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Piden a Bordet que frene “el alarmante crecimiento” de la violencia institucional

La Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos (Rodher) dirigió una nota al Gobernador. Denuncian tortura y malos tratos en las cárceles, apremios ilegales por parte de la Policía, casos de gatillo fácil y reclaman la implementación del Mecanismo de Prevención de la Tortura.
Por: Redacción de Página Política

En una nota dirigida al gobernador Gustavo Bordet, la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos (Rodher) pidió al titular del Ejecutivo que frene “la escalada de violencia institucional que vivimos hoy en Entre Ríos”.

“A 38 años del retorno a la democracia consideramos necesario hacer un repaso de algunas de las deudas pendientes que tiene el Estado Provincial en esta materia e instar, a usted y a todos y todas los y las funcionarios y funcionarias de los tres poderes del Gobierno, a que se comprometan realmente en la promoción y protección de los derechos humanos”, se afirma en el documento presentado al mandatario provincial.

Para el Rodher “la seguridad pública ciudadana, como deber primario del Estado, no sólo importa en relación a la prevención de hechos delictivos sino también en proteger la vida, garantizar la integridad física y desalentar discursos y prácticas violentas”. En este sentido se apuntó la necesidad de “promover un sistema de seguridad democrático que respete los estándares mínimo de derechos humanos: que el sistema carcelario tenga como objetivo primario la readaptación social de las personas privadas de su libertad, que los agentes policiales y penitenciarios sean constantemente capacitados en derechos humanos, que se creen reglamentos y protocolos de actuación claros para guiar el accionar policial profesional que tienda a reducir los riesgos, proteger los derechos fundamentales de las personas involucradas, prevenir y evitar intervenciones violentas abusivas”.

El Rodher denuncia que “en ninguno de estos puntos, el gobierno provincial tiene una intervención activa, ya sea por omisión, impericia o aquiescencia y, por decantación, se genera la reproducción de prácticas violentas en los cuerpos policiales y penitenciarios”.

Se mencionan, a modo de ejemplo, los casos de Iván Pérez y Gabriel Gusmán, víctimas de gatillo fácil. “Distintos funcionarios policiales con cargos en la fuerza policial admitieron en investigaciones judiciales que la Policía de Entre Ríos no recibe entrenamiento ni capacitación en manejo de armas de fuego, lo que es de una gravedad institucional sin precedentes y de lo cual ningún funcionario público ni legislador provincial ni poder del Estado solicitó informe sobre ello a la autoridad correspondiente ni ninguna otra acción que dé cuenta de la gravedad que esta realidad implica, al pretender justificar corporativamente la muerte de dos jóvenes en nuestra provincia por balas policiales”, se advirtió.

Se remarcó que “la inacción o aquiescencia” ante la violencia institucional “expone no sólo a ciudadanos y ciudadanas a la escalada de violencia estatal, sino también a las y los propios agentes de las fuerzas de seguridad, a quienes se termina por educar y empujar hacia la violencia, ejecutando delitos por los que tarde o temprano serán juzgados”.

Se reclamó, en este sentido, por la falta de instrumentación en Entre Ríos de la Ley Nº 10.563 de creación del Mecanismo de Prevención de la Tortura que hasta ahora “es una formalidad sin contenido ni acciones”. La norma contemplaba, entre otras funciones, el monitoreo, control y seguimiento de los lugares donde se encuentran personas en situaciones de encierro, así como también diseñar y recomendar acciones y políticas para la prevención de la tortura, y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y promover la aplicación de sus directivas, recomendaciones, estándares y criterios de actuación por las autoridades competentes a nivel provincial y municipal. Para su creación es necesaria la conformación de la Comisión Bicameral de Derechos Humanos y se cuestionó en este sentido, la falta de respuestas de la Legislatura a los reclamos de los organismos asi como también propuestas de “desfinanciamiento” de la herramienta previendo la integración ad honorem de sus miembros.

Se pidió además la derogación del Código de Contravenciones de 1952 que otorga facultades discrecionales a la Policía que “en estos días nuevamente queda bajo sospecha con el caso de José Luis González, quién luego de haber sido aprehendido por averiguación de antecedentes (por código contravencional) el día 17 de diciembre pasado denunció ante la Defensoría Pública hostigamiento por parte de los funcionarios policiales de la comisaría octava de Paraná, desapareciendo ni más ni menos que el paradigmático día 19 de diciembre y cuyo cuerpo fue encontrado el 21 del mismo mes, es decir mientras en la plaza 20 de diciembre conmemoramos las muertes en manos de la Policía de Entre Ríos de Romina Ituraín, Eloisa Paniagua y José Daniel Rodríguez”.

“Es dable señalar que la detención de González no fue notificada ni a la justicia, ni a la defensoría, ni a fiscalía. Es decir estamos en presencia de un posible caso de desaparición forzada seguida de muerte en manos de la policía de Entre Ríos, lo que de confirmarse sería de una gravedad institucional escandalosa”, advirtió el Rodher que también hizo reclamos a la Justicia por eludir controles.

Además, se puso el acento sobre la situación de las cárceles en las que “se han incrementado las muertes de personas detenidas, se persiste en la tortura y los malos tratos, muchas veces producidos por quienes deben velar por su seguridad y bienestar, simultáneamente el aumento de la población carcelaria causando la sobrepoblación y el hacinamiento, esto bajo un contexto mucho más complejo producto de la pandemia por el covid-19”. Se impugnó, nuevamente, también, que se sostenga la rutina de detenciones en las comisarías, tras lo cual se recordó el caso de Erik Valdez encontrado sin vida en una repartición policial de Concordia.

El texto advierte además la falta de respuestas por parte del Ministerio de Gobierno, el Ministerio Público Fiscal y se recordaron también reclamos ante el Ministerio Público de la Defensa, área que dio respuestas para un trabajo conjunto.

La nota lleva las firmas de la Comisión Permanente de DDHH de Colón; Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Concepción del Uruguay; Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos de Entre Ríos (AFADER); Madres de Plaza de Mayo Gualeguaychú; H.I.J.O.S. Regional Paraná; H.I.J.O.S. Regional Concordia; Familiares de Detenidos Desaparecidos de Concordia; Familiares de Detenidos Desaparecidos de Concepción del Uruguay; Liga Argentina por los Derechos Humanos; Asociación de Ex Presos La Solapa de Paraná; Memoria Colectiva de Villaguay; y Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Gualeguay.

Aquí, la nota completa

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Fuente: Página Política
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