Impulsada por la Secretaría de Modernización, a cargo de Emanuel Gainza, la Ley de Transformación e Innovación Digital ya cuenta con dictamen que podría ser debatido en la sesión de este miércoles de la Cámara de Diputados.
Este martes, la comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, que preside la diputada Susana Pérez, dio por descartada la posibilidad del acuerdo entre las distintas bancadas: “Evidentemente no vamos a llegar a un consenso. La decisión está tomada”, expresó la legisladora del oficialismo, según la crónica de AimDigital.
En ese marco, desde la bancada del peronismo se cuestionó la decisión oficialista y se objetaron, entre otros puntos, los que refieren a la contemplación de excepciones al régimen de contrataciones del Estado y lo que hace a la soberanía de los datos recabados a través de distintas herramientas digitales.
El proyecto
La iniciativa plasma algunos “principios” respecto del modo en que se piensa la transformación digital. Estos son los siguientes:
Gobernanza de Datos y Principio “Una sola vez”. Promueve la reutilización de la información por parte de la administración pública para evitar que la ciudadanía deba presentar la misma documentación múltiples veces, integrando las bases de datos del Estado de forma segura y accesible.
Tecnologías Emergentes e Inteligencia Artificial: se establecen directrices para la regulación, desarrollo e investigación de la IA, robótica, Internet de las Cosas (IoT) y blockchain, fijando principios de ética, equidad, no discriminación y neutralidad tecnológica.
Modernización Contractual: incorpora un régimen de compras y contrataciones adaptado a bienes intangibles y servicios de software en la nube (SaaS), facilitando adquisiciones ágiles y trazables.
Ciudadanía e Identidad Digital: Define el domicilio y la identificación digitales para dotar de mayor certeza jurídica a las notificaciones y tramitaciones, garantizando la accesibilidad universal, la inclusión digital y la protección de datos personales.
Patrimonio y Archivo Digital: Regula la conservación, custodia y acceso durable a la memoria digital y los activos informacionales del sector público provincial.
La Secretaría de Modernización es indicada en el proyecto como organismo de aplicación de la ley.
La norma alcanza a los tres poderes del Estado provincial y sus organismos descentralizados, e invita a la adhesión de municipios y comunas.
Con despacho propio
Ante la decisión del oficialismo de no modificar la redacción original, el peronismo llevaría al recinto un dictamen por minoría.
Entre otros legisladores, tomaron la palabra en comisión la presidenta de la bancada, Laura Stratta: “Si ustedes quieren hacer una modificación a la Ley de Contrataciones del Estado y no construir de verdad un Estado moderno, eficiente y profesionalizado, sigan con este dictamen”, criticó la diputada.
Planteó además su preocupación por la falta de claridad acerca de la “soberanía de los datos” recabados con las herramientas digitales contempladas en el marco de la ley.
UPCN, por su parte, había planteado un advertencia acerca del impacto de la puesta en vigencia de la ley en los derechos y las condiciones de trabajo de los empleados del Estado. Ante esto, se planteó una nueva redacción que no terminó por conformar al gremio.
Se consigna, textualmente en el proyecto, que “La implementación de la presente Ley no afecta los derechos y garantías de los trabajadores provinciales. El Estado provincial garantiza la capacitación y provisión de las herramientas necesarias para las transformaciones alcanzadas de los procesos de transformación digital”.
Fuente: Página Política
