Por Eduardo Medina (*)
Ni bien la sociedad esté distraída con algún escándalo mediático o judicial, el Senado de la provincia de Entre Ríos intentará transformar en Ley el peor proyecto de su historia, el más dañino para la sociedad y el que más muertes producirá. Con cínico eufemismo se lo ha llamado “De las buenas prácticas en materia de fitosanitarios”. Su objeto es uno y simple y se encuentra en los artículos 63 y 68: permitirles a los productores agropecuarios fumigar con sustancias tóxicas lo más cerca posible de escuelas y poblados. En concreto, a diez metros de una casa familiar y a ciento cincuenta metros de escuelas rurales. El resto del proyecto son adornos retóricos que intentan revestir de humanidad a un plan asesino.
Este proyecto tuvo media sanción en la Cámara de Diputados de Entre Ríos el pasado 23 de octubre. Se intentará por todos los medios, literalmente, que la jornada en el Senado no tenga repercusión, que no atraiga miradas. El proceso de ocultamiento seguirá luego, para transformar en un hecho burocrático, meramente administrativo, la sentencia de muerte de miles de personas que viven colindantes a áreas de explotación agrícola.
Para darle legitimidad política al proyecto, los operadores de Rogelio Frigerio establecieron tres argumentos. Por un lado, aducir que dicho proyecto fue presentado en 2022, durante la gestión de Gustavo Bordet y que, por lo tanto, solo se trataría de darle una continuidad natural, sin ninguna otra intencionalidad. Una segunda razón es referir que fue el Superior Tribunal de Justicia, a principios de año, el que ordenó legislar sobre la materia, habida cuenta de las innumerables presentaciones y superposición de recursos y fallos que hay sobre el tema. Una tercera razón, extraña, es la de señalar que la actual legislación en la materia proviene de la última dictadura cívico-militar y que, por lo tanto, merece ser modificada. Es decir, no que la ley sea vieja, sino que es de “la última dictadura”. Una contradicción, si pensamos que varios funcionarios del gobierno provincial y miles de sus votantes no se encuentran tan alejados de muchos valores que sostuvo el llamado “Proceso de Reorganización Nacional”.
¿Por qué legisladores de todo el arco político provincial se prestarían a aprobar una ley que causa muerte en la población que, en definitiva, fue la que los votó? Podríamos responder de dos maneras a esta pregunta inicial: los legisladores votan y apoyan esta ley por ignorancia en algunos casos, y por intereses económicos en algunos otros. Esta instancia de la política local, desde luego, esconde innumerables vericuetos, acuerdos non sanctos, callejones institucionales sin salida y poderes que operan al borde de la legalidad, en las sombras, despojados de toda ética.
La ignorancia viene de la mano de actores políticos que hace tiempo están alejados de la gente de a pie, que no llegan a esas bancas como legítimos representantes de bases populares, sino por acuerdos superestructurales, en donde el dinero que cuesta una campaña es el eje de los debates, y de todos los males. Pero, también, viene de la mano de la banalización de la política, de la falta de idoneidad para acceder a ciertas funciones y de la incapacidad que tiene la mayoría de la clase política para pensar la representación hoy en día. Porque, a decir verdad, para la actividad política hay que prepararse intelectual y, si es posible, moralmente. Basta ver la actividad legislativa de nuestros senadores y diputados para darse cuenta de que, salvo quienes vienen siendo reelegidos, mayormente se trata de improvisados, amateurs en muchos casos, tal cual como le sucede a la Libertad Avanza hoy en día en el Congreso Nacional. Por lo general, no se buscan o recogen problemáticas sociales de nuestra provincia para subsanar mediante proyectos razonados y consensuados, sino que, como en este caso, todo lo contario. Prestar un manso consenso para negociados que ellos mismos no entienden, que dañan la salud de la población y destruyen el medio ambiente.
Por supuesto, los intereses económicos mueven toda la maquinaria. En este caso específico, el lobby realizado por la industria internacional de los agrotóxicos para la matanza de personas, vegetales y animales es de los más fuertes que se haya visto en nuestra provincia. Se trata de más de veinte años de un trabajo intenso y maniqueo. Son los que han impuesto como verdad en los productores agropecuarios locales la necesaria aplicación de estos productos para un “mejor rinde”. Más tarde, y sin buscarlo, la militancia en contra de estas prácticas hizo el resto, pues abroqueló moral, ideológica y políticamente a dichos productores en función de la defensa de su cuestionada actividad. Dicho sea de paso, ese lobby se extiende a ámbitos académicos de la región, en donde, por ejemplo, las facultades de agronomía, a través de representantes locales, están influenciadas por estas multinacionales, que financian proyectos, actividades y otorgan oportunidades laborales a los futuros profesionales.
Son los técnicos que luego, en este tipo de debates, le ponen un matiz científico a la brutalidad. El llamado “Conflicto del campo” en 2008 le permitió a todo este sector la articulación y la camaradería necesaria para sostenerse y no claudicar, pero dicha exposición también sembró la duda en parte de la población sobre lo bueno o no de sus prácticas. Los alarmantes números de casos de cáncer en Entre Ríos han disparado cada vez más sospechas, pues la ciudadanía percibe que, entre sí, a partir de experiencias cercanas, dolorosas, dramáticas, hay algo que está mal. Solo la desinformación y la actual imposibilidad científica de establecer lazos perceptibles entre las fumigaciones y el cáncer preservan a estos sectores del completo rechazo social.
