La tensión que se vivió hace unos días en las cárceles entrerrianas generó preocupación más allá del Gobierno y, esta vez, organismos de derechos humanos de la provincia pidieron al Ministerio de Gobierno que informe sobre el estado de situación de los internos y cómo se están aplicando los protocolos sanitarios en el marco de la pandemia por el coronavirus.
En la nota dirigida a la ministra Rosario Romero, los organismos señalaron que el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura –cuya instrumentación en la provincia se encuentra en stand-by– se contactado con funcionarios y magistrados nacionales para “hacer llegar sus recomendaciones, pedir informes y brindar colaboración para el tratamiento de la pandemia en los lugares de encierro” y, en ese marco, extendieron el planteo al ámbito provincial y aportaron algunas recomendaciones.
Los organismos de derechos humanos reaccionaron luego de los episodios de tensión que se vivieron las cárceles de Paraná y Concepción del Uruguay, y que motivaron la intervención de los abogados Rubén Pagliotto y Miguel Ángel Cullen, una inspección en los lugares de detención y el posterior fallo del juez Pablo Barbirotto instando a que se activen los protocolos sanitarios dentro de las unidades penales de la provincia.
En primer lugar, pidieron datos sobre la cantidad de personas detenidas en cada unidad penal de la provincia y cuántas integran los denominados “grupos de riesgo”, a fin de que se puedan articular medidas para preservar el derecho a la salud y a la vida.
Asimismo, pidieron conocer cuáles son los protocolos preventivos que se han activado en las distintas unidades penales para evitar el contagio de las personas privadas de la libertad, como también de los agentes del Servicio Penitenciario, y si se ha previsto la provisión de los elementos de higiene personal para el desarrollo de sus tareas.
Del mismo modo, solicitaron que se les indique a los familiares de las personas privadas de la libertad cómo hacerles llegar alimentos, elementos de higiene personal y de limpieza, junto con las recomendaciones del Ministerio de Salud para disminuir el riesgo de contagio.
También plantearon la necesidad de que se garantice una fluida comunicación entre las personas privadas de la libertad y sus familiares, para lo cual solicitaron que se les permita utilizar teléfonos celulares dentro de las unidades penales o que se puedan habilitar nuevas líneas telefónicas gratuitas.
Por último, y en el marco de las medidas adoptadas en torno al cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno nacional, pidieron informes sobre el protocolo de actuación policial en los operativos de control de cumplimiento de la cuarentena: cuántas personas fueron detenidas en ese marco y dónde son alojadas.
