La reforma previsional con media sanción del Senado tiene un capítulo sensible en la relación entre Provincia y municipios. La Ley 8732, de 1993, fue sancionada en tiempos en que no regía la autonomía municipal, solo consagrada luego, en 1994, por la reforma de la Constitución nacional, ratificada luego en 2008 por los cambios a la Carta Magna entrerriana de 1933.

Pues bien. Con el proyecto que se convertiría en ley la semana próxima, autonomía quiere decir responsabilidades compartidas. Pero, a la vez, la Provincia asume para sí atribuciones nuevas respecto del manejo de las arcas municipales.

En el debate en curso del régimen de jubilaciones, el Gobierno puso el ojo en el déficit de los municipios, que surge de la relación entre los trabajadores activos que aportan al sistema y los jubilados municipales que perciben su haber. Con distintos tonos, según sus posicionamientos políticos, desde las intendencias se ha subrayado la insignificancia de ese déficit respecto del que generan otras ramas del empleo público que corren por cuenta de la Provincia.

Se reitera, por caso, la comparación entre los $ 1.732.170.893 que genera el escalafón municipal frente a los $ 17.252.516.329 del régimen docente. Pero también hay otros cotejos posibles.

Aun así, el Gobierno se ha mostrado decidido a compartir la bola de nieve que supone el déficit de la Caja con las arcas municipales. Y ha planteado en la reforma previsional algunas claves para hacer efectiva esa voluntad.

De arranque, en un contexto complejo de ajuste que derrama desde Nación hasta el último punto del territorio argentino, los municipios deberán afrontar el incremento del 3% del aporte patronal por sus trabajadores, en el marco de la emergencia prevista por el proyecto de ley con media sanción.

Los concejales del gobierno de Paraná, de Rosario Romero, fueron los primeros en apuntar a la cuestión. Advirtieron sobre el impacto de esta imposición y marcaron que “mientras que para el Tesoro provincial el incremento de aportes representa prácticamente un movimiento contable entre organismos del propio Estado, para un municipio ese mismo porcentaje implica una pérdida directa de recursos propios”. “Son fondos que dejarán de destinarse a pavimento, mantenimiento urbano, transporte público, iluminación, espacios públicos, políticas sociales o infraestructura barrial”, destacaron. Para la capital provincial, hacer frente a este 3% supone 190 millones de pesos mensuales.

La sartén por el mango

La Provincia, con el proyecto de ley, consagra mecanismos para “cobrarse” de manera automática las deudas de los municipios.

No es que la Ley 8732 no lo contemplara, pero estaba planteado como posibilidad y en base a una fórmula de cálculo que ha desaparecido en el texto del proyecto con media sanción.

Las claves están en los artículos 14 y 15, sujetos a reformas parciales pero claves.

Artículo 14. La Ley 8732 dice que “en caso de insuficiencia de los fondos de la Caja el Estado Provincial y Municipalidades adheridas solventarán el déficit producido en la proporción que lo hubieran originado”. El proyecto ratifica la definición pero elimina una fórmula para determinar cómo se calcula esa proporción (surgirá de multiplicar el monto de sus respectivos déficit por el déficit del sistema y de dividir por la suma de los déficit que concurren a la formación de este último al resultado así obtenido). La diferencia fundamental aquí es el paso de una norma técnica cerrada a una norma sujeta a reglamentaciones futuras.

Artículo 15. La 8732 dispone que el Estado suministrará mensualmente los recursos para pagar las jubilaciones previstas en el sistema, “aun cuando implique el pago total o parcial de los déficit que deben solventar las municipalidades adheridas” previendo que luego esos cargos “podrán ser retenidos”. El proyecto impone como certeza esa retención: “La Caja deberá formular mensualmente los respectos cargos con los importes que a cada Municipalidad o Comuna le corresponde ingresar, los que serán directamente retenidos”.

Se añade una figura jurídica que le otorga a la Provincia atribuciones nuevas. El proyecto dispone que “los importes que el Estado provincial adelantare por cuenta de los municipios y comunas configuran subrogación legal a su favor en los créditos de la Caja, con derecho de repetición por vía de la retención” de esos fondos por parte de Contaduría General. La Provincia asume la posibilidad de accionar ante los municipios en nombre de la Caja.

La subrogación legal blinda de algún modo el derecho de la Provincia a descontar dinero de los municipios, transformando una deuda del municipio con la Caja en una deuda directa con la Provincia.

 

Los números

De este modo, el proyecto con media sanción impone a los municipios, en primer lugar, el aporte mayor del 3% por sus trabajadores. Pero además, la negociación sigue en pie en función de la serie de reglamentaciones futuras, de distinto rango, que impactarían en el modo en que los municipios afrontan sus déficits en una pulseada en la que la Provincia se asienta en nuevas atribuciones para retener recursos.

Para el déficit general, esos fondos constituyen una gota de agua en el desierto. En las cuentas públicas municipales, el impacto está aún por medirse. En principio, con las nuevas reglas de juego, y a merced de nuevas reglamentaciones, se impone una suerte de subordinación fiscal para las cuentas públicas de los municipios con déficit.

Aquí, la foto actual de esa situación, con la relación entre trabajadores en actividad y jubilados municipales.

Son estos los municipios que tienen que afrontar un 3% de incremento del aporte patronal. Contra esa situación, el proyecto contempla una suerte de “premio” a las localidades sin déficit que solo tendrán que incrementar su aporte en un 1,5%.

Fuente: Página Política