El documento de la Multisectorial de los Derechos Humanos hizo mención a dos temas que la dirigencia política, en todo el abanico partidario, ha preferido esquivar. Dos temas que no están en sus libretos. Dos temas bien distintos y actuales: uno refiere a una cuestión institucional, como el Poder Judicial; el otro, a un emporio económico por donde sale el 70 por ciento de las exportaciones argentinas, como es la Hidrovía Paraná.
Los organismos expresaron en el documento leído este 24 de marzo el apoyo a los proyectos de reforma del Poder Judicial que se plantean a nivel nacional, ya que acá no hay nada al respecto, porque los consideran “no solo necesarios sino urgentes para el sistema democrático. El contexto institucional entre el lawfare y los femicidios, con participación o desidia policial y judicial, hace que esta reforma sea parte de los reclamos y reivindicaciones más fuertes que hacemos en este 24 de marzo”, se leyó. Y siguió: “El Poder Judicial es aristocrático, clasista y patriarcal. Sus estructuras mafiosas se descomponen día a día ante la mayoría de la sociedad que descree, como nunca antes en la historia, del servicio de justicia en la Argentina”.
Sin señalar casos concretos en la provincia, en materia de femicidio, el de Fátima Acevedo fue paradigmático. La estructura judicial falló en todas las fases del proceso antes que la joven aparezca muerta.
Un cambio en el funcionamiento de los servicios de inteligencia, vinculados el último tiempo a la política y a sectores de la prensa, es otro de los puntos destacados del documento. Hace tres semanas, en Entre Ríos, tuvo relevancia el espionaje que se realizó en el área de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior en épocas de Rogelio Frigerio.
El segundo tema, al que se hizo referencia y en los medios locales no estuvo presente, fue la marcha atrás que dio el gobierno nacional con la Hidorvía Paraná. La ruta vial iba a ser administrada por el Estado Nacional en conjunto con un puñado de provincias. El 51 por ciento de las acciones serían de la Nación y el 49 por ciento a las provincias. Entre Ríos era poseedora del 7 por ciento. Sin embargo, Alberto Fernández encomendó a su ministro de Transporte, Mario Meoni, a que llamara a licitación. El 30 de abril termina la concesión en manos del consorcio Jan de Nul (capitales belgas) y Emepa (capital argentino cuyo dueño es el radical Gabriel Romero), prorrogada en 2010 con la rúbrica de CFK.
“Sostenemos la urgente necesidad de establecer los mecanismos que concreten la operación y control pleno de la Hidrovía Paraná-Paraguay y sus puertos por parte del Estado Nacional y los estados ribereños, hidrovía por la cual circula el 70% de las exportaciones nacionales y que en la actualidad es administrado por un puñado de empresas transnacionales. Resulta imperioso que el Estado argentino recupere la administración del comercio exterior y una flota mercante de bandera que nos permita lograr mayor soberanía económica y política”, reclamó el documento de la Multisectorial.
Lo último que se consiguió para Entre Ríos fue integrar la “Región Hidrovía”, que debería crearse, para participar como un ámbito consultivo. Cuando de privatizar se trata, “la grieta” parece dormir.
Fuente: Página Política
