El vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Carlos Chiara Díaz, fue denunciado nuevamente en la Cámara de Diputados. El abogado peronista enrolado en el Frente Renovador de Victoria, Carlos Guillermo Reggiardo, presentó un pedido de juicio político al magistrado. Las causales: las ausencias en su despacho por viajar y la utilización de viáticos.
“No puede seguir ocupando un lugar en el máximo tribunal un juez que diseña toda una estrategia de entramados y mentiras para no ir a trabajar a su despacho y que todos los entrerrianos le solventemos su vida paralela y sus trabajos paralelos”, señaló el peticionante en la presentación que hizo a última hora de este lunes y a la que tuvo acceso Página Judicial. Y agregó: “Desde hace mucho tiempo-uno, dos y hasta tres días a la semana abandona sus tareas en el Superior Tribunal para realizar otras actividades que en nada se relacionan a las funciones que la Constitución provincial le asigna a los magistrados”.
Reggiardo, junto a un grupo de dirigentes peronistas; entre ellos, Domingo Daniel Rossi, Héctor Maya y Augusto Alasino; ya había presentado un pedido de juicio político. En aquella oportunidad, los denunciantes hicieron hincapié en cuestiones de la vida personal del vocal más que con su desempeño como magistrado. Sí se apuntó que Chiara Díaz utilizaba viáticos para una cuestión personal. Esa situación quedó saldada administrativamente cuando el funcionario judicial devolvió el dinero. De manera genérica también se lo acusó de utilizar fondos para viajar a brindar seminarios.
Lo cierto es que la Cámara de Diputados rechazó el pedido porque no encontró causales. Los radicales, por su parte, impulsaron que se avance con el procedimiento.
El pedido de Alasino
La Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), integrada por Bernardo Salduna, Claudia Mizawak y Emilio Castrillón, desestimó la semana pasada el amparo promovido por Alasino contra la Cámara de Diputados.
El ex senador había planteado en su amparo, la inconstitucionalidad del Reglamento de la Cámara baja que disponía el pase de la denuncia contra Chiara Díaz a la Comisión de Asuntos Constitucionales, sosteniendo que el tema debía ser tratado por una comisión especial de investigación y no una permanente del cuerpo.
El tribunal, aunque a diferencia de la jueza de primera instancia, admitió la legitimación del Alasino para promover el amparo, pero rechazó por unanimidad tal postura.
Entre otros argumentos, remitiendo a la sesión de la Convención Constituyente entrerriana de 1933, en la cual los convencionales de entonces, sin disidencia, y en forma expresa, aceptaron que el juicio político se tramitara a través de una comisión permanente designada por la Cámara.
Alasino peticionaba además la “inconstitucionalidad del procedimiento”. Petición que también fue rechazada pues la inconstitucionalidad sólo puede ser planteada respecto de normas generales y no de un “procedimiento”.
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político, Poderes, Peticiones y Reglamento la integran por el Frente para la Victoria Diego Lara (presidente), Rosario Romero (secretaria), Pedro Báez, Juan José Bahillo, Marcelo Bisogni, Gustavo Guzmán y Angel Vázquez. Por Cambiemos Gabriela Lena, Jorge Monge, María Alejandra Viola y Esteban Vitor. Por el Frente Renovador, Gustavo Zavallo.
