En Entre Ríos existe desde 2003 el Consejo de la Magistratura, organismo que evalúa y selecciona los aspirantes que ocuparán cargos en el Poder Judicial, como jueces, fiscales y defensores. Luego del proceso de evaluación, el Consejo envía una terna al Poder Ejecutivo, quien la manda al Senado para que se le dé acuerdo a los pliegos que obtuvieron los mejores promedios. Finalmente el gobernador designa mediante decreto.
La integración del cuerpo cuenta con representantes del Poder Ejecutivo, quien preside el organismo; el Colegio de Abogados; la Asociación de Magistrados; el sector gremial con la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER); académicos de la UNL, UCA y UCU y las ONGs. Cada uno de los estamentos elige su representante para el Consejo de la Magistratura. En el caso de las organizaciones no gubernamentales, las mismas se reúnen en asambleas y hacen lo propio.
La iniciativa que contempla la democratización de la justicia es que los integrantes de este cuerpo sean elegidos por el voto popular, tal como la propuso la Presidenta a nivel nacional. En este sentido, otros referentes entrerrianos se refirieron al tema.
El secretario general del Consejo, Gustavo Castiglioni, ve como “bienvenido la amplitud de la integración de la sociedad civil”. Coincidió con que el esquema provincial “es equilibrado” en lo que respecta a la elección de los integrantes de las ONGs. Como sus antecesores, el funcionario mencionó el caso de Chubut, en donde los consejeros son elegidos en una “lista de políticos y la gente elige”.
Entidades
Luís María Campos, preside el Colegio de Abogados de Entre Ríos, saludó la integración con “representación popular” del Consejo de la Magistratura a través de los dos representantes de organizaciones que lo conforman. Si bien aclaró que “habrá que esperar a ver cómo plantea la cuestión el proyecto de ley”, apuntó que el organismo provincial posee a dos integrantes de organizaciones: “No son votados por la gente, pero los que participan no dejan de tener vinculación con la representación popular”, destacó.
El presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Entre Ríos, Alberto Seró, coincidió con las declaraciones del procurador General de la provincia, Jorge García, sobre el funcionamiento de la institución. “Estamos de acuerdo con García, en relación a la organización y buen funcionamiento”, marcó. Además, respecto al proyecto nacional de reforma, reconoció que “a nivel federal la realidad del Consejo es totalmente distinta”, pero aseguró no poder opinar con propiedad “hasta no ver el proyecto enviado desde el Ejecutivo y conocer cómo sortean la cuestión constitucional”, explicó.
“Desde su comienzo nuestro Consejo tuvo la participación activa de dos representantes de las ONG’s que colaboran en la vida institucional y constitucional de la provincia y que se complementa con el representante de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), lo cual le da una conformación muy democrática”, indicó el presidente de la entidad.
Al respecto, subrayó que la institución “se completa con dos representantes de los abogados, dos por los Magistrados, tres desde el ámbito Académico y uno por el Poder Ejecutivo, que ejerce la Presidencia”.
Sobre el mecanismo, recordó que “el Consejo propone una terna surgida por puntaje al gobernador, quien la eleva al Senado de la provincia para que efectúe la entrevista pública y vote por sí o por no. Donde incluso hemos tenido casos en los cuales la legislatura se ha pronunciado en contra, lo que claramente representa el mejor mecanismo institucional para nombrar magistrados y funcionarios, tanto para las Cámaras como para las Primera instancias, fiscales y defensores”.
En este marco, Seró expresó que “desde la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia estamos de acuerdo con las declaraciones del Procurador General, Jorge García, en relación a la organización y buen funcionamiento que en nuestra provincia tiene la institución”.