¿Por qué será que sobre este tema se escucha tan poco en medios de comunicación tradicionales o redes sociales? ¿Será porque al final de muchos programas de televisión aparece una placa que dice “Bayer” o “Monsanto”? ¿Será que los lobbistas de estas empresas financian campañas electorales de todos los partidos y por eso hay consenso en guardar silencio y apoyar leyes criminales? ¿Cuánto de este dinero será el que aparece en los casos de corrupción en el que solo se hace foco en el actor político y no en el empresario que coimea? ¿Por qué la Iglesia católica tampoco habla del tema? ¿Por qué durante años la Justicia entrerriana rechazó o desestimó planteos o recursos en contra de las fumigaciones? ¿Qué actores de la Justicia o la política están “condicionados” directa o indirectamente por estas multinacionales? Para esta última pregunta, en las semanas que siguen, tendremos algunas respuestas, simplemente observando a quienes levanten la mano y a quienes guarden silencio.
El lobby más fuerte no es el que saca una ley, sino el que saca una ley y nadie se da cuenta que fue en su propio beneficio.Si bien en nuestra provincia El Once TV le dio cobertura crítica al tema luego de ser aprobado en la Cámara de Diputados, incluso dedicándole un espacio en su programa “El Ventilador”, para el resto de los medios pasó casi inadvertido. Fue “una actividad legislativa más”. Pero la noticia es relevante, pues la sección “Campo” del diario La Nación le dio una cobertura en función de sus intereses y con una relativa proyección nacional. En esa nota de La Nación del 25 de octubre, levantaron declaraciones de un dirigente de FARER presente en la sesión de diputados, que sin vueltas declaró la necesidad imperiosa de poder producir en todo el territorio provincial disponible.
En estas últimas semanas, el diputado Juan Manuel Rossi (JxER) salió a escena para tratar de apurar la aprobación en el Senado. Se lo planteó a quien preside ese espacio, la Vicegobernadora Alicia Aluani. Rossi afirma que la norma brinda previsibilidad y favorece el trabajo y el arraigo rural. Lo cierto es que la norma es un permiso de fumigación, no un marco de previsibilidad. En cuanto a fuentes de trabajo, los indicadores del sector no son los mejores en las últimas décadas, pues las nuevas maquinarias y la incorporación de tecnologías en este rubro han reducido drásticamente el trabajo rural (y agreguemos que parte de ese trabajo que subsiste está en negro y mal pago). Con respecto al “arraigo rural”, justo con esta norma, no sería lo más saludable para ninguna familia.
Quien sí respaldó este proyecto con convicciones y carácter fue Juan José Bahillo. Señalado con beneplácito en la gestión de Alberto Fernández como “de buena relación con el campo” y nombrado en su momento como Secretario de Agricultura de la Nación. El 23 de octubre fue una gran jornada para él. Además de la media sanción a esta lamentable ley, metió otro pleno, un proyecto sobre biocombustibles. Demás está decir que ambos proyectos están asociados y responden a los mismos sectores e intereses.
Para Bahillo, el proyecto de “Fitosanitarios” era un trámite más, que no merecía demasiada valoración, pero las legisladoras del peronismo se rehusaron a acompañarlo y lo dejaron en una posición incómoda frente a sus amigos. Aunque el bloque quedó resentido, con lógica y algo de presión, Bahillo logró consensuar que al menos las diputadas reticentes no fundamenten su rechazo. No se diga más. A su momento, Laura Stratta tomó el micrófono y sólo afirmó que ella y sus compañeras no iban a acompañar el proyecto. Sorprende de alguien que construye una imagen de persona con convicciones adoptar ese triste papel, como también sorprende de Stefania Cora, quien, por la estructura nacional que la respalda, debió haber sido la más vehemente en el rechazo. El peronismo new age. No sorprende que Mariel Ávila haya faltado, pues Gustavo Bordet cuida su imagen en todos los frentes. Este proyecto no le debe haber resultado ajeno al ex gobernador, pues surgió durante su mandato y es más que seguro que haya tenido su beneplácito.
Muy por el contrario, la diputada de Gualeguaychú, Lorena Arrozogaray, sí actuó con responsabilidad y se expresó sobre el hecho en declaraciones posteriores a la sesión. Proviene de una ciudad atravesada y movilizada por la cuestión ambiental desde hace muchos años. Arrozogaray dijo “es preocupante que se avance con una legislación que parece priorizar intereses económicos por sobre la vida y el ambiente, dejando a nuestra gente expuesta a riesgos innecesarios”. Esas declaraciones no le salieron baratas. Unos días después vino el “correctivo”. ¿Fuego amigo? Un importante medio de la provincia, que se jacta de su rigor investigativo y su ética periodística, expuso frívolamente una imagen de la diputada de Gualeguaychú en una actividad privada, sugiriendo con la noticia algún tipo de inmoralidad o falta de rectitud. Changuitas periodísticas en tiempos de motosierra y una muestra de la retorcida sofisticación con la que operan estos poderes.
¿Tendrá la UCR algún tipo de voz o capacidad de representación dentro del gobierno provincial para disuadir a Frigerio de esta salvajada que quiere implementar? ¿Y el bloque del PJ en el Senado? Posee la mayoría ¿Tendrá algún legislador peronista en su fuero interno al menos una partícula de eso que antaño se llamaba en el ámbito de la militancia “convicciones”? Muchas, demasiadas preguntas para un escrito de estas características.
En el fondo de este problema está la autenticidad de la política, su verdadero valor, y la capacidad de sus actores, legisladores en este caso, por representar intereses. La cuestión ética y filosófica que se impone es si representan al pueblo que los vota o a las corporaciones que los financian. Pero, para nuestro caso puntual, porque el tiempo apremia, la pregunta sería más práctica y al hueso: ¿en serio van a votar a favor de un proyecto que enferma y mata a otros seres humanos?
(*) Politólogo FTS-UNER
Fuente: Página Política
