antecedentes, examen de oposición, entrevistas personales y remisión de la terna de candidatos al Poder Ejecutivo.
(Juan Cruz Varela, para Página Judicial)
Fuente: Página Política
