El abogado Rubén Pagliotto solicitó la renuncia del procurador general Jorge Amilcar Luciano García al endilgarle “la mayor responsabilidad en los sucesos disruptivos acaecidos todos estos días, tanto los escraches ocurridos este viernes, como haber incidido de modo dirimente en la estrategia comunicacional para reivindicar a la destituida fiscal Cecilia Andrea Goyeneche, faltando a la verdad, tergiversando la realidad de los hechos y sembrar enorme confusión en la ciudadanía al ocultar cuidadosamente la realidad de los motivos que dieron lugar a que por mayoría el Honorable Jurado de Enjuiciamiento dispusiera la destitución de la procuradora adjunta”.
Pagliotto fue, precisamente, quien denunció a la doctora Goyeneche y anteriormente al ex gobernador Sergio Urribarri, condenado a ocho años de prisión en abril pasado.
“Frente a los incalificables hechos de vandalismo y violencia patoteril de un grupo organizado de personas que propician la restitución al cargo de la procuradora Goyeneche y repudian al ex gobernador Urribarri, consistentes en haber agredido bienes públicos del municipio y escrachado con inusitada violencia a un grupo de respetados colegas que ejercen defensas de ciudadanos imputados por supuestos hechos de corrupción, correspondía que algunos de los tantos fiscales que integran el Ministerio Público Fiscal o el mismísimo procurador general procedieran a abrir de inmediato una Investigación Penal Preparatoria (IPP) tendiente a identificar personas intervinientes en los gravísimos desmadres aludidos”.
El texto difundido por Pagliotto refiere a “una intolerancia extrema y una irracionalidad preocupante. Y lo peor de todo, que muchas de esas frases son la réplica exacta de las que ha pronunciado y pronuncia a diario la destituida fiscal Goyeneche en su raid mediático de mentiras, injurias y ocultamiento de la verdad”. Y agregó: “El procurador, en este caso, con la misma inercial quietud y absoluta falta de compromiso que lo caracteriza, miró para otro lado, cerró los ojos y la boca, como que aquí no hubiese pasado nada. Seguramente que si los mismos hechos se hubieran producido en un caso de gente común, en una actitud de plagiada sobreactuación, García hubiera dado un encendido discurso achacándoles a los revoltosos un ‘desprecio por lo que comunica la norma y que excediendo el riesgo permitido, conociendo y sabiendo que despreciaban lo prohibido, pusieron en jaque la paz social y bienes públicos y privados, con lo cual se comprometía esa Procuración a iniciar las actuaciones correspondientes’”, ironizó.
Para Pagliotto, “esa falta de reflejos del procurador que más se parece a impunidad que a desidia no puede ni debe tolerarse. Al día de la fecha, de inmediato, debería iniciarse una causa penal por ostensible incumplimiento funcional al señor procurador, quien tiene posición de garante de la legalidad y por ello o debe evitar que estas cosas ocurran o bien que, ocurridas, debe de inmediato ordenar el inicio de una investigación de oficio”.
“Es por lo que no ha hecho que se le debe iniciar una causa penal en su contra y, a la par, ante la absoluta pérdida de autoridad y confianza de los ciudadanos en su figura institucional, debería presentar su renuncia, contribuyendo con ello a restaurar el orden alterado y la institucionalidad perdida”, sostuvo el abogado.
Más adelante acusó a García, a quien ya denunció en el jury pero el planteo fue rechazado, de haber “permitido, al menos tácitamente, que dependientes de su organismo, raíz de la destitución de Cecilia Goyeneche, hagan declaraciones que exorbitan las propias de un integrante del Ministerio Público Fiscal o que otros porten carteles con acusaciones injuriantes a miembros del Poder Judicial y al propio servicio de justicia; o que falten a sus trabajos para oficiar de clacke decadente de la destituida fiscal Goyeneche o firmar comunicados agresivos y calumniosos contra profesionales del foro y magistrados de la provincia”.
“En aproximación típica y a la luz de los acontecimientos revoltosos de las últimas horas y también días, acaso el procurador debió advertir y mandar a pesquisar la posible comisión del delito de alzamiento público. Esto es, alzarse sin armas con el propósito de impedir la ejecución de las leyes u órdenes (art. 230, inciso 2 del CP). Este delito importa la violación del orden constitucional y así debe considerarse a estos conatos, urdidos e ideados por gente con profundos conocimientos jurídicos, como se supone tienen los fiscales”, cuestionó.
“Es decir, tenemos por un lado estos hechos que constituirían el injusto antes referido y por el lado del procurador general, su ostensible incumplimiento de positivos deberes a su cargo”, cerró.
Fuente: Página Política
